Las elecciones del pasado domingo apenas arrojan certeza alguna sobre los difíciles pactos que serán necesarios para formar Gobierno. Ante ese escenario, parece inevitable la apertura de un periodo de interinidad institucional que, como mínimo, se prolongará hasta noviembre, cuando la ley exigiría que se convoquen otros comicios si no hay acuerdos.

Es así muy probable que ese Ejecutivo sin plenos poderes tenga que prorrogar los Presupuestos Generales de 2023, además de negociar el cuarto tramo (10.000 millones) de las ayudas europeas NextGen y enfrentarse a la revisión del Plan de Recuperación que da acceso a 95.000 millones en créditos comunitarios (la llamada adenda).

Ahora, tras el adelanto electoral, la mera elaboración del anteproyecto de ley de esos Presupuestos se antoja imposible y, mucho más, su presentación en el Congreso a finales de septiembre o principios de octubre. No en vano resulta muy probable que no haya siquiera un presidente del Gobierno con plenos poderes investido a mediados de septiembre.

La prórroga de los Presupuestos dista de constituir una mera cuestión técnica en un contexto como el actual. Debe recordarse que, a partir de 2024, Bruselas volverá a abrir procedimientos de infracción para los países que no cumplan con las reglas fiscales comunitarias  sobre reducción de la deuda y déficit públicos. España afronta, ya desde finales de 2022, una desaceleración en su consumo interno que afecta al rendimiento de un impuesto clave como el IVA.

Es por ello factible que se necesite tomar decisiones en materia de recaudación tributaria o de gasto público que no están recogidas en las Cuentas de 2023 cuya prórroga será necesaria.

El resultado electoral siembra incertidumbres en otros segmentos. Se abre la puerta a que sea un Gobierno en funciones el responsable de negociar el cuarto pago del Plan de Recuperación.

Reforma de pensiones

Se corresponde con unos 10.000 millones vinculados a la segunda parte de la reforma de las pensiones. Una solicitud de desembolso que se esperaba para marzo, aunque el Ejecutivo español cuenta hasta finales de año para presentarlo, un camino en el que se han cruzado unas elecciones anticipadas con las que nadie contaba a principios de 2023.

Es cierto que, desde marzo, se han producido avances puesto que el Congreso ya aprobó la reforma de las pensiones pactada ya con la Comisión Europea, con capítulos como la extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la jubilación u otra alza de cotizaciones.

Ahora bien, existe un precedente que evidencia que las negociaciones de los desembolsos no siempre son fáciles tras unas elecciones nacionales. Fue después del cambio de Gobierno en Italia que la Comisión Europea decidió postergar el desembolso de 19.000 millones de euros en marzo con el objetivo de realizar una nueva evaluación de tres medidas: la reforma de las licencias comerciales para la gestión de los puertos, además de proyectos urbanos de renovación de edificios y de eficiencia energética.

Presión de Meloni

Si el Ejecutivo comunitario abrió la puerta a un pago parcial, el Gobierno de Giorgia Meloni ha venido presionando en los últimos meses para que la ejecución del pago sea íntegra, ante el temor de pérdida de credibilidad.

Además, sobre la mesa del posible Gobierno en funciones español hay más temas pendientes. Está, por un lado, la revisión del Plan de Recuperación. Conocida como la adenda, esta modificación del plan permitiría a España acceder a casi 95.000 millones de euros, el grueso de ellos en créditos en condiciones ventajosas.

Aunque oficialmente el plazo terminaba el 31 de agosto, el Gobierno de Pedro Sánchez remitió en junio la adenda del Plan de Recuperación a la Comisión Europea tras varios meses trabajando en esta modificación.

Por tanto, Bruselas cuenta ahora con dos meses para evaluar la revisión del plan, un plazo que podría verse ampliado por las vacaciones de agosto. En todo caso, parece que la puerta estaría abierta en caso de que un cambio de Gobierno propiciara una revisión adicional.

Y si hay un tema en el que Bruselas haya insistido con vehemencia es en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

La Comisión lleva meses conminando a España acerca de la necesidad de desbloquear este proceso para que sean los jueces quienes designen a los nombramientos en este organismo, en línea con los estándares europeos de buen gobierno corporativo del poder judicial.

Fuente: El Economista