Los notarios han detectado un incremento en el empleo de bitcoin y el resto de las criptomonedas en la constitución de sociedades y ampliaciones de capital, lo que ha motivado una serie de alertas al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado (OCP) desde febrero de 2016.

Para Pedro Galindo, director del OCP, las monedas virtuales son un elemento de riesgo, por una parte al no existir regulación genera un anonimato que puede amparar al terrorismo internacional y, además, porque es un producto de riesgo con una extraordinaria volatilidad.

Además, muchos monederos electrónicos admiten clientes con un simple alias y las monedas virtuales pueden deslocalizarse a cualquier rincón del mundo.

Policía, fiscales y jueces

La Unión Europea intenta crear una regulación armonizada que obligue a los monederos virtuales a informar sobre quienes realizan las operaciones, pero tan sólo alcanzará a la propia UE y no al resto del mundo.

La prevención del blanqueo de capitales a través de las operaciones con bitcoin es una de las actividades que realiza el OCP del Notariado, que ha dado un importante paso a adelante con la creación de una base de datos en las que están identificadas más de 25.000 personas con responsabilidad pública. Este nuevo archivo para la prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros se encuentra a disposición de las autoridades judiciales y policiales.

El presidente del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz señaló ayer que «la importancia de la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública del Notariado reside en la necesidad del Estado de controlar de modo eficaz los negocios que desarrollan todos aquellos que ejercen cargo público, lo que permite prevenir o, en su caso reprimir, delitos vinculados a lo que se conoce de modo amplio como corrupción, pero que engloban otros, desde una prevaricación a una malversación de caudales públicos».

Por su parte, José Marqueño de Llano, presidente de la Unión Internacional del Notariado destacó que el sistema notarial español de lucha contra el blanqueo de capitales ha sido elegido por la institución que preside -con representación en 87 países los cinco continentes- como el modelo a seguir por el resto de notariados del mundo.

En la base de datos se incorporan datos, incluido el DNI, de 14.641 personas con responsabilidad pública por elección o por designación -Gobierno y Administración Central hasta nivel director general; gobiernos, diputados y altos cargos de las comunidades autónomas; alcaldes y concejales de localidades de más de 50.000 habitantes y directivos de empresas públicas estatales, autonómicas y municipales.

También, se incluyen 10.544 personas allegadas a personas con responsabilidad pública por relaciones o de negocios; otras 2.225 por ser titulares reales de una sociedad en la que también participa una persona con responsabilidad pública; y 8.319 con relaciones empresariales estrechas con una persona con responsabilidad pública.

Fuente: ElEconomista.es