El mayor incremento del gasto corresponde a los pensionistas, cuya partida crecerá en 5.000 millones.
Pocos contaban con que, en una coyuntura tan compleja y con Cataluña en desgobierno, el Ejecutivo fuera a lograr el sí a los Presupuestos Generales del Estado. Pero lo ha conseguido. El voto favorable del PNV, ayer en el Congreso, garantiza la aprobación del proyecto en el mes de junio, tras pasar también por el Senado, y el desbloqueo de más de 15.000 millones de euros que irán a parar al bolsillo de los ciudadanos.
Las Cuentas más expansivas que se le conocen al Gobierno de Rajoy dejan mejoras en casi todos los ámbitos. Apenas hay ajustes, y estos se producirán en partidas como la de desempleo, gracias a la reducción del paro; y la de intereses de la deuda, por la mejora en las condiciones de financiación de la que se beneficia España. Mientras, y en año preelectoral, se aprueban importantes incrementos del gasto para pensionistas, funcionarios, trabajadores –a través de rebajas del IRPF–, comunidades autónomas e infraestructuras.
Todo ello tras una compleja negociación en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llevado a cabo para obtener el respaldo de 176 parlamentarios procedentes de PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro y UPN, entre quienes se han dejado girones de credibilidad en incluso desdecirse.
Porque el sí de sus socios de investidura, C’s, conlleva una rebaja fiscal, la de la renta para salarios inferiores a 18.000 euros anuales, que en un principio no gustaba a Hacienda. Y porque implica también la semi derogación, de facto, de la reforma de las pensiones del 2013, que frenaba las revalorizaciones excesivas para las mayores. Cabe recordar, en este punto, que los Presupuestos dejarán alzas del 1,6 por ciento para todos los pensionistas; y del 3 por ciento para quienes se benefician de prestaciones mínimas y de viudedad.
Pensiones se lleva la palma
El incremento de las pensiones con el IPC costará a las arcas 1.600 millones este año, cantidad a la que se deben añadir otros 3.700 millones que el sistema debe incluir para asumir las nóminas de otros 100.000 nuevos jubilados; y las mejores condiciones en que se retiran –una media de más de 1.400 euros al mes, según fuentes del Pacto de Toledo–.
A esas cifras hay que añadirle el coste de las subidas de viudedad y de las mínimas, por lo que el desembolso total superará en 5.000 millones al del año pasado una vez se aprueben definitivamente las Cuentas a finales de junio.
El de los funcionarios es el otro colectivo netamente beneficiado de los Presupuestos. Para ellos está prevista un alza salarial del 1,7 por ciento para este año, la más elevada desde 2009. Para ello, el ministro Cristóbal Montoro tendrá que destinar 2.450 millones adicionales a una partida que roza ya los 125.000 millones, siendo la segunda más elevada en las Cuentas.
Al margen de estas partidas, se suman otros 500 millones que se van a dedicar a la equiparación salarial entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y sus homólogos en las comunidades autónomas, tras una dura negociación entre los sindicatos y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
El otro gran beneficio que el acuerdo político presupuestario dejará va a las rentas del trabajo inferiores a 18.000 euros. El mínimo exento para tributar por IRPF se eleva de 12.000 a 14.000 euros anuales, con un coste para el Estado de 700 millones. A esa cantidad hay que añadirle 800 millones más por efecto de la rebaja que notarán los asalariados que cobren entre 14.000 y 18.000 euros al año; y por efecto de nuevas deducciones en el impuesto para familias numerosas, y cónyuges de personas con discapacidad, entre otras. Esta reducción del impuesto, que costará 1.540 millones en total, lleva el sello de C’s, quien exigió que se aprobase para dar el sí a las Cuentas.
Vuelta a la obra pública
Los Presupuestos, además, incluyen una mejora de la dotación de la sanidad y la dependencia en 300 millones; de la educación en 100 millones; y de la I+D+i en 350 millones, si bien en porcentaje el mayor aumento se lo lleva la partida dedicada a inversión pública. Sube un 16,5 por ciento en relación al ejercicio anterior. Tras años de críticas del Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, Montoro facilitará 1.000 millones más a esta área, ejecutada principalmente por los ministerios de Fomento y Agricultura.
La mayor financiación en obra pública sin duda también se notará por el incremento de las entregas a cuenta a las autonomías, que recibirán este año 4.000 millones más que el anterior por la mejora de la recaudación. Un regalo de Hacienda que viene a suplir la reforma de la financiación autonómica, aún pendiente, y que permitirá a los gobiernos adecentar calles y aceras a pocos meses de los comicios regionales.
Fuente: ElEconomista.es