Entre el 15 de abril y el 15 de mayo algunos juzgados han tenido una entrada de asuntos superior a la esperada.

El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas han coincidido en la conveniencia de prorrogar durante seis meses más el plan de especialización en cláusulas abusivas en los 20 órganos judiciales donde éste vencerá el próximo 30 de junio.

Una vez que transcurran los seis meses que se establecen en la última prórroga,  en materia de consumidores, para definir un nuevo modelo que dé respuesta a la litigiosidad masiva que se va a generar tras el fin del estado de alarma.

Mientras tanto, seguirán atendiendo de manera exclusiva las demandas de los ciudadanos que opten por la vía judicial en sus reclamaciones por estos asuntos, tal y como se acordó en el plan de especialización de juzgados aprobado en junio de 2017.

El plan se ha ido prolongando periódicamente desde esa fecha y se ha venido ajustando a las necesidades concretas de cada órgano, sobre todo para seguir tramitando el elevado volumen de demandas presentadas por las cláusulas suelo.

Sin embargo, los datos provisionales correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de abril y el 15 de mayo ponen de manifiesto cómo algunos juzgados han tenido una entrada de asuntos superior a la esperada. Es el caso de Albacete (durante ese mes, se registró un número de asuntos equivalente al 64% del total ingresado en todo el primer trimestre); Girona (82%); Vitoria-Gasteiz (78%) y Oviedo (68%).

Asimismo, durante ese mes entraron en los Juzgados de Girona y Lleida un número significativo de demandas relacionadas con el IRPH: en Girona, 50 de un total de 139 asuntos nuevos y en Lleida, 30 de un total de 80.

Por lo que respecta al ejercicio 2019, los datos mostraron una mejora de la situación de los órganos especializados en cláusulas suelo en toda España con respecto al año anterior. Por Comunidades Autónomas, la tasa de resolución anual –que es el cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un periodo determinado- fue la siguiente:

Andalucía (99,5%); Aragón (229,8%); Asturias (189,5%); Baleares (113%); Canarias (169%); Cantabria (103%); Castilla y León (142,6%); Castilla-La Mancha (128,6%); Cataluña (90,4%); Comunidad Valenciana (99,2%); Extremadura (145,7%); Galicia (125,5%); Madrid (49,7%); Murcia (101,9%); Navarra (105,3%); País Vasco (104,7%) y La Rioja (132,5%). La tasa de resolución a nivel nacional fue del 106,9%.

Medidas de refuerzo vigentes

Además de los titulares de los órganos correspondientes, las medidas vigentes en este momento consisten en 102 jueces de refuerzo que se dividen en jueces comisionados con o sin relevación de funciones, jueces de adscripción territorial en funciones de refuerzo y jueces sustitutos adscritos en funciones de refuerzo.

Del mismo modo, las secciones civiles-mercantiles de las audiencias provinciales que conocen de los recursos de apelación en relación con estos asuntos cuentan, además de los magistrados titulares, con un total de 54 magistrados comisionados en funciones de refuerzo.

Catorce de ellos refuerzan las secciones con relevación de funciones y los 40 restantes, sin relevación de funciones. No disponen de estos refuerzos las audiencias de Baleares, Cantabria, Castilla y León y Murcia.

A la reunión de este miércoles, que ha sido telemática, han asistido los vocales Gerardo Martínez Tristán y Mar Cabrejas, así como los que integran la Comisión Permanente (Álvaro Cuesta, Nuria Díaz Abad, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo).

También han participado consejeras o consejeros de Justicia de La Rioja, Canarias, País Vasco y Cataluña y otros responsables de Galicia, Asturias y Aragón, Comunidades Autónomas en cuyos territorios se encuentran los Juzgados afectados, así como el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero.

Un cambio en el horario de las comparecencias ante el Parlamento ha imposibilitado la asistencia del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que estaba inicialmente prevista.

Fuente: ElEconomista.es