La disciplina es necesaria, aunque no suele ser grata en casi ningún aspecto de la vida. Sin embargo, y precisamente por eso, no se puede vivir siempre sin reglas. Esto también es cierto en la gestión pública, y habría que recordarlo más en este 2024, en el que vuelven a entrar en vigor las reglas fiscales europeas, que, además han sido reformadas en profundidad. En la clausura del III Foro de fiscalidad de EsadeEcpol, que tuve la suerte de volver a dirigir el pasado miércoles, lo recordaba la presidenta de la Airef, Cristina Herrero: las Administraciones Públicas no han interiorizado las nuevas reglas fiscales, y lo que suponen en cuanto al necesario ajuste fiscal que tenemos que acometer.

Empecemos por lo más obvio: la deuda pública española es elevada, y excede, holgadamente, del 100% del PIB. Es cierto que se ha reducido, en términos de PIB desde la pandemia, cuando llegó al 120% del PIB. Sin embargo, esta reducción no va a continuar, o, mejor dicho, no seguirá sin realizar un ajuste fiscal. Hay dos razones por las que se ha reducido la deuda pública. En primer lugar, porque hemos recuperado la actividad económica previa a la pandemia. Esto quiere decir que el nivel de deuda estaba artificialmente hinchado por una caída del PIB. Pero, el crecimiento real, una vez recuperada la actividad económica normal, ya no será el mismo.

El segundo elemento que ha reducido nuestro nivel de deuda es el aumento nominal del PIB. Les traduzco la jerga: la inflación interna. Somos dependientes de un impuesto inflacionario, que afortunadamente se está reduciendo. Esto hace que los aumentos de recaudación, especialmente en nuestro principal impuesto, el IRPF, no sean tan elevados. Pero, sobre todo, el denominador de la «división deuda entre PIB» ya no aumenta tanto como antes. Por lo tanto, para que este cociente deuda sobre PIB no empiece de nuevo a aumentar, hay que reducir el déficit público.

Una cuestión que, desgraciadamente, no se puede obviar es que en los próximos años nos enfrentaremos a un gasto creciente por el proceso de envejecimiento . En este tema del gasto asociado al envejecimiento, lo primero que nos viene a la cabeza a todo es el gasto en pensiones, que asciende ya a más del 13% del PIB y que el gasto más cuantioso. Según la proyección de Esther Gordo, directora de análisis económico de la Airef, efectivamente el gasto en pensiones se irá incrementando una media del 4,1% anual en los próximos años. Pero, las necesidades de gasto también serán mayores para las CCAA, ya que aquí hay una previsión de aumento de gasto en sanidad, que es la mayor partida de gasto público después de las pensiones, del 4,2%. Aquí también hay que añadir un espectacular aumento previsto del gasto en dependencia del 6,7% anual en los próximos años.

A todo esto, hay que añadirle, para la analista del Real Instituto Elcano, Judith Arnal, el efecto «bola de nieve» en la deuda pública, es decir el efecto de que, con la subida de los tipos de interés, el coste de financiación de la deuda crezca más que el desarrollo de la economía que la sostiene. Hasta ahora, este efecto era negativo, la economía crecía más que lo que la hacía la deuda por el pago de intereses. Sin embargo, y pese a que la gestión de la deuda pública, alargando los plazos de vencimiento, ha sido un éxito, esto necesariamente cambiará en los próximos años y es una razón más para el ajuste fiscal.

Y, en tercer lugar, queda la reforma global del sistema fiscal, otra asignatura pendiente de la economía española. Tenemos un sistema fiscal excesivamente complejo, que es más bien un conjunto deslavazado de impuestos. Además, como señaló David López- Rodríguez, economista del Banco de España y uno de los autores del Libro Blanco para la reforma fiscal, esta falta de sistemática se acentúa en la imposición indirecta, especialmente en la medioambiental.

Inevitablemente, parte de la complejidad de nuestro sistema fiscal se deriva, como destacó el profesor Santiago Lago Peña, también coautor del libro blanco, de que tenemos uno de los sistemas fiscales más descentralizados del mundo. Para mejorar la coordinación, habría que reformar de forma global la financiación autonómica. Hasta que eso llegue, una reforma fácil, urgente y necesaria, consistiría en modificar el sistema de retenciones del IRPF, para que los contribuyentes, y las propias CCAA no tarden dos años en ver reflejados los aumentos y rebajas de impuestos, que éstas decidan en el legítimo uso de su autonomía fiscal.

El sistema fiscal, y sus problemas, también afectan a la desigualdad, como puso de manifiesto la profesora Clara Martínez Toledano. Así, tener dos impuestos sobre el patrimonio es una solución peor que uno solo armonizado. Pero, para luchar contra la desigualdad, un elemento fundamental es mejorar la lucha contra el fraude porque, precisamente los que más defraudan impuestos son precisamente los que más tienen que pagarlos. A mí, como inspector de Hacienda me parece una obviedad, pero éste es un elemento que se suele olvidar en las reformas fiscales.