Si el Pleno decide que haya retroactividad la suma supera los 25.600 millones. En caso de limitarse hasta 2014, la cuantía se sitúa en 3.600 millones.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, estiman que 1,5 millones de contribuyentes podrían reclamar la devolución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a las respectivas oficinas autonómicas de la Agencia Tributaria solo por las hipotecas constituidas en los últimos cuatro años (no prescritos), si finalmente el Tribunal Supremo confirma que son los bancos, y no los hipotecados, quienes deben soportar el gravamen. Por territorios, Andalucía sería la región donde más afectados la solicitarían; y la Ciudad Autónoma de Ceuta, la que menos.

Gestha calcula que quienes se hayan hipotecado desde octubre de 2014 podrían recibir 3.631 millones de euros, a los que habría que añadir los intereses de demora. Y es que son los contribuyentes que firmaron una hipoteca en los últimos cuatro años –los que no han prescrito desde el punto de vista fiscal- los que pueden pedir la devolución de lo pagado indebidamente.

Además, otros 13,4 millones de hipotecados antes de septiembre de 2014 tendrían que pleitear con sus entidades bancarias para recuperar más de 25.657 millones hasta 2003. La cifra sería superior si el pronunciamiento del Supremo adopta una retroactividad total.

Reclamar a las haciendas autonómicas, no a los bancos

Los técnicos indican que deben dirigirse las reclamaciones del AJD pagado en los últimos cuatro años hacia las haciendas autónomicas -que son las que tienen cedido el impuesto- en caso de que el alto Tribunal no cambie su decisión sobre este impuesto el próximo 5 de noviembre, cuando se celebrará el Pleno de la Sala Tercera.

Las comunidades autónomas, a medida que vayan recibiendo las solicitudes de devolución, deberán iniciar un procedimiento de comprobación tributaria y notificar una liquidación «espejo» a la entidad financiera, exigiendo el mismo importe y los intereses de demora.

Gestha advierte de que si bien esta medida no supondrá una merma de los ingresos regionales, las CCAA sí tendrán que hacer un esfuerzo notable para la tramitación masiva de ambos procedimientos, por lo que considera que las comunidades deberían coordinarse para dar una respuesta unificada y ágil frente al ciudadano y al sector bancario.

De forma paralela, los técnicos avisan de que el proceso de las reclamaciones por los hipotecados a las entidades bancarias de las cantidades pagadas por el AJD hace más de cuatro años sería más farragoso, largo y costoso. No obstante, ya han solicitado a los bancos que devuelvan las cantidades de manera voluntaria y no obliguen a los ciudadanos a pleitear.

Fuente: ElEconomista.es