«La Administración tiene que saber quién está detrás de cada empresa».
María Emilia Adán, registradora de la Propiedad acaba de tomar posesión como primera decana-presidenta del Colegio de Registradores de España. Hasta ahora ejercía como decana en la Comunidad Valenciana. Trae consigo un talante negociador y ambición de poner al día legislación y Registros, algo que ha chirriado en ocasiones en los últimos años.
¿Se va a reforzar la colaboración con el Ministerio de Justicia?
Como no podía ser de otra manera, estamos abiertos a todas las iniciativas en las que el Ministerio considere que debemos intervenir, porque en último extremo estamos para fortalecer la institución registral, porque creemos que es buena para la sociedad. Cualquier iniciativa que nos llegue para poderla potenciar va a ser puesta en marcha inmediatamente, sin ninguna duda. Justicia es un Departamento con grandes proyectos a los que nos sumamos de una manera entusiasta.
¿Qué más pueden hacer en la prevención del blanqueo?
Es una prioridad para todos los registradores. Desde siempre, han informado de cualquier actuación que pudiera originar un delito. Desde la instauración del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) se ha institucionalizado y se ha potenciado ante los nuevos modos de la delincuencia de guante blanco. Pero hay que dar un paso más y creemos que la mejor forma de combatirlo y de luchar contra la corrupción es la inscripción en los Registros Mercantiles de las participaciones sociales, de las acciones. Esto estaba así antes de la reforma de los años 80 y está así en Europa. En Alemania, Francia y Reino Unido se hacen constar en el Registro.
¿Qué beneficios aportaría esta inscripción registral de las acciones?
La Administración tiene que saber con quién contrata y quien está detrás de cada sociedad y eso estaba en la ley hasta los años 80. No ha interesado que las participaciones sociales fueran públicas. Eso está ahora en la Quinta Directiva. Solo falta la transposición en España para que los registradores mercantiles den publicidad a estos datos, como lo hacen los registros del resto de Europa. Si tú inscribes las participaciones sociales, sabes en todo momento quién es el propietario de las sociedades que están operando en las contrataciones administrativas y eso lo da la transparencia del Registro, que es público para quien tiene un interés legítimo.
¿Está preparado el colectivo para coordinarse con Lexnet?
Sin duda alguna estamos deseando poder coordinarnos con los juzgados de la misma manera que lo hacemos con las notarías, con los Ayuntamientos y con las Administraciones que nos lo han requerido. Creo que es un valor para la sociedad que esta conexión sea efectiva. Es muy importante que el juzgado pueda remitir sus documentos electrónicamente al Registro y en ello, sabe el Ministerio que tiene nuestra más firme y decidida colaboración.
¿Y cómo valora la reforma del Reglamento del Registro Mercantil?
Es esencial para un buen desarrollo económico, con seguridad jurídica. Las sociedades mercantiles no pueden funcionar, ni desarrollarse sin el registro Mercantil.
¿Y las comunicaciones electrónicas entre registradores y notarios?
Estamos en disposición de poner en marcha un sistema que permita a los notarios la consulta del libro de entrada. Así se cerrará esta materia de una forma satisfactoria para todos. Hemos manifestado nuestra voluntad de llegar a acuerdos y consensos para que la contratación notarial sea más ágil informáticamente de lo que lo es, y lo es mucho. Todo ello, sin menoscabo de las relaciones con otros operadores jurídicos, con las Administraciones Públicas y la judicial, porque la seguridad jurídica preventiva debe darse en igualdad de condiciones. Es un empeño de esta Junta poner en marcha todos los procedimientos electrónicos que sean posibles, siempre que no menoscaben nuestros principios hipotecarios.
¿Seguirán trabajando en expedientes de nacionalidad por residencia?
Hemos desarrollado un trabajo importante agilizando los expedientes y el ministro Rafael Catalá nos ha agradecido enormemente la colaboración realizada, que está llamada a terminar, ya que se ha establecido un nuevo procedimiento en el que nosotros ya no desempeñaremos ninguna función. Pero nuestro compromiso con Justicia está aún vigente. Hemos prestado un gran servicio a la Sociedad con un alto coste profesional, personal y económico para todo el Colegio.
¿Satisfecha con la reforma de la Ley de Crédito Inmobiliario?
En esta Ley teníamos que haber desempeñado un mayor protagonismo los registradores de la Propiedad, porque a veces se olvida que las hipotecas y las cláusulas que las desarrollan solo cuentan las que constan inscritas en los Registros. Y es esta institución la que determina el contenido del derecho real de hipoteca. Llevamos muchos años trabajando en la determinación de qué cláusulas son o no abusivas y creemos que deberíamos haber seguido avanzando en esa dirección. No obstante, la Ley supone avances en materias significativas como es el registro de condiciones generales de la contratación, en la limitación de los intereses de demora y en otras materias que supondrán un avance significativo para el ciudadano. En definitiva, nos hubiera gustado que se hubiera ido un poquito más allá en la elaboración del texto legislativo.
¿Para cuándo la coordinación de Registro y derecho urbanístico?
El Real Decreto del año noventa y tres fue muy importante en esta coordinación, pero los avances urbanísticos, el Texto Refundido de la Ley del Suelo, exigen ya una adecuación a las nuevas reglas urbanísticas y así se lo hemos trasladado al Ministerio. Creemos que es el momento de desarrollar un nuevo reglamento del Registro de la Propiedad en materia de urbanismo. Hemos ayudado a que el urbanismo se desarrolle, pero hay que delimitar mejor la labor que desarrolla el Registro de la Propiedad en relación con esta materia.
Fuente: ElEconomista.es