Mientras que parece que la inconstitucionalidad del tributo tiene escaso recorrido, se afianza la idea de conseguir demostrar que es contrario a la competencia al no afectar a todas las entidades.

A finales del próximo mes de febrero las principales entidades financieras nacionales deberán ingresar en el Tesoro la mitad del gravamen especial y temporal (en principio está creado solo para dos ejercicios, aunque puede revisarse esta condición) que el Congreso aprobó a finales del pasado año.

Los cálculos del Ejecutivo cifran en 1.500 millones de euros anuales el montante de este impuesto que afecta solo a las entidades cuyos ingresos netos de intereses y de comisiones por sus actividades en España superen los 800 millones de euros anuales. La otra mitad del nuevo impuesto deberá ser abonada en verano.

Prácticamente todos los bancos afectados (CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Unicaja, Bankinter, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar) han anunciado de forma más o menos clara su intención de recurrir la norma por entender que se trata de un nuevo impuesto que implica una doble imposición fiscal; que puede ser inconstitucional y, especialmente, que supone una vulneración a la libre competencia porque discrimina a unas entidades de otras al quedar excluidas del gravamen tanto las más pequeñas como aquellas que son filiales de bancos extranjeros aunque operen en España.

Durante algunas semanas (desde que se anunció la puesta en marcha del gravamen hasta que finalmente fue aprobado por el Senado en los últimos días de diciembre pasado), los bancos trataron de conseguir tanto que finalmente no se aprobara como que se redujera el impacto en los afectados, tratando de lograr que se generalizara a todo el sector.

Vías fallidas

El hecho de que el Banco Central Europeo emitiera un informe señalando la inconveniencia del impuesto, por entender que dificultaría tanto la solvencia de las entidades como la capacidad de estas a la hora de proporcionar créditos al conjunto de la economía, no fue suficiente para que el Gobierno decidiera dar marcha atrás.

Los afectados también confiaron en que los representantes políticos en el Parlamento del PNV movieran ficha en este sentido, pero finalmente los esfuerzos de estos diputados se centraron en conseguir llevar a arcas autonómicas estos ingresos.

Una vez aprobado el nuevo gravamen, en las entidades se ha pasado a analizar qué argumentos pueden utilizar para conseguir en los tribunales lo que no han logrado por las otras vías. Va a tratarse de una nueva pelea argumentativa entre abogados del Estado, ya que al Ejecutivo lo defenderán personas de este alto cuerpo de la Administración, pero a los bancos los representaran personas que también ganaron una de las más duras oposiciones existente y que ocupan importantes puestos de responsabilidad en los organigramas de las entidades.

El recurso deberá presentarse de manera individual, cada banco, y una vez que se haya satisfecho la cantidad que le corresponda a cada uno (el 4,86% de la suma de los intereses y comisiones netos).

En algunas entidades se considera que tanto el argumento de la doble imposición, ya que se paga por unos ingresos y posteriormente vuelven a pagar al fisco por los beneficios obtenidos, como la posible inconstitucionalidad de la medida tienen un recorrido jurídico escaso y confían más en que los tribunales les acaben dando la razón cuando argumenten que el impuesto vulnera los principios de la competencia, al discriminar a unos bancos de otros a la hora de la imposición del gravamen.

El problema, se señala en alguna de estas entidades, es que si al final se ganara por este motivo no existe ninguna seguridad de que el impuesto acabe desapareciendo y, por lo tanto, la Administración les devuelva, con intereses, las cantidades pagadas.

Efectivamente, si así fuera, el Gobierno de turno (la solución final a estos recursos tardará años en alcanzarse) podría, bien revertir esas cantidades, bien ampliarlo a todas las entidades y no solo a las nueve afectadas ahora. De esta manera, también se garantizaría la libre competencia entre bancos.

Fuente: Expansión