Varios de los asistentes a la comida con Felipe VI del pasado lunes le propusieron una modificación de la Carta Magna que incluyese mejoras económicas al estilo del País Vasco.

El Rey ya sabe lo que opinan los empresarios catalanes presuntamente más moderados sobre la crisis en Cataluña y cuáles podrían ser las soluciones para resolver un conflicto que está afectando al país y a sus intereses. Según han asegurado fuentes conocedoras de la comida que Felipe VI mantuvo con siete personalidades del tejido industrial y político el pasado lunes en Barcelona, algunos de los asistentes le propusieron “reformar” o “releer” la Constitución para encajar el problema territorial y buscar una alternativa fiscal para la comunidad autónoma similar a la del País Vasco.

El encuentro, que tuvo lugar en el Palacete Albéniz, fue promovido por la Casa Real para testar la opinión de algunos empresarios locales sobre cómo resolver el enfrentamiento entre el Gobierno de Madrid y el de la Generalitat. Por deseo del Rey, la reunión tuvo un carácter informal, sin el protocolo oficial de la institución monárquica, porque Felipe VI quería que sus interlocutores hablasen con comodidad.

Como adelantó El Confidencial el pasado martes, a la comida asistieron el todavía presidente de Abertis, Salvador Alemany, hombre vinculado a posturas independentistas por haber formado parte de un consejo asesor de Artur Mar; el presidente de Seat, Luca de Meo; el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu; el de Cuatrecasas, Rafael Fontana; el presidente de Planeta, José Creuheras; el primer ejecutivo de Gas Natural, Francisco Reynés; el consejero delegado de Puig, Marc Puig;así como el líder de la patronal de Fomento de Trabajo, Joaquín Gay de Montellà, y el presidente del Cercle de Economía y de Inmobiliaria Colonial, Juan José Bruguera.

El almuerzo sirvió para que el Rey escuchase algunas de las alternativas para resolver la crisis catalana, que todos calificaron de “muy grave”. La respuesta general fue que había que analizar la conveniencia de modificar la Constitución para encajar las sensibilidades de todas las comunidades autónomas. Un planteamiento que algunos definieron como la necesidad de “reformar” la Carta Magna y otros como la obligación de “releer” el texto que regula la convivencia en España.

A eso se refirió Felipe VI, que aseguró que su deber es defender los derechos de los 47 millones de españoles y no solo de los siete millones de catalanes, por muy preocupante que sea la situación actual en la primera región económica del país. Pero los empresarios insistieron en esa vía como fórmula para desarrollar un pacto fiscal similar al que el Gobierno de Madrid tiene con el País Vasco. Unas ventajas económicas que consideran acallarían parte de las reivindicaciones históricas de la Generalitat sobre el supuesto déficit del Estado con Cataluña.

La lengua y la ‘pela’

En este sentido, también comentaron que la modificación de la Constitución serviría para solventar el problema de la lengua catalana, otro de los caballos de batalla sobre el que no hay consenso en lo relativo a la educación y que tanto se reclama en Barcelona como símbolo de la identidad local. Un escollo que el Gobierno ha decidido aparcar, al no incluir la casilla lingüística que garantizaría poder estudiar en castellano en las escuelas públicas de Cataluña a través del 155.