Hacienda llama al orden a diez regiones por incumplir la regla de gasto y pide medidas antes de que acabe 2017.

El Ministerio de Hacienda ha enviado hace unos días cartas a once comunidades autónomas y no para felicitarles la Navidad precisamente. El departamento dirigido por Cristóbal Montoro ha advertido del riesgo de incumplir la regla de gasto este año a los interventores de Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Murcia y Aragón. A todos ellos, salvo a Madrid, les pide en consecuencia que les informe de las medidas que piensan aplicar antes del cierre del ejercicio para cumplir con este indicador. La regla de gasto fija un crecimiento máximo del desembolso de las administraciones públicas del 2,1% este año. En los últimos datos de septiembre, el conjunto de las autonomías tuvo un aumento de gasto computable a estos efectos del 2,3%, por encima del límite. Para poder cumplir, las regiones aludidas deberán incrementar los ingresos o contener el desembolso a cierre de año. Hacienda no entiende de aguinaldos.

Las cartas, remitidas por la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, no son iguales, sino que cada una atiende la distinta situación de cada comunidad. Por ejemplo, el gasto de Madrid hasta septiembre creció justo un 2,1%, en el límite, por lo que la misiva del ministerio se limita a advertirle del «posible riesgo del cumplimiento de la regla de gasto» y le pide información sobre las cuentas de la comunidad.

El tono es más duro en las diez misivas restantes, en las que Hacienda reclama ajustes a las comunidades para cumplir. «Le requiero la remisión de las causas determinantes de la desviación, así como de las medidas que tenga previsto adoptar la Comunidad para su corrección antes del presente ejercicio», reclama Belén Navarro a Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Murcia y Aragón.

En esta gradación de menor a mayor severidad, el departamento de Cristóbal Montoro amenaza con intervenir a ocho autonomías díscolas, entre ellas Cataluña, mediante la adopción de las «medidas coercitivas» que prevé la Ley de Estabilidad. En caso de incumplimiento de la regla de gasto, Hacienda podrá imponer a la comunidad en cuestión una retención de créditos equivalente al incumplimiento -un recorte del gasto, con un acuerdo de no disponibilidad de créditos como ha hecho con el Ayuntamiento de Madrid-, controlar sus impuestos propios hasta aplicarle una multa del 0,2% del PIB o intervenir su gestión como acaeció en Cataluña, si superan el límite de gasto público del 2,1% este año.

Regiones díscolas

En una andanada de cartas fechadas a 5 de diciembre, Hacienda remite esta advertencia a los interventores de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia. Hacienda deja fuera de esta amenaza a Baleares y Navarra.

¿Por qué este trato diferenciado? Las ocho comunidades antes mencionadas tienen un armazón de controles más estricto que Baleares y Navarra porque el año pasado no se ajustaron a los objetivos de estabilidad, bien porque tuvieron un déficit mayor al límite, porque gastaron por encima del tope o por ambos. Baleares y Navarra cumplieron con la meta de déficit y de gasto en 2016, por lo que están fuera del control especial que el Ministerio reserva a las administraciones díscolas.

Pese a ello, ambas regiones fueron las que más aumentaron su gasto hasta septiembre, con un 6,9% y un 7,5% respectivamente. A ellas le siguen Canarias (un incremento del desembolso del 4,5%), Murcia (3,9%), Comunidad Valenciana y Cataluña (3,2% ambas), Aragón y Andalucía (2,8% las dos).

Madrid, lo elevó justo un 2,1%, mientras que Hacienda también ve riesgos de incumplimiento en Castilla-La Mancha (un repunte del 1,9%) y Cantabria (del 1,6%). Pese a que estas dos últimas comunidades cumplen, su gasto no financiero aumenta más de un 5%, por encima de lo que especifican en sus planes económico-financieros, lo que motiva la amonestación del Ministerio. Al desembolso total de una administración se le descuentan a efectos de la regla de gasto partidas como las inversiones sostenibles, los intereses de deuda o los programas europeos.

