Amazon ya ha anunciado que repercutirá a sus clientes el pago de la conocida como tasa Google, en caso de que el Ejecutivo finalmente apruebe este impuesto tal y como pretende.

Seguimos a vueltas con Google y la tasa que lleva su nombre, que, como ya señalé en su día, no es tal. Amazon ha sido la primera de las empresas potencialmente afectadas que ha afirmado que, evidentemente, lo repercutirá a los clientes, como es fácil de entender. Solo en situaciones de competencia extrema las entidades afectadas por impuestos no los repercuten a sus clientes. Esto significa, en román paladino, que somos los clientes quienes pagamos la incapacidad de los gobiernos de gestionar las arcas públicas con sentido de responsabilidad.

Todo se traduce en más impuestos, no hay recortes en el gasto de la Administración, gobiernos regionales que se forman bajo la premisa de la reducción y la simplificación acaban incrementando el número de consejerías y de cargos públicos de confianza y los contribuyentes asistimos, tan cabreados como impasibles, a discusiones bizantinas sobre el nivel de gasto y presión fiscal, que no hace sino aumentar bajo la premisa del “aún hay margen”. Siempre hay margen para esquilmar los bolsillos del contribuyente, nunca para discutir cuál es el nivel de intervención.

Mientras tanto, muchos políticos critican a Irlanda por su política fiscal. Pareciera que su único objetivo es dañar la fuente de riqueza del centro de la innovación tecnológica de Europa, y, en vez de estudiar cuáles son las razones de su éxito, tratan de castigarlo bajo falsas acusaciones de paraíso fiscal, cuando en ningún registro internacional aparece como tal. Las razones de que paguen pocos impuestos en España hay que buscarlas en nuestro sistema tributario, que espanta a quienes tienen la ocasión de no acercarse o de huir.

Es cierto que las GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) pagaron pocos impuestos en España en 2018. Pero eso no es ilegal, por mucho que ciertos políticos así lo denuncien. Entre otras cosas, el obligado a pagar impuestos lo hace allí donde se encuentra su domicilio fiscal, y en el caso de las empresas de base tecnológica suele estar en Irlanda, por razones, evidentemente, fiscales.

Amazon pagó 11 millones de euros en impuestos en Irlanda en 2018; Facebook, unos 38 millones; Apple, que tuvo que hacer frente a varias sanciones, alrededor de 14.000 millones entre impuestos e intereses. A algunos les seguirá pareciendo poco, pero quizá deberíamos poner el foco en la luna y no en el dedo.

¿Qué ha logrado Irlanda con su política fiscal? En primer lugar, crecimiento y prosperidad. No soy muy amigo del PIB como medida de la actividad económica, pero como la mayor parte de los políticos y muchos de mis colegas lo usan para explicarnos lo bien que vamos, lo utilizaré en esta ocasión. En el año 1992, los PIB per capita de España e Irlanda eran prácticamente iguales, en el entorno de los 15.700 euros. A finales de los noventa, Irlanda apostó por la reforma de su sistema productivo y lo hizo a través de la competencia fiscal con los países de su entorno.

Muchos economistas defienden la competencia en los papeles hasta que les toca explicar por qué no la piden para su país. A partir de esa auténtica revolución fiscal, la renta per cápita de Irlanda se ha disparado hasta los 69.300 euros en 2017, por los 28.150 euros de España. Es decir que, en el mismo periodo, Irlanda ha visto crecer su renta per cápita en más de cuatro veces cuando España ni siquiera la ha doblado.

Quizás es más interesante observar los efectos en términos de empleo. Actualmente, la tasa de paro en la UE está en el 6,3% (julio 2019, Eurostat): en España, el mismo indicador caía una décima del 14% por primera vez desde diciembre de 2008. En Irlanda, el desempleo en la misma fecha era del 5,3%. Dos millones de irlandeses trabajan para empresas; medio millón lo hace para alguna multinacional. Amazon tiene casi 1.400 empleados, Facebook unos 2.000.

Apple crea alrededor de 6.000 directos y otras 17.000 personas trabajan para ella de forma indirecta desarrollando ‘apps’. Esos dos millones de trabajadores irlandeses de ese, para algunos, paraíso fiscal, pagaron 18.400 millones de euros en impuestos en 2018; 8.000 millones los pagaron los empleados de esas multinacionales que tienen la mala costumbre de pagar pocos impuestos, pero la buena de emplear a mucha gente. Un empleo, por cierto, que suele exigir la máxima cualificación y que tiene que ver con los sectores punteros de la economía y que supondrán todo el desarrollo futuro, como la tecnología, la medicina, la farmacia o la biotecnología.

Aquí, parece que algunos prefieren seguir pagando el seguro de desempleo en vez de atraer capital y empresas que formen, paguen y den empleo. Quizá será mejor ser un infierno fiscal y seguir recordando a los votantes que cobran el subsidio de paro gracias a la intervención del político de turno. El famoso mantra del “me lo debéis todo”.

Por cierto. Microsoft desplazó este verano una inversión de 52.800 millones de dólares de Singapur a Dublín. El ‘paraíso fiscal’ irlandés recaudó en 2018 alrededor de 10.400 millones de euros en impuesto de sociedades —por los 25.000 que recaudó el nuestro—. Si tenemos en cuenta que Irlanda tiene unos 4,8 millones de habitantes por los 47 millones con los que cuenta España, quizá sea el momento de que los maestros bajen de las musas y hagan algo de caso a las cifras. Mientras, los maduros asilvestrados (en palabras de mi admirado Juan Carlos Girauta, aquellos que osamos criticar que Irlanda sea un paraíso fiscal) seguiremos luchando a favor de la competencia fiscal y recordando que la clave de la prosperidad se encuentra, hoy como siempre, en una baja fiscalidad que atraiga inversiones y genere empleo.

Fuente: ElConfidencial.com