La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 1070/17, de 29 de diciembre, que modifica cuatro reales decretos de Hacienda al entender que ha existido una extralimitación reglamentaria, al ir más allá de los límites que establece la la Ley General Tributaria.

La norma recurrida modifica los reglamentos de Aplicación de tributos, de Revisión, de Recaudación y de Régimen Sancionador.

Según ha informado Esaú Alarcón, miembro de la sección de Derechos y Garantías y Práctica Tributaria de la Aedaf y del Consejo de Redacción de Iuris&Lex -la revista jurídica digital de elEconomista-, la Aedaf trata de evitar que en el Reglamento de Régimen Sancionador los procedimientos sancionadores caduquen cuando procedan de procedimientos de inspección.

Con la reforma del procedimiento sancionador puede exceder de los seis meses establecidos cuando se acuerde la ampliación de actuaciones inspectoras tras el acta.

Con respecto al reglamento de Revisión, ha señalado Alarcón que la Aedaf rechaza la regulación de las costas en vía económico-administrativa, dado que no hay una limitación de la cuantía de las costas.

Finalmente, en cuanto al Reglamento de Recaudación se debe a que cuando se recurre y pide la suspensión solicitando un aplazamiento, el nuevo reglamento estipula que el aplazamiento se entenderá por no presentado si no se concede dicha suspensión, lo que en la práctica es como si se inadmitiese, algo que los asesores creen que puede dar lugar a que si no se aceptan las suspensiones solicitadas, se acabe en un periodo ejecutivo.

Por otra parte, en el certificado de estar al corriente de pago se han incluido las sanciones penales, que los asesores fioscales consideran que no son sanciones tributarias y por tanto no tienen razón de estas en esta normativa y, además, no se pueden incluir desde reglamentos.

Estudiar otros recursos

Por otra parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, en el transcurso de su intervención en una jornada organizada por la demarcación territorial de Madrid – Zona Centro de esta organización, ha animado a los asociados a estudiar la inconstitucionalidad de figuras sujetas al conocido como impuesto sobre la plusvalía municipal – Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)-, tales como la constitución de derechos reales, como el derecho de superficie.

La Aedaf ha denunciado la inseguridad jurídica que ha generado la declaración de insconstitucionalidad parcial del articulado sobre la recaudación del impuesto sobre la plusvalía municipal, regulado por la Ley de Haciendas Locales.

La Aedaf tiene el convencimiento de que es improbable que la esperada reforma de la Ley de Haciendas Locales se produzca en los próximos meses y que los contribuyentes tienen motivos para reclamar lo pagado en los últimos años.

Por su parte, Juan Pedro Quintana, Magistrado y Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, explicó en su intervención en la jornada de Aedaf, que la interpretación y aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional está generando una enorme inseguridad jurídica ante la ausencia de regulación legal sobre las cuestiones del IIVTNU afectadas por la declaración de inconstitucionalidad y la disparidad de criterios en los Tribunales.

Fuente: ElEconomista.es