Es necesario atender a la regulación de las criptomonedas, de la economía colaborativa o del teletrabajo.

La digitalización ha venido para quedarse. Esta frase tan repetida y algo manida, es la realidad de nuestro tiempo. Ello afecta a todos los ámbitos del derecho, pero, sobre todo, al tributario. Los que nos dedicamos al estudio de esta disciplina estamos acostumbrados a lidiar con cambios normativos constantes que buscan adaptar el Derecho para dar respuesta a una realidad cambiante. Igualmente, la situación generada por la COVID-19 ha demostrado tanto las debilidades de nuestro sistema, como nuestras fortalezas, pero a su vez debe invitarnos a reflexionar sobre la necesaria existencia de los tributos y su consecuente reformulación.

Por un lado, ya venían planteándose diversos problemas jurídicos derivados de la digitalización y la globalización. Será necesario atender a la regulación de las criptomonedas, la economía colaborativa, el teletrabajo y, a su vez, es necesario adecuar la normativa ya existente a las actuales formas de negocio.

Un ejemplo lo encontramos en las nuevas reglas del comercio electrónico, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, que entran en vigor el día 1 de julio. Precisamente, para adaptarse a los cambios en la conducta de los consumidores que compran en un mercado global a través de internet y con las grandes plataformas como mediadores se ha optado por establecer un régimen de tributación en destino, donde se van a consumir los productos. A su vez, para evitar la competencia desleal, se han eliminado las exenciones en las importaciones que hasta ahora no tributaban por su escaso valor. Hoy en día el consumidor adquiere productos a través de plataformas realizando auténticas importaciones exentas de IVA y de aranceles, en la mayoría de los casos sin ser conocedor de ello, de las cuales se beneficia el empresario que reside fuera. Así, estos productos importados son más baratos en comparación con los nacionales puesto que el empresario de casa está obligado a pagar todos los impuestos por la venta del mismo producto, por citar un ejemplo.

Unido a ello y relacionado con lo anterior existe un evidente clamor social que reclama un reparto de la carga tributaria justo y equitativo. La globalización unida a la digitalización ha permitido a las empresas planificarse fiscalmente de tal forma que, siguiendo el esquema tradicional de residencia, no se tributa en el lugar donde realmente se crea valor o se genera el beneficio real llevando a los Estados a una evidente pérdida recaudatoria y a los contribuyentes a sentirse desigualmente tratados en beneficio de las grandes multinacionales. Esta cuestión sobre la que ya se venía trabajando en la OCDE, el G-20 y la Unión Europea ha experimentado un impulso evidente tras los gastos generados por la pandemia que han puesto de manifiesto, aún más, la necesidad de recaudación, y tras el reciente apoyo a un plan de tributación mínima dado por el G-7 (EE. UU, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá e Italia) el pasado 5 de junio.

Sin duda, este acuerdo de mínimos supone un gran avance no sólo para los Estados, sino también para las propias empresas. Y ello porque era evidente que alguna medida era necesaria tomar ante un reparto de la carga evidentemente injusto. La solución no pasa por el establecimiento de medidas unilaterales por los distintos países, entre ellos España con el nuevo impuesto sobre servicios digitales, que obligan a las empresas a estar en un permanente estado de incertidumbre que nada ayuda a su crecimiento. Una solución global, a pesar de todas las complejidades técnicas que conlleva, siempre es una garantía mayor de seguridad jurídica.

Por el otro lado, la digitalización aporta muchísimo en aras a una mayor eficacia de las administraciones. El Big Data a través del análisis cognitivo y el machine learning, unido a las aplicaciones de Inteligencia Artificial y blockchain, junto al resto de herramientas que se van creando suponen, sin duda, una revolución de nuestro sistema desde la parte activa de la relación jurídico-tributaria.

En efecto, la aplicación de las herramientas tecnológicas al tratamiento de la información, a la automatización de los procedimientos o la lucha contra el fraude son avances en los que ganamos todos, pero deben ser utilizados con sumo cuidado para no producir situaciones de indefensión o vulneraciones de derechos. Nos referimos a una suerte de apuesta cultural, educativa, además de técnica por parte de los gobiernos que realmente crean en una posible Administración Digital con todo lo que ello implica. La administración está llamada a aprovechar las herramientas que se le ofrecen para construir un derecho más justo, menos discrecional, más eficiente y eficaz, que aporte certidumbre y, por tanto, mayor seguridad jurídica. Ahí está el reto. Y es que no cabe duda de que algo está cambiando.

Fuente: Cincodías.com