Las grandes multinacionales españolas están lanzando contundentes avisos a sus grandes bonistas y accionistas internacionales sobre las consecuencias que pueden derivarse para sus negocios de las decisiones políticas del Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos. En un escenario de crisis aguda por la pandemia del coronavirus, muchas grandes firmas han hecho acopio de liquidez para capear el temporal, pero están obligadas a explicar a los inversores a qué se enfrentan.Una de las principales preocupaciones es la tributaria, tal y como se desprende de los documentos que acompañan a la emisión de bonos realizada por estas compañías en las últimas semanas. Repsol y Naturgy advierten al unísono sobre las medidas tributarias que pretende implementar el Gobierno de coalición, sobre la base del programa conjunto que presentó a principios de 2020.

Ambas energéticas alertan desde el mercado de Luxemburgo donde cotizan sus bonos, que suman alrededor de 2.500 millones de euros, de que, aunque «aún no se han publicado más detalles sobre las medidas recientemente acordadas, se espera que tengan un impacto significativo en el sistema tributario español actual, lo que resultará en un aumento general de las obligaciones fiscales, incluso aquello que tenga relación con los bonos».

No obstante, Naturgy matiza que «la situación actual que surgió como consecuencia del covid-19 probablemente tenga un impacto en las medidas (y el calendario) que el Gobierno de coalición tenía como objetivo lograr». Tanto la gasista como la petrolera recuerdan a los inversores que «algunas de estas medidas ya estaban incluidas en el proyecto de Ley de Presupuesto para 2019 (que finalmente no fue aprobado por el Parlamento español)».

Entre esas medidas tributarias, cada vez resuenan más las de corte medioambiental, que apuntan directamente a una mayor presión fiscal sobre los carburantes, un supuesto que afectaría de lleno a sus negocios. Esta misma semana, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, apuntaba en esa dirección, al señalar en una entrevista que donde mayor margen de recaudación existe es en la parte medioambiental.

Otra firma que está poniendo sobre aviso al mercado internacional es Banco Santander, entidad con amplia presencia exterior. El banco cántabro advirtió a la Securities and Exchange Commission (SEC), regulador de Wall Street, sobre el impuesto a la banca. «Existen distintos factores que pueden afectar negativamente las tasas impositivas efectivas futuras de Banco Santander (…) como cambios en los créditos fiscales o modificaciones de las leyes fiscales o su interpretación».

La firma que preside Ana Patricia Botín añadía que «no se puede descartar que, como parte de los esfuerzos del Gobierno español para abordar la situación del covid-19, estas medidas impositivas u otras nuevas se introduzcan en 2020 para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia».

Estados Unidos y Luxemburgo no son los únicos grandes centros financieros internacionales donde las grandes empresas del Ibex lanzan sus advertencias sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Telefónica también ponía el foco sobre esta cuestión en su última emisión de bonos por valor de 2.000 millones de euros, que cotizan en Irlanda.

El operador de telecomunicaciones destaca como una de las fuentes de riesgo la «incertidumbre procedente de las políticas económicas que se implementarán a partir de 2020, dado el alto nivel de fragmentación parlamentaria y la falta de acuerdo sobre temas clave».

No es la única empresa preocupada por la debilidad para lograr mayorías, que llevó al PSOE hace tan solo una semana a firmar con Bildu y Unidas Podemos la derogación íntegra de la reforma laboral a cambio de la abstención de los cinco diputados del grupo ‘abertzale’ para prorrogar 15 días más el estado de alarma.

«Las perspectivas de crecimiento también pueden verse afectadas debido a las incertidumbres derivadas de la situación política en España, lo que puede ralentizar el ritmo de reformas o dar lugar a cambios en las leyes, reglamentos y políticas», destacaba hace pocos días Ferrovial en el prospecto de su última emisión de bonos por valor de 650 millones de euros.

Las advertencias llegan incluso de Red Eléctrica de España. El operador del sistema, cuyo máximo accionista es el Estado a través de la SEPI, dependiente de Hacienda, emitió 400 millones de euros en Luxemburgo poco después del inicio de la pandemia. «La continua incertidumbre política podría afectar negativamente el crecimiento económico de España, lo que, a su vez, podría tener un efecto adverso importante en las perspectivas comerciales, la situación financiera y los resultados de las operaciones del grupo», sostiene la empresa presidida por Beatriz Corredor, ministra de Vivienda durante el Gobierno socialista de Zapatero.

En dicho documento, REE avisa a los grandes bonistas de que «la economía española se enfrenta a desafíos adicionales derivados de la evolución interna, como la reciente formación de Gobierno el 3 de diciembre de 2019 y la investidura como presidente de Pedro Sánchez el 7 de enero de 2020 a través de una coalición formada por siete partidos políticos».