La Aedaf alerta de que los nuevos impuestos tendrán efecto sobre el crecimiento económico y reclaman «seguridad jurídica» al Gobierno y al Congreso.

«Lo que vemos es que son modificaciones puntuales de determinados impuestos con el único ánimo de recaudar». Así se ha pronunciado José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), sobre las modificaciones de la política fiscal del Gobierno. Un reproche al Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la presentación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados, aún sin visos de prosperar en el trámite parlamentario.

La organización ha reclamado «seguridad jurídica» para hacer frente a los retos de España. Conscientes de que el país debe afrontar el problema del déficit, los asesores fiscales han criticado las decisiones tomadas, como la creación de las llamadas tasa Google y Tobin: «Son impuestos basados en unas operaciones de estimaciones y crecimiento económico que serán difícil que se cumplan y porque todo nuevo impuesto tiene efecto sobre ese crecimiento económico».

En consecuencia, la asociación ha calificado de «activismo fiscal»las políticas de Sánchez… y también del anterior Gobierno. Reclaman altura de miras a los poderes legislativo y judicial y evitar las decisiones a corto plazo. «Al menos en la última década, nuestra política fiscal se ha conducido por unos derroteros cortoplacistas,alejados de los principios que teóricamente deberían presidir una política fiscal moderna», ha explicado la Aedaf en su informe Inseguridad jurídica en España: situación actual y propuestas para el futuro.

Desde Aedaf desconfían del efecto recaudatorio que pueden llegar a tener los nuevos impuestos y modificaciones propuestas, al tiempo que alertan de que «su introducción afecta al volumen de las operaciones sobre las que ese impuesto recae». En otras palabras, que causarían un impacto contrario al deseado.

Críticas a la «Tasa Google»

Concretamente, el presidente de la organización se ha referido a la tasa Google como un impuesto que «va a generar muchísimos problemas de aplicación» por, entre otras cosas, la determinación de su pago al estar vinculado a la IP de donde se realice la operación.

Incluso, aunque sin hablar de impuesto directo encubierto, Alemany sí ha comentado que se trata de un intento de someter a tributación de manera indirecta lo que no han podido llevar a cabo con un impuesto directo. «Tiene el problema de que va sobre la facturación y no sobre el beneficio, sin tener en cuenta los gastos», ha destaco, en refrencia a que se dará la situación de gravar vía impuestos una actividad aunque esta genere pérdidas, como ocurre en ciertos supuestos de la economía digital en empresas que todavía están en fase de expansión.

Asimismo, Javier Gómez Taboada, vocal de la Aedaf, ha calificado de «indigerible» la producción legislativa de «una norma tributaria por semana». Todo ello producto de abuso que, a su juicio, realizan los gobiernos de la fórmula del Decreto Ley, saltándose los principios que la rigen de urgencia y necesidad.

Respecto a los procedimientos tributarios, este ha señalado que el 50% de los procesos judiciales resultan contrarios a la Agencia Tributaria. «Dan fe de una actividad administrativa más que cuestionable», ha dicho Gómez Taboada, al tiempo que comentaba que «la sociedad no toma conciencia de que está siendo vapuleada, en términos tributarios».

La Aedaf también ha presentado una serie de medidas para paliar los problemas a nivel fiscal y de gestión en España. Ha reclamado una mayor especialización de los tribunales españoles en materia tributaria y la creación de un órgano consultivo, independiente del legislador, que vele por la calidad de proceso legislativo en materia tributaria, entre otras propuestas. Una suerte de Airef pero en esa materia para apoyar al Congreso y vigilar las prácticas legislativas y su funcionamiento.

Fuente: Abc.es