Ante el nuevo escenario político y económico global y la situación de desaceleración que se ha detectado, habiendo España basado su patrón de crecimiento tras la crisis en la internacionalización de su actividad – tanto por el turismo como por el incremento de la actividad exportadora – y notándose un cierto agotamiento en la demanda interna – caída en venta de automóviles y las menores transacciones de vivienda -, hemos alcanzado el desbloqueo político.

Es por tanto necesario que, ante el escenario descrito, el gobierno que decida formar el ya presidente del ejecutivo acometa las reformas necesarias que ayuden a continuar a España en la senda de la creación de empleo y del crecimiento económico. Si se acierta en las medidas a adoptar e implementar, puede que el desbloqueo político haya llegado a tiempo.

En el actual contexto, no parecería recomendable acudir a una expansión del gasto público para compensar la caída de la actividad privada, pues no hay margen para ello en nuestro país, además de que el nivel de deuda pública asumido aconsejaría – hoy por hoy – lo contrario, al objeto de disminuirla lo máximo posible antes de un potencial escenario de crisis económica.

En este sentido, parece que el acuerdo suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos respetará los acuerdos que España tiene con Europa al respecto de la consolidación fiscal, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 135 de la Constitución – principio de estabilidad presupuestaria -.

En el referido acuerdo y en lo que a medidas fiscales se refiere, se establecen cambios tendentes a establecer una tributación mínima del 15% para grandes empresas – habrá que ver cómo se definen estas – y del 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Será importante ver sobre qué magnitud (imaginamos que sobre el resultado contable) deben aplicarse los tipos mínimos de gravamen referidos, máxime teniendo en cuenta que deben respetarse los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad (art. 31 de la Constitución Española); además de valorar el efecto que esta medida puede tener sobre el empleo y el crecimiento económico del país.

Vuelven las Sicav a escena, planteándose añadir requisitos adicionales para disfrutar del régimen fiscal especial de tributación – previsto para las Instituciones de Inversión Colectiva – del tipo del 1% del Impuesto sobre Sociedades; además de la voluntad de atribuir a la AEAT las competencias para determinar si estas pueden o no disfrutar del mismo. Consideramos este tema como algo más bien mediático, habida cuenta de la poca relevancia que las medidas indicadas tendrían a nivel presupuestario.

También están en el punto de mira del gobierno de coalición las SOCIMIS, pretendiéndose establecer un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos. Habrá que ver cómo se concreta, en su caso, esta reforma y, sobre todo, cómo se regula el régimen transitorio; un régimen que debe ser respetuoso con los derechos adquiridos por los contribuyentes y con el principio de seguridad jurídica.

Asimismo, siendo esta una buena noticia, se plantea un tipo impositivo reducido del 23% para aquellas empresas con una facturación inferior a 1 millón de euros.

Al respecto del IRPF se pretenden incrementar los tipos estatales tanto de la base general – e.g. rentas del trabajo y actividad económica – como de la base del ahorro – e.g. rentas del capital: dividendos y ganancias patrimoniales -.

No consideramos acertadas las medidas propuestas en sede del IRPF. No obstante, lo que sí consideramos debería ser descartado es el incremento de la tributación sobre las rentas del capital, por penalizar el ahorro invertido en nuestra economía y, por consiguiente, perjudicar el crecimiento económico y la creación de empleo.

Esperemos que el Gobierno que se forme esté a la altura de las circunstancias que nos acechan, controle el gasto público e impulse políticas sociales gracias a un mejor uso de los recursos públicos, y no al incremento de los impuestos o del nivel de endeudamiento de nuestro país.

Fuente: Expansión.com