Los sindicatos de la Inspección laboral se alinearon ayer con el Ministerio de Trabajo para exigir conjuntamente al Ministerio de Hacienda, y en particular a la Secretaría de Estado de Función Pública, que cumpla con los compromisos pactados y apruebe una nueva relación de puestos de trabajo y active la incorporación de casi 800 efectivos más. Estos trabajadores que se sumarían a la plantilla de 3.000 efectos con los que ya cuenta la Inspección de Trabajo.
La polémica surgió este miércoles cuando el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, informó a los representantes sindicales de la Inspección laboral sobre la negativa del Ministerio de Hacienda a aprobar una nueva relación de puestos de trabajo, que supondría una reorganización del trabajo de este organismo junto con nuevos esquemas retributivos y el diseño de carreras profesionales.
Desde el entorno de Trabajo atribuyeron inmediatamente esta decisión de Hacienda a motivos políticos. De hecho, interpretaron que desde Función Pública se ha acelerado en los últimos días la resolución de problemas de personal de los ministerios de Justiciay Seguridad Social, que dependen de la parte socialista del Gobierno, mientras que ahora se niega el cumplimiento de lo acordado para la Inspección de Trabajo, que depende del ministerio de Trabajo, que es de Unidas Podemos.
De hecho, los responsables de Trabajo quedaron ayer con los sindicatos en trasladar a Función Pública el malestar del ministerio que dirige Yolanda Díaz y de los representantes de los trabajadores.
Dicho malestar ya fue adelantado ayer en la concentración que mantuvieron los sindicatos CC OO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess ante la Dirección General de la Función Pública. Donde advirtieron a Hacienda de que si no aprueba dicha relación de puestos de trabajo intensificarán las movilizaciones en junio, cuando está prevista una huelga que que podría ser indefinida a partir del 26 de junio.
El responsable de Acción Sindical de CC OO, en la Administración General del Estado, Josetxo Gandara, recordó, como ya lo hicieron desde el entorno de Trabajo este miércoles, que “no existe ninguna razón” para que el Ministerio de Hacienda no cumpla con lo pactado con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos en 2021 respecto a las mejoras en la organización de la Inspección de Trabajo y ha recordado que hay “una obligación legal” de acometerlas porque están incluidas en el Plan Estratégico del organismo y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Fuente: Cinco Días