La CEOE rechaza el Anteproyecto si se mantiene el texto del último borrador.

El Gobierno no contará con el apoyo de la CEOE para el Anteproyecto de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo que aprobará mañana el Consejo de Ministros -lo anunció el viernes el responsable de Seguridad Social, José Luis Escrivá-, según declaran a eE fuentes de la patronal y reconoció el ministro el pasado viernes.

Sin embargo, grandes patronales consultadas por este diario señalan que la idea de fomentar la previsión complementaria mediante la negociación colectiva tiene mucho sentido y sería bien acogida siempre que el Anteproyecto incluya un «incentivo fiscal» adecuado, algo que no existe en el último borrador que manejaban los agentes sociales el viernes. No obstante, no descartaban algún movimiento por parte de la Seguridad Social que anunció en la última reunión el envió de una última propuesta. «Hay tiempo hasta el martes por la mañana», señalaron las fuentes consultadas.

Ese borrador incluye como único incentivo la posibilidad de reducir de la base de cotización de la Seguridad Social una parte de las aportaciones empresariales a planes de empleo de sus trabajadores, que en la práctica supone un ahorro máximo de 301 euros anuales por trabajador. Algo considerado totalmente insuficiente por los empresarios. Sin embargo, los sectores consultados por el eE verían con buenos ojos que se recuperara la desgravación de un 10% de las aportaciones en el Impuesto de Sociedades o cualquier otra fórmula fiscal que desgrave en este impuesto.

Unas ventajas fiscales razonablemente atractivas abrirían la puerta para que grandes sectores, especialmente aquellos con salarios medios o medio-bajos, se planteasen incluir en la negociación colectiva pactar con sus trabajadores planes de pensiones de empresa, máximo objetivo del Anteproyecto de ley que se aprueba mañana.

Fuentes cercanas a la negociación valoran como positiva la redacción actual relativa a la negociación colectiva que exige a las empresas negociar, «y ,en su caso, acordar» con los representantes legales de los trabajadores sistemas de previsión social empresarial «en la forma que se determine en la legislación laboral». Es decir, exige negociar, pero no impone a los sectores la obligación de establecer en los convenios planes de pensiones de empleo complementarios. para sus empleados.

Trámite parlamentario

Las fuentes empresariales consultadas apuntan que la Seguridad Social vería con buenos ojos incluir un tercer incentivo para fomentar los planes de pensiones. El primero, reconocido ya, es para los trabajadores que desgravarían sus aportaciones en el IRPF; el segundo, que incluye el Anteproyecto, de desgravaciones en la base de cotización, y este tercero, sobre la declaraciones de las empresas en el Impuesto de Sociedades.

Sin embargo, según estas fuentes, el departamento de Escrivá les ha hecho ver la necesidad de contar con alguna contrapartida que ofrecer a los grupos parlamentarios en el trámite parlamentario, posiblemente estas desgravaciones en el impuesto de sociedades.

Además, hay un problema añadido. El ministro deberá negociar con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, una posible desgravación fiscal que mermaría los ingresos del impuesto empresarial. Sin embargo, la desgravación en las bases de las cotizaciones no ha de negociarlo con nadie, pues afecta a la recaudación de los ingresos de la Seguridad Social.

A cambio, ampliar la pensión complementaria a un gran número de trabajadores, millones si entran los grandes sectores mediante la negociación colectiva, rebajaría en un futuro la presión sobre las pensiones públicas de la Seguridad Social.

Recuperar los planes individuales

Estas fuentes empresariales consideran que el Gobierno ha afrontado mal los planes de pensiones de empleo, pues lo ha hecho a costa de los individuales. Algo que ha puesto en pie de guerra a las gestoras de planes de pensiones que son las que deberán gestionar los nuevos planes de empleo. No obstante, consideran que si finalmente cuajan los planes simplificados manejarán mucho activo nuevo. Solo en un sector, según sus cálculos, serian 3.500 millones en 10 años.

Control de las inversiones

Uno de los cambios hechos por el Gobierno en los últimos borradores presentados a los negociadores para atraer al sector privado al fondo de pensiones de promoción pública está en que el Gobierno ya no será el máximo responsable de las decisiones sobre las inversiones que se realicen con la aportaciones de los trabajadores y empresas a estos vehículos de ahorro.

En la última versión del texto, a la que ha tenido acceso a este medio, si bien se fija que la Comisión Promotora y de Seguimiento que estará integrada por nueve miembros, funcionarios de carrera, estará encargada de «establecer y aprobar un marco común de estrategia de inversión que tendrá un carácter estable y a largo plazo» -que deberá revisar al menos cada tres años- la comisión gestora del conjunto de los fondos articulará la estrategia.

Se trata de la Comisión de Control Especial de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos que estará compuesta por trece miembros nombrados por la Comisión Promotora y de Seguimiento. De ellos, cuatro serán propuestos por las organizaciones sindicales más representativas, cuatro por las organizaciones empresariales más representativas y cinco por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En este órgano, el Gobierno cede una mayoría que en anteriores versiones del borrador de la ley quedaba en manos del Ministerio de Seguridad Social, con nueve representantes de un total de 17 personas que integraban el comité.

Y, más allá, será esta Comisión de Control Especial la que también dirimía las inversiones de los ahorros. «Toda vez que las inversiones de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos se regirán por lo dispuesto en el artículo 16 de esta Ley y en su desarrollo reglamentario». Pero la declaración comprensiva de los principios de la política de inversión, «será elaborada por la Comisión de Control Especial con la participación de las entidades gestoras».

Insta el Ejecutivo a que estas inversiones tomen en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social y medioambiental de las mismas.

Fuente: ElEconomista.es