La inusual arquitectura del rescate que el Gobierno suizo fletó hace ocho meses para socorrer a Credit Suisse supuso en su momento un terremoto en el sector financiero europeo y una debacle para muchos inversores del banco, concretamente para los tenedores de deuda perpetua con capacidad para absorber pérdidas (AT1), también denominados cocos, que de la noche a la mañana vieron como se esfumaban sus activos. El motivo fue la polémica decisión del Banco Nacional Suizo de alterar el orden de prelación de los títulos en las quiebras financieras y colocar a los tenedores de los bonos contingentes convertibles (cocos) en primera línea de fuego, mientras protegían a los accionistas con 3.000 millones de euros.
Tras el estupor inicial que causó la medida, que Suiza justificó en que el folleto de los bonos permitía esa maniobra ante un evento de viabilidad que obligase al Gobierno a apuntalar la entidad, los damnificados comenzaron a plantearse la posibilidad de impugnar la decisión en los tribunales. Un paso adelante que se ha traducido en varias demandas que se están tramitando en los tribunales helvéticos, así como en la primera presentada ante la justicia de EEUU, de carácter colectivo e impulsada por Core Capital Partners, una sociedad de gestión de activos.
La demanda, por presunto fraude a los inversores, reclama al menos 1.200 millones de dólares, y va dirigida contra Credit Suisse, varios de sus exdirectivos y la auditora PwC. En líneas generales, los abogados de Core Capital Partners niegan que en la quiebra de Credit Suisse se dieran las condiciones del evento de viabilidad que se prevé en el folleto de los cocos, dado que el banco tuvo que recibir liquidez, pero no capital.
Más allá del resultado de las demandas, la batalla que han emprendido los bonistas del banco suizo será larga y no precisamente fácil. Entre los escasos precedentes que existen figura el caso del banco holandés SNS, cuyos acreedores demandaron con éxito la expropiación por parte del Gobierno del país de bonos por valor de 700 millones de euros en 2013, pero tuvieron que aguardar ocho años para recuperar su capital más intereses.
La victoria más importante que pueden obtener los acreedores de Credit Suisse vale más que el dinero y sus beneficios van más allá de ellos mismos. El rescate de la entidad suiza lanzó un mensaje insólito y peligroso: la idea de que los reguladores pueden cambiar a capricho las reglas del juego, impulsados por intereses que aconsejen proteger la posición de accionistas estratégicos o por cualquier otra razón. Una condena judicial puede ser un aviso a navegantes y un acicate para recuperar la siempre frágil seguridad jurídica del mercado.
Fuente: Cinco Días