La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha pronunciado en el Consejo General de Economistas sobre el sistema de pensiones español y su futuro. En referencia a la separación de fuentes de financiación de las prestaciones, la navarra ha señalado que quieren culminar ese proceso para homologar al sistema español con Alemania o Francia, donde se financia hasta un tercio del gasto en pensiones mediante el traspaso de impuestos. «Avanzamos hacia una progresiva homologación con los sistemas del entorno», ha explicado, en referencia a Francia y Alemania. «Nuestra intención es culminar este proceso con la separación de fuentes con la asunción plena de todos los gastos impropios del sistema y alcanzar ese equilibrio», ha explicado. Varios expertos consultados calculan que los créditos a coste cero concedidos por el Tesoro ya financian algo más del 20% del desembolso anual en pensiones.

La separación de fuentes de financiación es una de las máximas que defiende el Pacto de Toledo, la comisión permanente del Congreso de los Diputados representada por todos los grupos políticos. Esta medida supone que las prestaciones contributivas se financien con las cotizaciones a la Seguridad Social de empresarios y trabajadores, mientras que las prestaciones no contributivas, los gastos sanitarios y asistenciales se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado, vía impuestos generales.

Esta diferenciación se está convirtiendo en una partida presupuestaria especialmente relevante los últimos cursos. Los créditos (o deuda) que concede el Tesoro a la Seguridad Social han pasado de suponer el 0,6% del PIB en 2010 a representar ya el 3% del PIB en 2023. Financian el coste de las pensiones de los funcionarios de las Clases Pasivas, que crecerá durante las próximas décadas por el mayor número de jubilados, y parte de los citados gastos impropios, aunque algunos técnicos denuncian cierta opacidad.

Sin embargo, la estrechez fiscal que demanda la Comisión Europea choca con la estrategia de la titular de la Seguridad Social. El ajuste fiscal -entendido como reducción del déficit primario, restando el coste de los intereses que pagamos por deuda- está previsto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en mínimo 6.000 millones anuales durante siete años (el 0,4% del PIB, aproximadamente), que podrían convertirse en más de 9.000 millones (algo más del 0,6% del PIB) si el Gobierno no plantea una senda fiscal convincente y Bruselas ejerce sobre España la vía rápida, de mayor exigencia.

En este sentido, Sainz se ha mostrado prudente y, en todo caso, a expensas de la implantación de las nuevas reglas fiscales. «Estamos en pleno proceso de elaboración del cuadro económico y hay que ver como impactan las reglas fiscales», ha declarado, destacando el «rigor fiscal» que persigue el Gobierno.»

Fuente: El Economista