El rechazo de la mayoría del PP en el Senado a la senda fiscal del Gobierno ha devuelto la tramitación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2024 a la casilla de salida. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy de nuevo los objetivos de déficit que sustentan sus cuentas para reiniciar el preceptivo procedimiento parlamentario y, aunque fuentes oficiales avanzan que Hacienda tiene previsto impulsar las mismas cifras pese a afrontar el riesgo de un segundo y definitivo rechazo en la Cámara Alta, el Consejo General de Economista insta al Ejecutivo a dar mayor margen de gasto a las comunidades autónomas para lograr un acuerdo con ellas que salve la senda fiscal y allane el camino al Presupuesto.
«No sacar las cuentas públicas crea desconfianza en el Gobierno español y en el propio país», sería «un elemento distorsionante» sobre la prima de riesgo y «puede restar confianza a España de cara a las inversiones extranjeras», alertó ayer Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas (CGE). En su opinión, mantener la prórroga de las cuentas públicas de 2023 «perjudica porque no te da la seguridad jurídica que te da un Presupuesto, que da seguridad interna y externa», pasando especial factura sobre las inversiones.
Para facilitar la aprobación del proyecto presupuestario, los economistas recomiendan al Ejecutivo alcanzar un pacto con las autonomías en torno a su margen de déficit para 2024 que permita salvar la senda fiscal. «Sería bueno que se llegue a un acuerdo en el cual todas las comunidades autónomas se encuentren cómodas en distribución de la capacidad de gasto», defiende Salvador Marín, director del servicio de estudios del CGE.
Una vía que Hacienda parece descartar pues ha obviado convocar un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera aunque se prepara para aprobar de nuevo hoy la senda fiscal del Presupuesto.
El Consejo de Ministros ya aprobó en diciembre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para las Administraciones Públicas del periodo 2024 a 2026, la llamada senda fiscal que sustenta el proyecto cuentas públicas por la que se comprometía a reducir el déficit del 3,9% del PIB en que se estima que cerró en 2023 al límite comunitario del 3% del PIB este año, el 2,7% en 2025 y el 2,5% en 2026, cuando la deuda caería al 104%.
A partir de ahí, Hacienda propuso que el esfuerzo fiscal previsto para este ejercicio se repartiese en 2,7 puntos de déficit para la Administración Central; 0,2 para la Seguridad Social; 0,1 para las comunidades autónomas; y un equilibro entre gastos e ingresos para los ayuntamientos.
El pasado miércoles, el PP aprovechó su mayoría absoluta en el Senado para tumbar esos objetivos, aunque se abrió a aceptarlos en segunda vuelta si el Gobierno cede a deflactar IRPF, rebajar IVA, suprimir el impuesto de generación de energía eléctrica, crear un fondo de financiación extraordinaria de hasta 16.000 millones para las regiones y darles mayor margen de déficit. Este último punto es el que el Consejo de Economistas considera que puede ser la llave para un pacto.
Hacienda, sin embargo, ya rechazó en bloque la batería de peticiones del PP, argumentando que la reactivación de las reglas fiscales europeas estrecha el margen para nuevas concesiones, que las rebajas impositivas ligadas a la inflación y la guerra en Ucrania están siendo retiradas, y que ni siquiera las regiones del PP están de acuerdo en crear un fondo para las infrafinanciadas. Es más, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió de que, lejos de obstaculizar su Presupuesto, del Senado a la senda activaría los objetivos de déficit enviados a Bruselas en primavera, más restrictivos, que exigen equilibrio presupuestario a autonomías y 2 décimas de superávit a los municipios.
Más allá, en todo caso, conviene recordar que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya alertó de que incluso ese equilibrio presupuestario de las regiones sería compatible con un crecimiento del gasto primario, neto de medidas de ingresos, del 9%, lo ya que supera los límites de la regla de gasto europea.
Ingresos públicos a la baja
En este marco, el Consejo de Economistas enfrió ayer la posibilidad de que España logre su compromiso de reducir su déficit al límite europeo del 3% del PIB. Para empezar, asumen que la economía española ralentizará su avance este año del 2,5% al 1,6% (frente al 2% del Gobierno), mientras que la inflación se enfriará al 3,2%. Ambos factores contribuirán a rebajar los ingresos públicos (que consideran disparados por el efecto del alza del precios sobre la recaudación del IVA y de un IRPF que Hacienda se ha negado a deflactar con precios y salarios). A su vez, el gasto público sigue creciendo, lo que en conjunto les lleva a revisar su previsión de déficit para cierre de 2024 del 3,3% al 3,4% del PIB.
Fuente: Expansión
