Las grandes compañías estarán obligadas por primera vez a elaborar y hacer público un informe detallado del Impuesto de Sociedades y otros tributos similares, como el nuevo impuesto mínimo del 15% que prepara el Gobierno, a partir del próximo 22 de junio.

Las empresas que tengan unos ingresos superiores a los 750 millones de euros durante dos ejercicios consecutivos deberán elaborar este informe «de forma gratuita y en formato electrónico» y mantenerlo durante cinco años en su página web para que cualquier ciudadano o stakeholders (personas o grupos interesados en la compañía como accionistas, inversores, sindicatos, proveedores, etc.) pueda conocer su fiscalidad.

Esta nueva obligación emana de la Ley de Startup, aprobada en diciembre de 2022, que modificó la Ley de Auditoría para añadir este nuevo deber a los grandes grupos. Además de las sociedades matrices españolas, también deberán elaborar y publicar este informe cualquier filial o sucursal que esté situada en España, si su matriz se encuentra fuera de la Unión Europea.

El documento deberá incluir, además del nombre de la sociedad dominante, una lista de todas las filiales, país en el que se ubican, incluidos los territorios considerados paraísos fiscales , la descripción de la actividad que desarrollan, número de empleados y un desglose de los ingresos según procedan de su actividad, de dividendos, inversiones, créditos u otras fuentes.

Respecto al Impuesto de Sociedades y al impuesto mínimo del 15%, se informará de manera detallada de los tributos que paga cada una de las compañías pertenecientes al grupo en cada uno de los países en los que se ubican. No obstante, si la firma está situada en un paraíso fiscal, habrá que presentar esta información por separado.

Daniel Aroca, socio de Auren Legal y experto en fiscalidad, señala que esta nueva obligación tiene como finalidad mejorar la transparencia empresarial y el escrutinio público de la información relativa al Impuesto de Sociedades de tal manera que se proyecte a los stakeholders, a los socios y terceros que se está actuando de una forma sostenible a efectos de la fiscalidad.

Esta nueva obligación será de aplicación para todos los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 22 de junio de 2024. Una vez acabado el año fiscal, las compañías tendrán seis meses como máximo para publicar el informe, así que la mayoría de reportes se conocerán en 2026.

Omisión de información perjudicial

Daniel Aroca explica que la norma tiene una cautela y permite a las grandes empresas omitir determinada información si justifican de manera motivada que puede perjudicar su posición comercial. «Te dejan parar el golpe, pero se debe publicar como máximo a los cinco años siguientes», explica el socio de Auren Legal. Sin embargo, las matrices no podrán omitir ningún tipo de información aunque les perjudique comercialmente si la filial está situada en un paraíso fiscal.

Finalmente, la norma hace directamente responsables a los miembros del consejo de administración de las compañías de garantizar que el informe sea conforme a las exigencias de la ley. Esta nueva obligación afectará a unos 830 grupos con presencia en nuestro país, de los que 120 son españoles.

Fuente: El Economista