Los fondos recelan de España tras las anunciadas subidas de impuestos y las restricciones a empresas como Cabify.

L a falta de una hoja de ruta clara y conocida afecta ineludiblemente a los inversores. Y lo cierto es que los cambios en materia económica se acumulan en el haber del Ejecutivo socialista. A la posibilidad del impuesto a la banca se une el polémico decreto sobre las VTC, la paralización energética y de las radiales. Todo ello, además, con la crisis italiana como telón de fondo y amenazando de nuevo la estabilidad europea.

La situación ha comenzado a impactar ya en la imagen de España en los foros internacionales. Esta semana, distintos fondos han pedido al Gobierno que no ponga trabas regulatorias a la economía digital en el South Summit, una feria tecnológica que se celebra en Madrid. Y es que el real decreto-ley que abre la puerta a que las administraciones territoriales saquen de las calles miles de licencias de vehículos con conductor (VTC) en cuatro años, aprobado por el Ejecutivo la semana pasada, ha despertado los recelos de los inversores foráneos que habían apostado por Cabify, que opera con estas autorizaciones.

Incertidumbre

«Las recientes decisiones políticas sobre las VTC han creado una especial incertidumbre en el mundo tecnológico, donde por definición la innovación tiende a ser disruptiva sobre los modelos de negocio existente. No valoro el fondo del asunto, pero desde luego lo que sí cuestiono es que se cambien las normas de juego cuando ya estamos jugando la segunda parte», apunta Miguel Zurita, presidente de ASCRI y Managing Partner & CoCIO de Altamar Capital Partners.

Si bien el Gobierno esgrime que el periodo transitorio de la norma evita una avalancha de demandas, fuentes próximas al sector de las VTC no descartan que esta finalmente se produzca. «Los abogados que estamos consultando nos dicen que el decreto no tiene ningún fundamento jurídico», señalan estas fuentes.

El coto normativo a las plataformas de movilidad, sin embargo, no es la única medida que preocupa al capital extranjero. El propio consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, aprovechó su reciente comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera para arremeter contra el impuesto a la banca y alertar de que impulsar «cambios relevantes en la fiscalidad o estigmatizar a la banca es algo que no ayuda a generar un buen ambiente de inversión».

El mercado también mira con lupa las intenciones del Ejecutivo en sectores como el energético. Fuentes financieras apuntan a que un buen número de inversores «han dejado en «stand-by» su apuesta por las energías renovables en España». Y es que si bien es cierto que este mercado está volviendo a despegar en nuestro país, muchos inversores están esperando a que el Gobierno diseñe una hoja de ruta clara en este sector para apostar definitivamente por nuestro país. No hay que olvidar que empresas y fondos tienen muy presente la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Es un sector en el que ha habido tantos conflictos en el pasado que muchos fondos prefieren esperar a que exista un marco regulatorio definido», explican estas fuentes.

Autopistas paradas

A todo ello hay que sumar la incertidumbre que genera entre los fondos institucionales las políticas del Gobierno en materia de infraestructuras. Sobre todo, respecto a las autopistas de peaje quebradas. El anterior Ejecutivo tenía la intención de rescatar estas vías para luego sacarlas al mercado por entre 700 y 1.000 millones de euros. Sin embargo, este plan ha sido revisado por el Gobierno de Pedro Sánchez. José Luis Ábalos, ministro de Fomento, aseguró recientemente que la relicitación de estos activos, que había despertado un gran interés entre fondos de pensiones y aseguradoras, se demorará, al menos, hasta el año que viene. Según sus palabras, el déficit que generó este proceso ya está contabilizado y la resolución de esta cuestión «no será inmediata».

Fuentes conocedoras del proceso aseguran que la salida al mercado de estos activos «puede que no se produzca esta legislatura». Además, todo apunta a que este procedimiento acabará en los tribunales. Al igual que el anterior Ejecutivo, el Gobierno ha decidido que por el momento no negociará con los fondos acreedores de estas vías la cuantía de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que abonará el Estado por intervenir estas infraestructuras.

Un frente abierto más para un Gobierno que también está condicionado por el entorno exterior. Ayer, el Tesoro colocó 5.053 millones de euros a tipos de interés más altos, debido en gran parte a la amenaza que supone la crisis política de Italia para el conjunto de la Unión Europea.

Fuente: Abc.es