Los vehículos de ahorro para la jubilación apenas han crecido por aportaciones en la última década, pese a las dudas sobre que las futuras pensiones sean suficientes y sostenibles.

Bancos, aseguradoras y gestoras independientes han conseguido ganar cuota en el ahorro financiero de los españoles a través de los fondos de inversión, pero no de los planes de pensiones, a pesar de las dudas sobre la sostenibilidad y suficiencia del sistema en el largo plazo. La industria, sin embargo, evita la autocrítica y considera que la falta de despegue de estos vehículos se debe a la fiscalidad, el exceso de ahorro a través de la vivienda o la falta de información sobre las pensiones públicas.

Desde el sector critican que ‘de facto’ la aportación máxima esté capada en 8.000 euros anuales, que es el máximo deducible en la declaración de la renta. “Si aportas más, tienes que hacer una declaración complementaria o hay riesgo de sanción”, critica Eduardo Martínez de Aragón, director de inversiones de fondos de pensiones de Vidacaixa, en una sesión organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Aunque admite que la aportación media es inferior a los 2.000 euros anuales por parte de los partícipes que siguen incrementando el ahorro por esta vía, cree que es uno de los topes para el desarrollo del sistema. Pero también recuerda que la tasa de ahorro de los españoles está a la cola respecto a Europa, con un 4,9% de la renta bruta disponible, según los datos de Eurostat, frente al 12% de media de la eurozona o el 10% de la Unión Europea.

“No es que los españoles no ahorren, sino que concentran su ahorro en la vivienda y no en los activos financieros, y no lo hacen pensando en la jubilación”, agrega el ejecutivo de Vidacaixa. “El ahorro inmobiliario se come ocho de cada 10 euros de ahorro”, añade en la misma línea Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, la asociación de las gestoras de fondos de inversión y de pensiones. Los activos financieros suponen el 180% del PIB en España, frente al 230% de las 12 principales economías europeas o porcentajes por encima del 300% en Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido.

Los planes de pensiones cuentan con un patrimonio de 110.000 millones de euros, divididos en 75.000 millones de los planes individuales y otros 35.000 millones de los planes de empleo, según datos de Inverco al cierre del primer trimestre. Los activos gestionados por esta vía representan el 9,5% del PIB, lejos del 56% de la media ponderada de la OCDE. En gran parte, se debe a que dos de cada tres países tienen mecanismos de capitalización a través del ahorro privado que complementan al sistema de reparto, y en algunos casos es la renta principal en la jubilación.

Desde finales de 2012, el volumen se ha elevado en un 28%, en gran parte por la rentabilidad acumulada en este periodo de recuperación de los mercados. En los mismos años, los fondos de inversión españoles han incrementado su patrimonio un 120%, hasta los 270.000 millones. Los planes de pensiones se han estancado en términos de peso en la riqueza financiera de las familias, que supera los dos billones de euros, mientras que los fondos lo han incrementado.

Culpable del estancamiento

Los expertos coinciden en señalar una y otra vez a la fiscalidad. “Es el camino si se quiere impulsar el producto, porque es difícil de entender que el rescate del dinero en planes de pensiones tribute como rendimientos del trabajo”, señala Fernando Luque, editor de Morningstar España. En efecto, la ventaja fiscal en la aportación de los planes de pensiones respecto a otras formas de ahorro o inversión se vuelve en contra al recuperar el dinero, cuando hay que tributar por el IRPF todo el dinero aportado y el generado por rentabilidad. En fondos, sicavs o inversión directa se pasa por Hacienda solo con las ganancias y como rendimientos del ahorro, con tramos más bajos (del 19% al 23%).

Aun así, “el cálculo de la rentabilidad financiera de ahorrar a través de planes de pensiones en vez de fondos teniendo en cuenta la fiscalidad da una comparativa que no es tan mala”, puntualiza Luque, ya que las deducciones pueden generar rentabilidad extra si se utilizan para el ahorro financiero a largo plazo gracias al interés compuesto.

El experto de Morningstar, no obstante, se muestra crítico con los resultados de los planes de pensiones, con “rentabilidades que podrían ser mejorables” y con comisiones superiores en promedio a los fondos de inversión, como ya mostró el Banco de España (BdE) el año pasado, a pesar de las dos reducciones de coste máximo que decretó el Ministerio de Economía en los tiempos de Luis de Guindos. Una de las claves de esta brecha, alega Luque, es que las gestoras internacionales han presionado con su competencia a los fondos locales para mejorar la oferta, pero estas mismas firmas extranjeras no pueden ofrecer planes de pensiones en España.

Pero en la industria no hay autocrítica al respecto. “Los planes superan en más de un punto a la inflación”, asegura el ejecutivo de Vidacaixa, firma con mayor cuota de mercado y con varios planes de pensiones por encima de los 1.000 millones gestionados. Según el periodo que se coja, las cifras pueden empeorar, ya que desde 2015, por ejemplo, apenas un tercio supera al IPC, lo que implica que la mayoría pierde poder adquisitivo en un periodo de ganancias generalizadas en los mercados financieros, a pesar de las caídas del tramo final de 2018.

