El hachazo fiscal y la contrarreforma laboral tumbarían las inversiones y la contratación.

Los empresarios se rebelan contra las propuestas del PSOE a Unidas Podemos. Las principales patronales y organizaciones empresariales acusan a Pedro Sánchez y su equipo de plantear un programa electoral, más que un plan de Gobierno, que mermará la competitividad de las compañías españolas, dañará las inversiones, reducirá el crecimiento económico y retrasará la reducción del déficit. Esto «no parece la política más adecuada en un contexto de desaceleración de la economía y ralentización de la creación de empleo», advierten.

Coinciden en este diagnóstico las principales patronales y organizaciones empresariales españolas, instituciones de la talla de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el Círculo de Empresarios, el Club de Exportadores, la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) o la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmCham), que razonan que la mayor regulación, la reversión de lo que el PSOE define como «los aspectos más lesivos de la reforma laboral» y la subida de impuestos supondrán un freno a la inversión, lo que dañará el crecimiento.

Una de las medidas más críticas es precisamente la «contrarreforma del mercado de trabajo», lo que unido a una mayor subida de los costes laborales puede frenar todavía más la creación de empleo, advierte Luis Fabián Márquez, presidente de Analistas de Relaciones Industriales. «No tiene sentido sentido cargarse el acortamiento de la ultraactividad de los convenios colectivos y la primacía del convenio de empresa, porque nuestra negociación colectiva ya es demasiado rígida. Y me inquietan las subidas caprichosas del salario mínimo que pueden hacer que el SMI se coma los tramos mas bajos de los convenios colectivos, porque eso afectará a los precios y a la competitividad de las empresas», advierte.

La situación de la economía no es nada halagüeña. Por un lado, el empleo se ha frenado muy sustancialmente por la pérdida de dinamismo de la industria y el turismo, motivado por la desaceleración de la demanda europea, pero esta ralentización se empieza a extender ya al resto de los sectores, debido a que el menor optimismo entre los empresarios (en el que influyen las perspectivas de un Gobierno que desmonte las reformas) ha llevado al aplazamiento o paralización de muchas inversiones. Con ello, el PIB podría frenar hasta el 0,4% en los dos últimos trimestres del año, tras el 0,7% registrado entre enero y marzo.

Descuadre presupuestario

Al mismo tiempo, la subida de impuestos será insuficiente para compensar el aumento de gastos, lo que aguará el ajuste del déficit, ya bastante descafeinado. Y esto supone un problema en un momento en el que la deuda pública lleva cinco años estancada en torno al 100% del PIB a pesar del fuerte periodo de crecimiento desde 2014, y más cuando este ajuste se complica por la ralentización de la economía y la continua expansión de gastos del Ejecutivo, que ya prevé un desfase entre este año y el próximo de 32.000 millones de euros más de lo que marca el objetivo de déficit pactado con Bruselas.

En concreto, la subida de las pensiones con el IPC ya supone un sobrecoste de más de 2.000 millones este año, una factura que se elevará en el próximo ejercicio y que se agravará hasta el equivalente a 35.000 millones anuales en las próximas décadas con la supresión del Factor de Equidad Intergeneracional si no se encuentra otra fórmula que lo sustituya. A esto hay que sumar la mejora de la financiación para la educación hasta el 5% del PIB, lo que supone un gasto de 900 millones al año, la implantación de un Ingreso Mínimo Vital (hasta 5.500 millones de euros, según la Autoridad Fiscal), la mayor aportación en ayuda al desarrollo (aunque no está cuantificada) y la eliminación de copagos farmacéuticos (400 millones). En total, el coste para las arcas públicas ascendería a 9.000 millones de euros al año.

Todo ello, exigiría una subida similar de impuestos que dañaría la inversión, la actividad empresarial y el consumo. De hecho, Sánchez plantea una revisión de los tributos ambientales (como es el impuesto al diésel), un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, una tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para grandes empresas (hasta el 18% en el caso de la banca y las petroleras), la limitación de las exenciones de dividendos y plusvalías para las empresas, la subida de los tramos más altos del IRPF o la intención de promover un impuesto europeo al CO2. Sin embargo, la Autoridad Fiscal alerta de que el potencial recaudatorio de estas medidas es muy inferior a lo planteado por el PSOE (en algunos casos, cero), aunque muchas de ellas sí podrían desalentar la inversión y el crecimiento. Todo ello, complicará el ajuste del déficit, que el Gobierno ya sitúa en el 1,9% del PIB para el próximo año, cuatro veces más que el objetivo pactado con Bruselas.

Fuente: Expansión.com