Es poco probable que la globalización tenga un gran futuro si los que más se benefician ven bajar sus impuestos, mientras que los que sufren el impacto de la globalización ven que aumentan los suyos.

Las multinacionales tecnológicas pagan pocos impuestos en Europa. Google, Facebook y Apple, entre otras, se han especializado en localizar de forma ficticia sus operaciones en territorios donde el impuesto de sociedades es bajo o incluso casi nulo. Para limitar estas estrategias, la Comisión Europea propuso gravar a las empresas tecnológicas con un impuesto del 3% de sus ingresos. Este plan fue liderado en Bruselas por Pierre Moscovici. Sin embargo, aunque este tributo se materializara (lo que en este momento está lejos de ser seguro, ya que Irlanda, Luxemburgo y Malta se oponen), no es más que un parche. La Comisión reconoce que se trata sólo de una medida provisional, a la espera de una reforma de mayor alcance, en el limbo desde 1975.

Recapitulemos. Con la globalización financiera, las oportunidades de optimización fiscal se han multiplicado para las grandes empresas. Ellas obtienen enormes beneficios en un puñado de enclaves fiscales, encabezados por Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Singapur, Hong Kong y las Islas Bermudas. En todo el mundo, más del 40% de los beneficios de las multinacionales son trasladados artificialmente a estos territorios. Esto equivale a 600.000 millones de beneficios obtenidos en Francia, EE UU o en grandes países emergentes, pero que se gravan en estos Estados con una fiscalidad ventajosa.

Esta práctica afecta a todos los sectores de la economía: desde la industria farmacéutica al sector financiero, pasando por la industria automotriz o el textil. Los gigantes de Silicon Valley han demostrado una gran inventiva en sus estructuras: en 2016 Google Alphabet contabilizó casi 20.000 millones de dólares de ingresos en las Bermudas. Pero, en contra de una idea muy extendida, la optimización fiscal no es solo una prerrogativa de las empresas tecnológicas. Por eso, el impuesto del 3% no es más que una reforma cosmética. Incluso si se aprobara, el problema persistiría.

¿Qué hacer? El enfoque más prometedor consiste en cambiar la forma en que se calculan los beneficios fiscales en cada país. En concreto, se propone tomar los beneficios globales de las empresas y desglosarlos entre Estados, utilizando una fórmula de distribución no manipulable, es decir, el importe de las ventas realizadas en cada país.

Si Apple, por ejemplo, realizara el 10% de sus ventas totales en España, entonces el 10% de sus beneficios mundiales estarían sujetos a impuestos en España. Con este enfoque, sería imposible obtener beneficios desproporcionados en Irlanda o las Bermudas. Porque si bien hoy en día las empresas pueden elegir fácilmente la ubicación de sus beneficios, no controlan la de sus clientes.

Esta solución es especialmente adecuada para las empresas digitales. Siguiendo con el ejemplo de Apple en España, el Ministerio de Hacienda conoce el valor de los ordenadores, teléfonos, tabletas y servicios digitales vendidos en el mercado doméstico. Los clientes finales de las multinacionales están además bien identificados, ya que esta información se utiliza para aplicar el IVA.

La introducción de un sistema de este tipo en la Unión Europea se ha debatido durante varias décadas: se trata del proyecto de la llamada Base Imponible Consolidada Común del Impuesto sobre Sociedades (CCCTB, por sus siglas en inglés). Hace también décadas que Irlanda, Luxemburgo y otros paraísos fiscales de la Unión se han opuesto a este sistema, que acabaría con su estrategia de desarrollo basada en el dumping fiscal.

Pero la opinión de estos gobiernos no es vinculante. Nada impide a Francia, España y otros países europeos avanzar y adoptar esta reforma de manera unilateral. Estos gobiernos podrían exigir a las empresas que operan en sus países que les proporcionen sus beneficios globales y la proporción de sus ventas realizadas en sus territorios, una información suficiente para calcular el impuesto adeudado. Se denegaría el acceso al mercado de estos países a las empresas que se nieguen a facilitar esos datos contables básicos.

Es cierto que la cooperación es siempre preferible. Pero, ¿tiene sentido esperar que Irlanda o Luxemburgo cambien de opinión? El riesgo político es real. Es poco probable que la globalización tenga un gran futuro si los que sufren el impacto ven como además sus impuestos suben mientras bajan para los que más se benefician de ella. El voto a Trump en EE UU y el Brexit ya pueden ser analizados como una reacción a esta situación.

Fuente: ElPais.com