La nueva Ley de Medidas de Eficiencia Procesal podría conciliar por fin la política laboral y fiscal de los despidos realizados bajo «circunstancias de conformidad alcanzadas por necesidades reales de reorganización empresarial».

En términos generales, una indemnización por despido resulta exenta de tributación en el IRPF en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores (con el límite de 180.000 euros). Sin embargo, la normativa fiscal excepciona y sujeta a tributación íntegramente, la indemnización satisfecha en virtud de pacto.

Precisamente esta exclusión de la norma viene siendo utilizada por la Inspección de los tributos, a mi juicio de manera capciosa, como argumento para regularizar relevantes cantidades en comprobaciones fiscales a grandes empresas de nuestro tejido empresarial. Cantidades que se acompañan de importantes sanciones por simulación. Revisa la Inspección de los tributos las indemnizaciones por despido satisfechas bajo determinadas circunstancias, cuestionando la existencia de una extinción unilateral por parte de la empresa y, en consecuencia, la aplicación de la exención a efectos de IRPF sobre las cantidades satisfechas a los trabajadores.

Las autoridades fiscales no toman en consideración, o le restan valor, al hecho de que se haya seguido de forma estricta el procedimiento laboral, ignorando, que la conciliación ante el SMAC es un proceso inevitable. Así, la edad avanzada de los trabajadores y la aceptación de una indemnización inferior a la legalmente establecida son, a juicio de la Inspección indicios suficientes para determinar que los despidos fueron pactados, aunque esto suponga ir en contra de lo declarado en el acto de conciliación laboral o en la propia carta de despido.

El escenario típico perseguido por la Inspección tributaria, es aquel en el que una empresa que necesita reorganizarse amortizando puestos de trabajo, en el marco de conversaciones con los representantes sindicales «acuerda» el despido de empleados de avanzada edad previo pago de una indemnización más baja de la que habría correspondido en caso de despido improcedente, pero más elevada que en el caso de despido objetivo (con una mejora). Los trabajadores perciben su indemnización por despido objetivo mejorada exenta de tributación en el IRPF, acceden a la prestación por desempleo y se sitúan en la edad de jubilación o muy próximos a ella. La mercantil se reorganiza a un coste asumible y evita el incremento de la conflictividad laboral. Pues a pesar de que los términos de dichas salidas se formalicen en un acto de conciliación ante el SMAC con plenos efectos jurídicos en el ámbito del derecho laboral y de seguridad social, la Inspección de los tributos entiende, que estas salidas deben considerarse acordadas y no exentas, y en consecuencia, regularizada en la empresa las retenciones a cuenta del IRPF y la sanciona.

Negar efectos tributarios al despido objetivo mejorado conciliado ante el SMAC despoja a mi juicio de valor y función a dicho organismo. Es más, atendiendo al principio jurídico de irrelevancia («las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son»), esta reclasificación de la situación a efectos tributarios debería obligar efectos en otras esferas, como el cuestionamiento del acceso a la prestación por desempleo o a la jubilación anticipada. Sin embargo, en la práctica los mismos se restringen a la exención en IRPF, creando situaciones jurídicas incongruentes e incompletas que, además, han sido avaladas por los tribunales de lo contencioso administrativo que han ratificado en sus sentencias, que el paso por la mediación no avala la corrección ni la calificación del despido.

En los próximos meses, previsiblemente finalizará con éxito la tramitación parlamentaria de la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, integrada dentro del Plan de Justicia 2030. Su contenido busca plantear la solución de controversias a través de la negociación. Bajo dicho contexto, parece haberse advertido por fin la necesidad de dotar de eficacia completa y seguridad jurídica a los acuerdos laborales alcanzados a través de mediación extrajudicial.

Se planea así, la modificación de la Ley del IRPF en el sentido de reconocer expresamente la exención de las indemnizaciones por despido acordadas ante el SMAC, eliminándose cualquier duda interpretativa. Se acomodaría el tratamiento fiscal a la realidad de que, en cualquier proceso de despido, la norma, los representantes sindicales y las autoridades laborales incentivan el pacto.

Esperemos que la anhelada seguridad jurídico-tributaria llegue con la entrada en vigor de esta Ley, que pretende ser la llave para la resolución de conflictos mediante la mediación, situación ésta, que sin duda exigirá garantizar a las empresas que las mejoras indemnizatorias acordadas ante el SMAC no les conducirán a contingencias fiscales difícilmente asumibles. De no ser así, me temo que nuestro asesoramiento legal pasará por recomendar la vía judicial y no la mediación para la resolución del conflicto.

Fuente: Expansión.com