El Gobierno envía al Congreso los tributos digital y financiero que buscan recaudar 2.050 millones al año pero tardarán meses en validarse.

Desde su nombramiento como responsable del Ministerio de Hacienda, el pasado junio, María Jesús Montero viene defendiendo la necesidad de implantar en España una “fiscalidad del siglo XXI” que dé respuesta a los nuevos modelos de negocio que han ido escapando a los esquemas tradicionales de gravamen. El Gobierno dio un paso pionero en este sentido el viernes al aprobar los proyectos de ley de los nuevos impuestos sobre las transacciones financieras (tasa Tobin) y determinados servicios digitales (tasa Google). El Ejecutivo confía en lograr recabar con ellos 2.050 millones de euros en un año, lo que equivale a un 36% de la recaudación prevista con su reforma fiscal.

En concreto, la idea es ingresar 1.200 millones con el tributo financiero y 850 con la tasa digital. “Es una estimación prudente”, aseveró el viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá, alegando que el Ejecutivo del PP llegó a calcular que la tasa Google arrojaría 1.500 millones al año.

La recaudación final que lograrán estas tasas en 2019 está por ver, sin embargo, por varios factores. De un lado, recordaban los expertos de Funcas el jueves, porque siempre es difícil estimar los ingresos potenciales que pueden conseguirse con nuevas figuras tributarias. Máxime la digital, que si bien toda la UE estudia implantar, aún no ha impulsado ningún país comunitario.

De otra parte, porque aún en el caso de que el Gobierno logre reunir los apoyos suficientes como para sacarlos adelante, a los proyectos les espera una ardua tramitación que promete retrasar su entrada en vigor. Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo socialista solo tiene 84 diputados y que PP o Cs vienen torpedeando buena parte de su iniciativa legislativa desde la Mesa del Congreso de los Diputados y desde el control mayoritario del Senado.

En el mejor de los casos, los impuestos tardarán meses en lograr el visto bueno final de la Cámara Baja y de ahí, según figuraba en el articulado original de los anteproyectos, deberán pasar tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta que comiencen a operar. Una proyección optimista, basada en que los tributos puedan funcionar durante la segunda mitad de año, indica que su recaudación sería la mitad de la esperada: de unos 1.000 millones.

La más ambiciosa de las nuevas tasas es el impuesto sobre servicios digitales, que gravará al 3% las operaciones de publicidad en línea dirigida a internautas en función de sus gustos; los servicios de intermediación digital entre empresas y consumidores y la venta de datos de usuarios. El tributo solo operará sobre compañías con un importe neto de cifra de negocios que supere los 750 millones a nivel mundial y siempre que ingresen más de tres millones en España por sus negocios digitales.

Aunque el Gobierno presentó esta medida hace meses y sus detalles eran ya conocidos, el texto que aprobó el viernes el Consejo de Ministros contiene una novedad. Como resultado de las alegaciones recibidas por las firmas interesadas durante el periodo de audiencia pública al que han estado sometidos los textos, Hacienda ha eximido finalmente del pago los servicios financieros de la banca, la oferta de contenidos o las prestaciones entre entidades de un mismo grupo (o participadas al 100%). Así, por ejemplo, que una tienda online de ropa comparta datos de un cliente con otra del mismo grupo no se gravará. Los empresarios aguardan a la letra pequeña del texto final para conocer el alcance de esta nueva tasa.

A su vez, la tasa sobre las transacciones financieras, a ejemplo de la gala, establecerá un gravamen del 0,2% sobre la compra de acciones de las compañías españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. El impuesto afectará solo a las operaciones netas intradía, es decir, que vender y recomprar 100 veces la misma acción durante una jornada no tendrá coste tributario. Este hecho dejará libres de carga fiscal a buena parte de los movimientos especulativos. Además, quedan exentas las operaciones de salida a Bolsa; las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado; las de reestructuración empresarial; las que se hagan dentro de un mismo grupo o de cesión temporal.

Los dos nuevos impuestos, junto al plan de medidas antifraude que busca recaudar 828 millones más, suponen la mitad de la artillería fiscal que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha incluido en su reforma tributaria. El resto de medidas, hasta sumar una recaudación conjunta de 5.654 millones de euros, va incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019.

La razón es que los nuevos impuestos no pueden incluirse en las cuentas, en las que solo se permite modificar figuras ya existentes. Hacienda aspira a elevar la recaudación en 20.000 millones este año, un 9,5% más, gracias a la mejora de la economía, a la citada reforma fiscal y al mes extra de IVA pendiente de liquidar por el nuevo sistema inmediato de información (SII).

En paralelo, el Gobierno aprobó el viernes una inversión en seguridad de 850 millones en siete años para mejoras en comisarías o cuarteles.

Fuente: Cincodías.com