Reclaman al Ejecutivo que cuente con las empresas para diseñar la hoja de ruta para la recuperación.
Los presidentes de las patronales empresariales de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León o País Vasco han unido sus voces esta mañana para exigir al Gobierno que prorrogue y flexibilice los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), con el fin de evitar un incremento exponencial del paro, y que también prolongue las líneas de avales en 2021 e incluso 2022 para garantizar la liquidez, toda vez que las empresas que ya han recibido préstamos este año los tendrán que empezar a devolver este año.
«La verdadera prioridad es proteger el empleo y no fomentar los subsidios. Los subsidios sirven como medida de protección, pero el empleo da proyección al ocupado y contribuye con riqueza al PIB. Los ERTE son una buena herramienta, pero está viciada desde el principio por el compromiso de mantener el empleo seis meses después de que acabe el estado de alarma. Todos sabemos que a final de año, las empresas no habrán recuperado el nivel de actividad necesario para volver a contratar personas», recalcó Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), durante su intervención en la cumbre empresarial de CEOE. El máximo dirigente de los empresarios madrileños reclamó mantener las líneas de liquidez en 2021 y mayor seguridad jurídica. «Derogar la reforma laboral o la nacionalización de las empresas es lo contrario de lo que se necesita. El Gobierno tiene que escuchar más a los empresarios y menos a propagandistas con enorme carga ideológica».
En ese sentido, Josep Sanchez Llibre, presidente de la patronal catalana Foment del Treball, señaló que el Gobierno debe asumir un triple compromiso. «Garantizar la seguridad económica, la seguridad política y la liquidez sin coste. Sembrar dudas sobre la legislación laboral solo conduce al desastre. Los empresarios estamos dispuestos a arrimar el hombre, pero el Gobierno lo tiene que hacer sin ocurrencias ni estridencias», aseguró en su discurso. Sánchez Llibre puso como ejemplo de concertación el diálogo social entre empresas y sindicatos para llevarlo al ámbito político. «Hay que restablecer la confianza de la ciudadanía con la política y la del gobierno con los grupos parlamentarios». En su opinión, un buen punto de partida podría ser los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que empezarán su tramitación parlamentaria en breve. «Los presupuestos deben ser el motor de la recuperación económica y del empleo. Pero para que se aprueben hará falta consenso, confianza y dejar al margen las opciones más populistas».
No todas las comunidades autónomas parten con el mismo nivel de financiación. Salvador Navarro, presidente de la Confederación de Empresas de Valencia (CEV), alertó que el reto de mantener el empleo en la Comunidad Valenciana, en el que el peso del turismo es muy importante, es complejo por la falta histórica de financiación . «Pedimos una reforma de la financiación autónomica porque nos sentimos ciudadanos de segunda. Las empresas necesitan un apoyo decidido del sector público para mantener el empleo». Una demanda a la que se sumó posteriormente Santiago Aparicio, presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale), una autonomía con solo 2,9 millones de habitantes en una superficie de 95.000 kilómetros cuadrados. «Nosotros nos vemos, no como ciudadanos de segunda, sino como de tercera. La gente que vive aislada necesita del apoyo de las instituciones para tener una sanidad pública que les atienda».
Si Sánchez Llibre abogó por una reindustrialización de la economía española, una parte importante de los apoyos debe ir orientada al País Vasco, en el que la industria representa el 25% del PIB. «Está afectando tanto a la oferta como a la demanda en sectores clave como automoción, aeronaútica o maquina-herramienta y eso nos preocupa sobremanera», apuntó Eduardo Zubiarre, presidente de Confebask, que cree que la salida de la crisis tendrá que dividirse en dos fases. «Resistir en 2020 y reactivar a partir de 2021 y 2022», dando por hecho que la crisis puede ser más larga de lo inicialmente previsto. En la primera etapa, Zubiarre abogó por prorrogar y flexibilizar ERTE y garantizar liquidez con líneas de avales. En la segunda, «siempre que la pandemia esté controlada», serán necesarias medidas de estímulo para el consumo y la inversión, la internacionalización de las empresas y la activación de la automoción, aeronáutica y maquina herramienta. «Solo se podrá hacer con fondos públicos y siempre de forma eficiente y eficaz porque el dinero de la Comisión Europea va a venir condicionado».
El presidente de la Confederación Empresarial de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, insistió en que la solución a la actual crisis no pasa por un nuevo modelo productivo, «si no por hacer más productivo el modelo», y puso en el centro de esta transformación a los empresarios.» La principal conclusión positiva que se puede sacar de la crisis es que la función social de la empresa ha quedado consagrada en esta pandemia. Ha quedado demostrado que el sector privado y el público son compatibles, que los derechos sociales se pueden garantizar desde el sector privado y que las empresas ha asegurado los servicios básicos a la población».
Fuente: Cincodías.com