Los inspectores de Hacienda consideran que la nueva Ley de Función Pública que prepara el Ejecutivo debería desistir del plan de simplificación de las pruebas de acceso y promoción interna, que ha soliviantado a los Cuerpos Superiores de la Administración, y centrarse en objetivos como la reducción por ley del número de asesores de los gobiernos o la abolición de uso abusivo de interinos para cubrir vacantes.
Así figura en el pliego de alegaciones presentado el viernes por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) durante el trámite de información pública relativo al Anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, en el último día de plazo ofrecido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. El documento, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, desgrana las reclamaciones que el colectivo viene haciendo a la ministra del ramo, María Jesús Montero, para que renuncie al pacto alcanzado con los sindicatos de facilitar los ascensos en el sector público a la vez que pasa a la ofensiva y propone usar la ley para atar en corto al Gobierno.
Los inspectores consideran que la regulación del personal eventual, es decir los asesores y asistentes de confianza de los cargos electos, que se deja en manos del Consejo de Ministros, resulta «demasiado discrecional y arbitrario». El sistema, denuncian, «ha venido llenando las portadas de los diarios, por los costes que acarrea al Erario público el elevado número de nombramientos de este tipo», como ocurrió cuando EXPANSIÓN reveló que el Gobierno había batido su propio récord sumando 785 asesores y cargos de confianza, un 30% más que con el último Ejecutivo de Mariano Rajoy. Desde la Asociación IHE instan a fijar por ley o reglamento «un número máximo de personal eventual vinculado a cada alto cargo de la Administración del Estado» y proponen fijar una escala en función de la relevancia de cada cargo electo para establecer, «por ejemplo, un máximo de tres eventuales vinculados a un ministro, o un eventual vinculado a un director general».
Más allá, los inspectores de Hacienda abogan por limitar el número de puestos asumibles por políticos, priorizando a los funcionarios de carrera para los puestos de responsabilidad a partir del segundo nivel de escalafón. «Cualquier cargo por debajo de un ministro debe ser un directivo público y, por tanto, un funcionario público», defienden, si bien rebajan su exigencia considerando eso sí «irrenunciable que la total cobertura por funcionarios públicos alcance al rango, como mínimo de un director general».
Además piden poner coto temporal a los mandatos de los directivos públicos, evitando conceder prórrogas en cargos con una duración de cinco años u optando por mandatos de 3 años prorrogables una sola vez.
En paralelo, la Asociación conmina al Gobierno a suprimir la utilización de interinos para cubrir plazas vacantes, máximo después de las sentencias judiciales que han condenado el abuso de esta figura obligando a regularizar su situación laboral. La IHE defiende que una adecuada planificación evitaría la necesidad de recurrir a esta práctica salvo en circunstancias extraordinarias.
Finalmente, los Inspectores retoman su batalla central al solicitar que la promoción interna vertical a puestos de alta responsabilidad, los del subgrupo A1, se cubran por oposición, sin admitir el concurso-oposición, para evitar que las exigentes pruebas de acceso actuales acaben sustituidas por test y entrevistas personales.
En este plano, los Inspectores también piden al Gobierno cautela a la hora de garantizar plazas a colectivos infrarrepresentados. «Tan inconstitucional sería dificultar al acceso, discriminando por motivos de religión, raza, sexo, condición física, procedencia social u otras, como favorecerlo indebidamente en base a algunas de esas características», defiende el pliego de alegaciones.
Fuente: Expansión
