El Gobierno se juega la duración de su mandato en la tramitación de los PGE.

La aprobación, o no, de los Presupuestos para 2019 impulsados por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez se ha convertido en la clave del desempeño de la economía española el año próximo, en el decantador que puede mantener nuestro país en el podio europeo o camuflarnos en la tónica de desaceleración general, en el mecanismo que puede devolvernos a la inestabilidad política o acendrarnos en esa singular supervivencia a la desaceleración que, contra todo pronóstico, mantiene nuestra economía en los últimos meses.

Porque de ellos depende que se dé, o no, un adelanto electoral; que se puedan aplicar, o no, determinadas políticas sociales; que se puedan apaciguar, o no, las demandas autonómicas; que, en último extremo, se convoquen, o no, unas generales.

Y ese rol determinante de los Presupuestos no es el cotidiano, por más que las Cuentas Públicas supongan la mayor expresión de la política económica de un Ejecutivo, sino que deriva de que durante su tramitación y negociación aglutinarán y medirán todas las aristas del horizonte político y económico que espera a España el año que viene, tanto interna como externamente, con especial foco en el conflicto independentista.

No es solo la relación con Bruselas, o las transacciones con los partidos que hayan de apoyarlos; es también la senda de déficit a la que apunten o que su tramitación obligue o no a adoptar medidas vía ley ómnibus o decretazos varios. Es decir, el impulso a la ley presupuestaria medirá las fuerzas políticas del país, su estabilidad en la acción de Gobierno y la capacidad de sostener la hoja de ruta económica de un Ejecutivo en minoría que, por el momento, no ha encajado duros golpes de los mercados ni las instituciones supranacionales, pero que si no reedita mayorías como la de la moción de censura tendrá muy difícil aplicar una estrategia sostenida frente a la desaceleración económica, que apunta incluso a una recesión, según los expertos.

Además de capear con la inevitable moderación del crecimiento que muchos analistas anticipan para España y la economía mundial, 2019 vendrá marcado por ser un año electoral en el que el Ejecutivo español irá midiendo sus fuerzas a golpe de encuestas y de la especulación sobre en qué medida los malos resultados del PSOE en Andalucía se pueden trasladar a otros comicios.

El 26 de mayo, con las autonómicas, municipales y europeas, será un momento clave. Los datos económicos ya podrían comenzar a dar señales de debilidad, después de la inestabilidad que ha mostrado la bolsa en diciembre y tras los crecientes vaticinios de recesión en los próximos semestres. La alternativa de convertir esa fecha en un ‘superdomingo’  -que desveló como opción viable hace unas semanas el ministro José Luis Ábalos- en el que también se eligieran los representantes del Congreso y el Senado español parece descartada, al menos por el momento.

Aunque técnicamente la cita podría celebrarse, la coincidencia de campañas podría crear confusión y, además, se correría el riesgo de adulterar el resultado, dicen los analistas consultados por elEconomista. Ese ‘superdomingo’ era una de las opciones con las que se había especulado que el presidente podría trabajar, pero tras las andaluzas del 2-D, que expulsan a los socialistas de la Junta tras casi cuatro décadas, ha perdido puntos ante la necesidad de ganar tiempo y recuperar votos.

El Ejecutivo, públicamente, relaciona la convocatoria de elecciones con la aprobación de los Presupuestos. Sánchez se ha comprometido a presentarlos en enero y venía insistiendo en que, de no conseguirlos, lo lógico sería convocar elecciones, aunque su foco sigue en agotar la legislatura, lo que pospondría la cita electoral a 2020. Así pues, está por ver si un fracaso en los Presupuestos realmente provocaría que Sánchez disolviera las Cortes y convocara las generales, pero el mensaje del presidente es una interpelación clara a los partidos independentistas catalanes, que no acaban de comprometer su apoyo a las Cuentas.

El rupturismo respaldó a Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy; un movimiento que era vendible en Cataluña. Para el PDeCat, integrado en las autonómicas catalanas de 2017 en la lista liderada por el expresidentfugado, Carles Puigdemont, era fácilmente defendible de cara a su electorado que un Gobierno socialista -aunque hubiera apoyado la activación del artículo 155, interviniendo la Administración catalana- era mejor que la continuidad del PP o una presidencia de Ciudadanos, encabezada por Albert Rivera.

