El ministerio de Hacienda trabaja a contrarreloj para presentar un proyecto de Presupuestos en el Congreso de los Diputados en «tiempo y forma», con el objetivo de poder tener aprobadas las Cuentas antes del 31 de diciembre de 2024. El calendario juega en contra de los de María Jesús Montero. La Constitución establece que el Gobierno debe llevar el texto al Congreso de los Diputados «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Antes, la vicepresidenta debe volver a elevar al Pleno la senda de estabilidad sobre la que se sustentarán las Cuentas, después de no lograr aprobarla el pasado mes de julio. Está previsto que Montero presente -durante el mes de septiembre- el mismo esquema que ya fracasó hace más de un mes, después de que Junts decidiera por sorpresa dejar caer la iniciativa frustrando los planes de Moncloa.

Todo dependerá de los apoyos que Sánchez consiga establecer en las próximas semanas. El reto es grande. El presidente debe afianzar el voto a favor a la senda de todos los grupos del bloque de investidura, incluido el de los diputados de Carles Puigdemont, que ya han dejado caer parte de sus condiciones. Llegado el caso, y con los cimientos validados por la Cámara Baja, empezará una dura y enmarañada negociación, marcada por los tiempos. Fuentes del ministerio de Hacienda reconocen que el éxito de las Cuentas dependerá de la «velocidad de la tramitación parlamentaria». Para ello, es clave que las conversaciones con las formaciones más duras -como Junts, ERC o Podemos- no se dilaten demasiado.

Los postconvergentes movieron ficha el pasado jueves, después de semanas de silencio. El diputado, Isidre Gavín, aprovechó una comparecencia de Óscar Puente en el Congreso para lanzar la primera de las exigencias de su grupo parlamentario para apoyar el proyecto de Presupuestos. Junts exige elevar la inversión estatal en la red de Cercanías de Cataluña, aunque -de momento- no ha puesto cifras a la condición. Tras ella, se espera que los de Puigdemont pongan sobre la mesa del Gobierno un catálogo de peticiones -económicas y políticas- a cambio de su respaldo.

A ello se añade las consecuencias del deterioro de la relación entre el PSOE y Podemos. Los de Ione Belarra tensaron la cuerda la pasada semana, cuando su secretaria general advirtió de que los socialistas no cumplirán el acuerdo firmado con ERC. «El Partido Socialista no tiene ninguna intención de cumplir lo que dijo que iba a cumplir. Creo que, una vez más, el Partido Socialista va a incumplir sus promesas y que ha dado gato por liebre para intentar conseguir la investidura del señor Illa, algo que es absolutamente inaceptable», dijo Belarra el pasado martes. Además, el portavoz morado, Pablo Fernández, anticipó el final de la legislatura «progresista». El partido da por hecho que el Ejecutivo se verá obligado a prorrogar -por segundo año consecutivo- las Cuentas de 2023. Aun así, ponen dos condiciones para sentarse a negociar unas nuevas: no apoyarán un texto que incluya un incremento del presupuesto en Defensa, y no permitirán que el proyecto esconda «ni un solo recorte».

Otros grupos minoritarios, como Coalición Canaria o el BNG señalan a la financiación autonómica, tras el pacto en Cataluña. La portavoz nacionalista canaria, Cristina Valido, no descarta apoyar el texto, pero reconoce que el pacto con ERC ha levantado ampollas entre el resto de formaciones sobre las que Sánchez deberá apoyarse. La gallega, Ana Pontón, ya ha advertido de que tratará de arrancar a Montero el compromiso de acercar la financiación de Galicia, a la que comenzará a disfrutar Cataluña, o a la del País Vasco.

Fuente: El Economista