Moncloa prepara un alza fiscal con unas cuentas públicas insostenibles. España supera el 10% de déficit y una deuda pública de más del 120%. Es el único país del entorno que sube impuestos en plena crisis. 

«Se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora». Así de contundente se mostraba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a principios del año pasado. Tanto ella como el resto del Gobierno insistían en que el alza fiscal que preparaban, de nada menos 80.000 millones de euros, lo iban a pagar las empresas y los grandes patrimonios a través de unos «nada abusivos» impuestos ecológicos -llamados verdes- y con la nueva fiscalidad a las tecnológicas, la polémica tasa Google.

Sucedió lo contrario. El grueso de medidas fiscales se centra ahora en las rentas medias y bajas para intentar cuadrar unas cuentas públicas -quebradas, o al borde de ello, según el consenso de analistas- que presentan un déficit de más del 10% -la mitad de él estructural-, con una deuda pública que supera el 120% del Producto Interior Bruto (PIB). El plan de reformas enviado a Bruselas, y que el Gobierno ha presentado varias veces sin precisar cifras, promete a Bruselas una subida histórica de los impuestos a las clases medias y trabajadoras para paliar los números rojos.

La medida más polémica, adelanta esta semana por elEconomista, es la de convertir todas las autopistas y autovías en vías de peaje. Además, el plan recoge la posibilidad de ampliar esta situación al resto de la red de carreteras española. En cuanto a los cifras, el Ejecutivo baraja cobrar un céntimo por kilómetro. El rodaje medio de los coches particulares en España se sitúa en 12.646 kilómetros al año, lo que supondría unos 126 euros anuales en peajes por vehículo.

Además, la ministra Montero anunció un «grupo de expertos» este mes para estudiar nuevas subidas fiscales. Entre ellas, estudiará la tramitación de nuevo de un impuesto a los hidrocarburos que penalice al gasóleo, según han confirmado a elEconomista fuentes cercanas al Ministerio. Montero ya intentó en los Presupuestos de este año introducir la medida, que finalmente no se aprobó tras las negociaciones con sus socios. El resto de impuestos medioambientales han fracasado y la recaudación apenas llegará a los 313 millones de euros, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El Gobierno aseguró una recaudación de 1.311 millones de euros.

Dentro de las novedades, el documento refleja el interés del Gobierno por eliminar varios beneficios fiscales a los contribuyentes. En concreto, el plan subraya que «se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados, o si deben revisarse. Asimismo, deben analizarse en profundidad las figuras tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico, y avanzar en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes».

El Gobierno apunta así al último informe de la AIReF. La segunda fase del Spending Review analiza 13 beneficios fiscales. El Plan enviado a Bruselas destaca «la evaluación el coste de oportunidad que suponen los beneficios fiscales en términos recaudatorios y la importancia de garantizar que cumplen de forma eficaz el objetivo para el que fueron creados». Las 13 propuestas de la AIReF sumarían una subida fiscal de 34.248 millones de euros. La más polémica está recogida en el Anexo 28 del documento. «Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio», dice.

Las alzas

IRPF. En los planes de pensiones individuales, el importe desgravable de la base imponible del IRPF baja de 8.000 euros a 2.000 euros.  Eliminación de la tributación conjunta. La medida impactaría de lleno en los pensionistas. En un ejemplo para una pareja de jubilados con una pensión de 18.000 euros, la desaparición de la declaración conjunta cuesta 1.034,5 euros al año.

Sucesiones. Castigo a los pactos sucesorios (herencias en vida), Sucesiones y a Patrimonio en la ley antifraude.

Peajes. El Gobierno se compromete con la UE a cobrar en autovías para financiarlas. Estudia implantar peajes en toda la red de carreteras con un importe de un céntimo el kilómetro.

Diésel. Regreso a una subida del impuesto a los hidrocarburos para penalizar el uso del diesel. Montero ya intentó en los Presupuestos de este año introducir la medida.

IVA. El IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas sube del 10 % al 21 %, con el incremento, el Gobierno tiene previsto recaudar 340 millones este año y justifica la medida para «favorecer hábitos más saludables».

Fuente: ElEconomista.es