El sector propone alternativas al considerar las nuevas medidas discriminatorias.

Las limitaciones al uso de plásticos en los envases costarán 2.000 millones de euros a las empresas de alimentación y bebidas y la industria de la droguería y la higiene del hogar, las más afectadas por la medida, según las primeras estimaciones del sector, que ha encargado un estudio para determinar la cifra definitiva a Tragsatec. El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto ya a consulta pública el proyecto de Real Decreto de envases y residuos, que transpone la última de las directivas pendientes del paquete europeo de economía circular de 2018.

El Ejecutivo ha anunciado ya un impuesto indirecto sobre recipientes de plásticos de un solo uso —a razón de 0,45 euros por cada kilogramo de envase— con el que prevé recaudar unos 724 millones de euros. Y podría ser más porque, según un informe de PwC, aunque «a priori, podría resultar elevado comparado con el precio de mercado que tienen los productos a los que puede afectar el impuesto, queda lejos de los previamente 0,80 euros exigidos desde Bruselas, por lo que no se puede descartar que pueda producirse un incremento del tipo antes de su aprobación final».

Asimismo, con la nueva normativa se obliga a reducir a la mitad en 2025 la comercialización de aguas envasadas en botellas de plástico; el 80% para el envasado de cervezas y el 70% para bebidas refrescantes. Y a eso se suma la limitación a la venta de fruta y verdura en este tipo de envases, algo que quedará totalmente prohibido en el supermercado a partir de 2023.

Además, si la superficie de venta es mayor de 300 metros cuadrados, los comercios deberán informar a los clientes sobre las repercusiones ecológicas de los envases y su forma de gestión.

El pasado 15 de septiembre terminó el plazo para presentar enmiendas al proyecto de Ley y la plataforma EsPlásticos y otras entidades de la cadena han hecho llegar sus peticiones y propuestas de mejora a los grupos parlamentarios.

Esplásticos, que aúna a los diferentes agentes que forman parte del sector de los plásticos en España, asegura que acoge de forma positiva todas las iniciativas encaminadas a implantar la economía circular, cuidar el medio ambiente y conseguir una industria cada vez más sostenible, pero pide la modificación del texto legal al considerar que algunas medidas son «discriminatorias» y «desproporcionadas» y «obstaculizan» la implantación de la Economía Circular. Según dicen, el sector está «volcado en la fabricación de productos más reciclables e innova en procesos de reciclado tecnológicamente punteros».

La industria del plástico considera que el impuesto a los envases no reutilizables constituye una «discriminación con respecto a otros materiales, desproporcionada y sobre todo no útil para mejorar los objetivos medioambientales de la ley», añadiendo que «va a impactar de manera muy negativa en toda la industria española y afectar a todos los ciudadanos, especialmente a los de rentas medias y bajas, pues unido a la subida del punto verde, la cesta de la compra podría incrementar su precio hasta en un 3%».

Ante esto, han propuesto varias medidas. Para empezar, proponen la modificación del texto actual «dado que no está prevista la posible repercusión al adquiriente de los productos». Es decir, como los fabricantes de envases o semielaborados plásticos no pueden repercutir el impuesto «se eliminarían completamente los beneficios» y las empresas podrían incurrir incluso en pérdidas superiores al 10%.

Asimismo, reclaman ampliar el plazo de entrada en vigor del impuesto y la ampliación del catálogo de exenciones al mismo, en el que incluyen a los films de transporte y logística que incorporen un 30% de plástico reciclado, los envases comerciales e industriales con un contenido en reciclado mayor o igual al 30% y determinados productos de plástico compostables, ya que, como defienden «su uso está enfocado en aplicaciones donde existe un beneficio medioambiental porque se pueden depositar y tratar junto a la materia orgánica».

Por otro lado, proponen reducir los objetivos del consumo de determinados productos plásticos, marcados en el 50% en peso en 2026 respecto a 2022 y el 70% para 2030, argumentando que esto «supondría prácticamente la desaparición de los productos afectados» y no es realista. En su opinión, estas medidas «no fomentarán la reutilización y se traducirán en la sustitución por otros envases de un solo uso, muchos de ellos hechos de multimateriales y más difíciles de reciclar, generando por tanto una huella de carbono mayor».

Educación ambiental

Otra de las demandas de la industria tiene que ver con la inclusión de un artículo que se centre en reforzar la importancia de la educación ambiental y sensibilización para fomentar la prevención y el reciclado de los residuos y reducir el abandono de estos en el medio ambiente. «Consideramos de vital importancia crear una verdadera cultura del reciclaje en nuestra sociedad: debemos trabajar para involucrar a todos los agentes con el objetivo de ofrecer soluciones cada vez más sostenibles y crear cada vez más conciencia y preocupación de los ciudadanos en relación con el reciclaje, evitando así el abandono de residuos en grandes urbes y la naturaleza» , aseguran en el sector.

La industria del plástico insiste en que gracias a su ligereza consumen 3 veces menos cantidad de recursos materiales y 2,5 veces menos de energía que los productos hechos con materiales alternativos. «El plástico funde a un máximo de 300ºC, mientras que otros materiales lo hacen a más de 1500ºC, lo que implica que se produzcan enormes ahorros energéticos tanto en su producción como en su reciclaje», dicen en Esplástsicos. El sector reclama que la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados promueva la sostenibilidad y que no se produzcan «sustituciones de materiales basadas únicamente en campañas de imagen».

Fuente: ElEconomista.es