Más complejo es el caso de Extremadura, que pese a recortar su gasto un 1,3% hasta septiembre también recibe la advertencia más severa de Hacienda, al observar el Ministerio riesgos de incumplir su Plan Económico Financiero pese a que es de las pocas comunidades que reduce su gasto. Si bien el propio Ministerio «considera factible el cumplimiento de la regla de gasto» por la comunidad, Hacienda también remarca que dicho objetivo está «condicionado por la existencia de las mismas circunstancias citadas con relación al objetivo de estabilidad presupuestaria».

Extremadura fue la comunidad con un mayor déficit el año pasado (un 1,69% del PIB) y este año todo hace pensar que también incumplirá el objetivo del 0,6%, lo que ha activado las alarmas del Ministerio pese a que parece que la región se atendrá a la regla de gasto. Esto simboliza la desconexión que hay entre el objetivo de déficit y de gasto. En todo caso, cuando el desequilibrio es elevado, el cumplimiento del déficit es más duro que el límite al desembolso.

En caso de incumplimiento, Hacienda podrá imponer a Cataluña, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Cantabria y Castilla-La Mancha desde una retención de créditos equivalente al incumplimiento -con un acuerdo de no disponibilidad de créditos como ha hecho con el Ayuntamiento de Madrid-, pasando por controlar sus impuestos propios hasta aplicarle una multa del 0,2% del PIB y, en el caso más extremo, intervenirlas como ha ocurrido en Cataluña.

Bruselas vigilará a España

Aunque estas ocho comunidades le remitan los recortes que piensan aprobar para cumplir, esto puede no bastar: el Ministerio podría intervenirles igualmente si lo considera insuficiente. «Deberán proponerse las medidas para garantizar su correcta ejecución, sin perjuicio de que a la vista de la información suministrada y del seguimiento realizados se puedan acordar las medidas de los artículos 25 y 26» de la Ley de Estabilidad, es decir, las medidas coercitivas antes señaladas, recoge las cartas a estas ocho regiones.

Este rosario de misivas simboliza que la regla de gasto cada vez va a adquirir más importancia. Hasta ahora, Estado y comunidades autónomas han tenido en la reducción del déficit su principal quebradero de cabeza. Los objetivos de déficit son más restrictivos que la regla de gasto cuando se tiene desequilibrio, lo que explica que Hacienda no haya sido especialmente estricta en esta indicador con regiones y Estado. Sin embargo, hasta septiembre las comunidades registraron un superávit de 0,09% del PIB, aunque a final de año estos números empeorarán. Por ello, ante esta reducción de su déficit, la regla de gasto tendrá un peso mayor en el control de Hacienda. Pese a que el Estado cerrará con el mayor déficit de las administraciones, en el entorno del 1,7% del PIB, hasta septiembre su gasto se contrajo un 6,8%.

Los ayuntamientos son viejos conocidos de la regla de gasto, ya que desde que entró en vigor la ley de Estabilidad en 2012 ha logrado que alcancen superávit año tras año, siendo así su principal corsé presupuestario. Los municipios cuentan ya con 21.871 millones en cuentas bancarias -un 1,9% del PIB- que Hacienda no les deja gastar, salvo para pagar a proveedores, reducir deuda o en inversiones financieramente sostenibles. Montoro se comprometió a reformar la regla de gasto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para hacerla más comprensible y menos exigente. Tras la intervención del Ayuntamiento de Madrid, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición de ley para permitir no aplicar el indicador a los municipios en superávit y con una deuda sostenible.

Sin embargo, Bruselas cada vez dará más importancia a la regla de gasto, con un enfoque más restrictivo que el de Hacienda, y menos al déficit, ya que en la UE solo Francia y España siguen con un agujero por encima del 3% del PIB. Ambos tratarán de salir de la tutela comunitaria en abril de 2018 y, si pasan al brazo preventivo, la Comisión comenzará a supervisar su gasto. La regla de gasto asegura que las administraciones saneadas no desbocan su desembolso y reducen deuda durante la época de bonanza, para enfrentar las futuras crisis con mayor holgura y sin necesidad de hacer recortes en el Estado del Bienestar. El Ministerio, tras solo controlar con celo el cumplimiento de los ayuntamientos, ya ha comenzado a vigilar también a las comunidades autónomas. La regla de gasto ha llegado para quedarse.

Fuente: Abc.es