Al cierre del primer trimestre, la rentabilidad media del sistema individual se situó en el 1% a un año, en el 2,2% anual a tres y cinco años, y en el 4,6% a 10 años. En cualquier caso, hay mucha dispersión entre los planes, como muestran los datos recopilados por Pablo Fernández, profesor del IESE. Estas estadísticas también revelan que los planes más populares por patrimonio o número de partícipes no son los más rentables históricamente.

El estancamiento de los planes se hace más evidente en los de empleo. “Para crecer en este segmento, hay que robar cuota de mercado, porque no se suscriben nuevos planes de empresa”, indica Eduardo Martínez de Aragón, de Vidacaixa. “La empresa asume un coste por las aportaciones, que son voluntarias, tras las medidas de 2006 y 2013 que han quitado razones a los empresarios para contribuir a los planes de empleo. Por cada millón que aportan, les cuesta 1,3 millones”, sostiene Martínez Aldama.

El presidente de Inverco recuerda que está pendiente de transposición una directiva europea sobre planes de empleo que dejará una paradoja: los dos millones de partícipes en estos vehículos conocerán la simulación de su futura pensión acorde a los 18.000 euros de aportación media en ellos. Sin embargo, los 22 millones de población activa, entre ocupados y desempleados, no reciben esta información pese a que la ley de 2011 aprobada con consenso político y de actores sociales así lo indica.

El Ejecutivo llegó a presupuestar el envío de cartas con esta información, que pasó por la reunión de subsecretarios un jueves y no llegó el viernes al Consejo de Ministros, con lo que no hay transparencia fidedigna sobre los futuros ingresos en la jubilación, como sí ocurre en 10 vecinos europeos, entre ellos Alemania, Francia, Italia o Reino Unido. Por el contrario, la Seguridad Social acabó creando una herramienta ‘online’ que al que lo solicita facilita información sin tener en cuenta la inflación prevista o los topes máximos actuales para la pensión pública. De este modo, un mileurista de 40 años puede ver que cobrará una pensión de 3.000 euros. “Esto crea ilusión monetaria”, lamenta el presidente de Inverco, una forma técnica de denunciar que es información engañosa.

El sector aboga por corregir esta falta de información sobre la pensión pública como una palanca de crecimiento para los planes privados, por mayor concienciación de las familias en favor del ahorro o por la posibilidad de que se complemente con mecanismos de capitalización. Inverco lleva años apuntando al modelo británico, que también introducirá Irlanda, en el que hay una pensión pública fija y la complementaria depende de los planes de empleo que todas las empresas deben ofrecer de forma obligatoria, con aportaciones por defecto del empresario y del trabajador, aunque este tiene la opción de cancelarlo. Ahora, además, ha incorporado el modelo de Suecia, con una pensión mínima financiada por impuestos y fondos de pensiones con esquemas basados en negociación colectiva.

La tasa de sustitución —pensión respecto al último salario— está en torno al 80%, lo que deja España como “un país muy generoso”, apunta Eduardo Martínez de Aragón, aunque los expertos dudan de que esta situación sea viable a largo plazo. El actual gobernador del BdE, Pablo Hernández de Cos, ya advirtió al Congreso en 2017, cuando era jefe de estudios, de que había que elegir entre “más impuestos o pensiones más bajas”, lo que en la jerga se conoce como un ‘trade off’ entre sostenibilidad y suficiencia.

Los cálculos parten de las proyecciones demográficas del INE, que prevén que la población con más de 64 años se elevará desde los 8,7 millones de 2016 hasta los 15,6 millones en 2050, mientras que el número de personas entre 24 y 64 años bajará desde los 26,2 millones hasta los 19,6 millones. “Hay 2,3 cotizantes por jubilado, pero hay provincias donde la ratio es de menos de dos, y esto no es sostenible”, alerta el director de inversiones de Vidacaixa.

Así, con las previsiones de población del INE y las últimas reformas en pensiones, sin tener en cuenta la posibilidad de que haya un ‘shock’ sobre las mismas, Inverco recuerda que el Mercer Melbourne Global Pension Index deja al sistema español como uno de los menos sostenibles, y cita informes de Fedea, de la Universidad de Valencia y de la Comisión Europea que muestran una caída potencial de la tasa de sustitución en las próximas décadas al 50% (desde el 80% actual) o la necesidad de emitir deuda en torno al 80% del PIB. La AIReF publicó sus propias proyecciones demográficas, menos alarmistas que el INE, al anticipar que llegarán entre siete y 10 millones de inmigrantes en las próximas décadas, lo que reduciría la presión sobre las pensiones públicas. Pero “los cálculos pueden equivocarse y que la realidad sea mejor, o puede ocurrir lo contrario y que sea peor de lo esperado”, advirtió hace ya año y medio Hernández de Cos. Con esta premisa, sentencia Martínez Aldama: “Hay que tomar medidas, y cuanto más tardemos será más difícil, porque habrá más rechazo al haber mayor proporción de jubilados, y más drásticas tendrán que ser”.

Fuente: ElConfidencial.com