Tras la irrupción en el ruedo político de Vox -que refuerza la posibilidad de que el Ejecutivo español que salga de los próximos comicios tenga una línea menos abierta a las demandas de Cataluña, ya sea vía inversión o en acercamiento y trato especial a los políticos independentistas- Sánchez presiona al rupturismo para que respalde sus Cuentas.

Y se trata de un Presupuesto que promete mayor gasto social, por lo que ayudarían al PSOE a dar visibilidad a sus políticas económicas y a reforzarse de cara a las futuras elecciones generales. De hecho, su aprobación alargaría al menos un año la posibilidad de que el PP o Cs obtuvieran suficiente respaldo para acceder a La Moncloa. El calendario de aprobación, sin embargo, chocará con otro elemento crítico para las formaciones independentistas: el juicio al anterior Govern por la organización del 1-O, que culminó en la declaración de independencia, suspendida inmediatamente después.

El Tribunal Supremo espera dar comienzo a la vista a partir de enero, y el objetivo de los partidos independentistas es lograr indultos para los políticos presos por aquellos actos, que ellos consideran un ejemplo de la libertad de expresión y la voluntad del pueblo catalán; una decisión que, de aprobarse, podría ser muy complicada de gestionar de cara a una parte de los votantes socialistas.

Con el prolegómeno de la reciente huelga de hambre de los encarcelados, se anticipa que el juicio será muy mediático y fuertemente reivindicativo por parte del rupturismo. Los exmiembros del Govern que no están fugados se enfrentan a duraderas penas de cárcel, algo que puede suponer un complejo caballo de batalla para los socialistas, que ya han movido ficha para tratar de amortiguarlas.

Contexto de desaceleración

Con esta situación política, que determina contraatacar, o no, la deriva que tome la economía, sucede además que el ciclo económico entró a finales de 2018 en un punto donde las grandes economías globales desaceleraron su crecimiento. También España, si bien en nuestro caso se ha podido cerrar el año con un dinamismo superior al de los países más fuertes de Europa. Pero el peso de la política y el escenario internacional no nos es ajeno.

La pregunta es: ¿cómo evolucionará la economía española en 2019? Una de las principales dudas es cómo afectará la retirada de estímulos por parte del Banco Central Europeo, que irá normalizando la política monetaria. Desde BBVA Research apuntan al elevado nivel de deuda pública española como una vulnerabilidad. En el mismo sentido se manifiestan los expertos del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que consideran que la principal debilidad de la economía española la constituyen el endeudamiento y el déficit público.

Por ello, los Presupuestos, incluso en caso de aprobación y mayor estabilidad política, no están exentos de transmitir riesgos económicos: «Incluyen un incremento significativo del gasto público y de los impuestos directos, si se llegan a implementar; serían un riesgo para el crecimiento de España a medio plazo» aclara el presidente del IEE, José Luis Feito.

Por su parte, Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros, dibuja tres posibles escenarios, de prácticamente imposible a posible. El peor habla de una prima de riesgo en 300 puntos, y se daría en caso de una insurrección presupuestaria de España similar a la protagonizada por Italia y recientemente rectificada por Roma.

Descartada por ilógica esa opción extrema para un Gobierno pactista, el abanico se mueve entre el escenario de llegar a una normalización política -que los Presupuestos salgan adelante ajustándose a las exigencias de Bruselas- o el menos favorable de que «la campaña de gasto indiscriminada que pretende impulsar el Gobierno agrave la situación», explica Bernal. El Ejecutivo presentará las Cuentas de 2019 en enero.

Será entonces cuando pueda vislumbrarse el perfil del curso económico, al que también afectarán recientes cambios políticos en América Latina, con nuevos actores como Andrés Manuel López Obrador en México, o Jair Bolsonaro en Brasil. Grandes bancos y firmas españolas destacados en el continente han de afrontar la incertidumbre sobre los nuevos rumbos.

Mientras, en el ángulo comercial, España está, como el resto de potencias mundiales, a merced de la pugna proteccionista del presidente estadounidense, Donald Trump, y del impacto definitivo del Brexit. Todo ello son frentes que agravan las presiones a la baja sobre un PIB que, de entrada, se prevé desacelere unas cinco décimas frente a 2018, hasta el entorno del 2,1% o el más optimista 2,3% que prevé el Gobierno, que tiene los Presupuestos aún en el aire.

Fuente: ElEconomista.es