El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha reclamado hoy la convocatoria de plazas de funcionarios locales con habilitación nacional para el control de las cuentas porque es necesario reforzar la función interventora como «columna vertebral» de la administración local.

Álvarez de Miranda ha comparecido hoy en el Congreso ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde ha destacado que hay «grandes deficiencias de personal» en este ámbito, por lo que el Tribunal pide medidas para asegurar una dotación suficiente de efectivos en los órganos de control internos.

Así, el Tribunal advierte de la necesidad de restringir los nombramientos accidentales, los puestos vacantes y la ocupación por interinos o por funcionarios con habilitación nacional por acumulación, de manera que se realicen solo en casos en los que no hayan podido ocuparse de manera ordinaria estos puestos.

Según su presidente, es «urgente» que se produzcan convocatorias masivas de este tipo de funcionarios, como en los años 90 y a principios del 2000, cuando hubo un volumen importante que surtió a buena parte de los ayuntamientos, y hay que volver a este sistema y no conformarse con medidas adicionales para problemas concretos.

Durante su comparecencia, sobre el Informe de Fiscalización de acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, Álvarez de Miranda ha recordado que el 83% de las entidades locales comunicaron que no se produjeron este tipo de acuerdos en los ejercicios 2014 y 2015.

Además, la práctica totalidad de Intervenciones locales, el 96 por ciento en ambos ejercicios, comunicaron que no habían existido anomalías de ingresos.

A 31 de diciembre de 2016, el Tribunal había recibido un total de 35.639 resoluciones y acuerdos contrarios a reparos, por un importe superior a 1.300 millones de euros, correspondientes al ejercicio 2014; y otros 42.529, por una cuantía global cercana a 1.900 millones, del ejercicio 2015.

El mayor número de acuerdos contrarios a reparo correspondieron a expedientes de contratación, el 44 por ciento en ambos ejercicios, aunque el mayor importe se refiere a los gastos de personal, con un 37 por ciento, en 2014, y un 28 por ciento, en 2015.

En cuanto a la causa más común de los reparos, fue la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, pero entre uno y otro ejercicio también se triplicaron los motivados por la ausencia de fiscalización de los actos que dieron origen a las órdenes de pago.

Álvarez de Miranda ha informado de que, a consecuencia de este informe, se han incoado diligencias en el caso de la Diputación provincial de Albacete y de Cáceres, y de los ayuntamientos de Almansa (Albacete) e Illescas (Toledo), por diferentes cuestiones que no ha especificado.

Entre las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para evitar estos casos, se encuentra, aparte de la dotación de personal, la de regular las funciones del órgano de intervención, así como elaborar manuales internos de procedimientos para uniformar el ejercicio del control financiero y la fiscalización previa.

Fuente: ElConfidencial.com