Valencia plantea alargarlo 10 años por el exceso de aportaciones en 2020. 

La crisis del Covid va a provocar que las administraciones públicas tengan que hacer frente al agujero generado en sus ingresos del año pasado por la pandemia y el freno a la actividad económica durante varios ejercicios. Una muestra de ello es que los grandes ayuntamientos ya empiezan a movilizarse para alargar los plazos con los que afrontar la devolución del dinero que el Estado inyectó en 2020 a través de las entregas a cuenta mensuales.

Unas cantidades que ya se aportaron el año pasado según las previsiones presupuestarias, pero que se verán notablemente reducidas cuando se liquiden definitivamente las cuentas por la caída de la recaudación tributaria durante la emergencia sanitaria. En el caso del IVA, el recorte en los ingresos se cifra en el 11,5%, mientras que los Impuestos Especiales han reducido su recaudación un 12,1%, por mencionar algunos de los tributos que se destinan en parte a las entidades locales.

El Ayuntamiento de Valencia es uno de los consistorios que ya ha iniciado esta reivindicación ante el Ministerio de Hacienda y que lidera este movimiento. Según los cálculos de la corporación que preside Joan Ribó, la liquidación supondrá un saldo negativo de 55,13 millones de euros solo en el Fondo Complementario de Financiación, que representó el grueso de los 369 millones de las entregas a cuenta que recibió del Gobierno central el año pasado. A ello habrá que sumar la diferencia en la liquidación de los impuestos cedidos, cuyos ingresos reales también han estado por debajo de lo previsto antes de que estallase la pandemia.

El Estado aportó el año pasado 11.292 millones a las entidades locales a través de este Fondo Complementario de Financiación, que se destina a los municipios de más de 75.000 habitantes y capitales de provincia o autonomías (97 ayuntamientos en total el año pasado), además de a diputaciones y cabildos. Estos organismos locales registrarán un saldo negativo de cerca de 1.900 millones de euros en su liquidación de 2020, si se aplica la estimación realizada en el caso de Valencia.

La legislación establece un plazo de tres años para hacer frente al retorno de la diferencia entre lo percibido inicialmente y la liquidación definitiva. En la práctica, ayuntamientos y diputaciones materializan esta devolución con un descuento de esas cantidades en las entregas a cuenta que les aportará el Estado en los próximos ejercicios, a partir de 2022. Es decir, supondría un agujero en los ingresos para los tres presupuestos locales de los tres próximos años que ya ha hecho saltar las alarmas.

Desde este organismo municipalista, fuentes oficiales señalaron que se hace un «seguimiento permanente» tanto de las entregas a cuenta como de la liquidación, aunque no cuantificaron el alcance que puede suponer el saldo negativo en el conjunto de los consistorios españoles. Además, consideran que la solicitud de ampliación del periodo para la devolución «podría quedar contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022», incluso tras ser propuesta como enmienda a los mismos.

Postura del Gobierno

Por su parte desde el Ministerio de Hacienda se asegura que «no hay una decisión tomada al respecto», aunque se reconoce que el Ejecutivo es consciente que será necesaria alguna medida para hacer frente a la merma que supondrá esta realidad para las administraciones locales.

Desde Hacienda se deja abierta la puerta a financiar las devoluciones mediante esta fórmula de mayor flexibilidad en el plazo, ya que el ministerio defiende que su postura pasa por apoyar tanto a comunidades autónomas como a los entes locales ante la crisis. Y alargar el periodo para que los ayuntamientos puedan materializar el ajuste en sus presupuestos se considera una solución factible.

El precedente que aún están pagando las entidades locales

Si los movimientos de los ayuntamientos para ampliar los plazos para afrontar el desfase generado por la crisis del Covid llegan a buen puerto, no sería la primera vez que se aplica una medida de este tipo. En la anterior crisis, en concreto en los ejercicios 2008 y 2009, ya se acordaron aplazamientos similares en la devolución de las entregas a cuenta, que se quedaron lejos de unas previsiones que no se llegaron a cumplir. Inicialmente se amplió el plazo en cinco años, aunque ante la prolongación de la situación adversa posteriormente se llegó a prorrogar inicialmente a 10 años y finalmente en otros 10 más.

Es decir, se concedió alargar ese ajuste en los ingresos futuros precedentes del Estado durante 20 años, por lo que a día de hoy a la hora de calcular las entregas a cuenta a las administraciones locales se sigue descontando esa deuda. Una herencia que deja al descubierto una de las grandes reformas que se aparcan año tras año, la de la financiación autonómica y municipal.

Fuente: ElEconomista.es