El impuesto especial que gravará de forma temporal a las grandes empresas del sector energético y el sector bancario, y con el que el Gobierno aspira a recaudar 7.000 millones en dos años, carece de fundamentos y motivos para su puesta en marcha. Así lo cree, al menos, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, quien asegura que no hay razones “mínimamente consistentes” para asegurar que los elevados beneficios de estas compañías sean extraordinarios. En paralelo, De la Fuente asegura que habría otros sectores, como la industria, las telecos, el comercio o la hostelería, que estarían “claramente” por delante a la hora de obtener rendimientos más elevados de lo habitual.

La principal razón de Fedea para cargar contra el impuesto temporal, según detalla la fundación en un informe publicado ayer, es que “no se ofrecen razones mínimamente consistentes para apoyar la tesis de que los nuevos gravámenes no son exacciones arbitrarias sino contribuciones bien proporcionadas en algún sentido”. En esencia, desarrolla De la Fuente, el único argumento que se aporta es que los grandes bancos y energéticas tienen ya “muchos beneficios” (unos 20.000 millones en 2021 en el primer caso y 9.000 millones en el segundo), junto con la suposición, “poco argumentada”, de que es probable que estos tiendan a aumentar.

Sin embargo, el volumen total de beneficios no permite afirmar que estos sean o no “excesivos” o, al menos, atípicos. Así, “si los ponemos en relación con el capital invertido, calculando la rentabilidad sobre recursos propios, vemos que ni los bancos ni las energéticas están entre los sectores más rentables en 2021”.

De hecho, en el caso de justificar una tasa temporal para ayudar a financiar el gasto público asociado a la crisis inflacionista, “claramente por delante están la industria, el comercio y la hostelería, con rentabilidades en torno a dos puntos superiores, y más lejos aún el sector de información y comunicaciones, cuya rentabilidad más que duplica la de los sectores bancario y energético”.

Según los cálculos de Fedea, la rentabilidad media sobre recursos propios rondaría el 6% en banca y sector energético, mientras que avanzaría al entorno del 8% en industria, comercio y hostelería y ascendería a más del 12% en el caso del sector de la información y la comunicación.

Cabe recordar que para lograr esta recaudación extra el Ejecutivo ha diseñado dos tributos. El que afecta al sector energético contará con un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios anual de las compañías que facturen más de 1.000 millones de euros anuales, mientras que el que se circunscribe a la banca dispondrá de un tipo del 4,8% que afectará a las comisiones e intereses de las entidades que entre ambos conceptos alcancen los 800 millones.

Por todo ello, el economista cree que si la proposición de ley presentada a finales de julio se aprueba sin cambios de calado y supera los “seguros recursos judiciales a los que dará lugar”, se sentará un precedente “muy preocupante” que permitiría a cualquier mayoría de gobierno asignar a dedo a sectores específicos cargas o exacciones de cuantía muy significativa. A su vez, se interferiría el libre funcionamiento de empresas y mercados para intentar prefijar por ley el reparto efectivo de la carga de un impuesto.

El director de Fedea también carga contra la postura de los partidos del Gobierno, a la que califica como «altamente inconsistente». Si los nuevos gravámenes se conciben como una forma de extraer parte de los beneficios extraordinarios generados por la inflación para financiar políticas redistributivas, plantea De la Fuente, «¿no tendría más sentido gravar tales beneficios directamente, una vez se hayan materializado y en cualquier sector en el que lo hagan, en vez de construir una burda aproximación a esta magnitud mediante un gravamen sobre los ingresos (o parte de ellos) de dos sectores específicos elegidos a ojo?».

Fuente: Cinco Días