Las empresas que importan productos como hierro, acero, aluminio o electricidad afrontan multas a partir de julio si incumplen con la nueva obligación de declarar ante el Ministerio de Transición Ecológica las emisiones de CO2 que se generan en la producción de dichos productos. Esta nueva obligación, en vigor en España desde inicio de año, emana del Reglamento europeo de mayo de 2023 que regula el conocido como CBAM, (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, por sus siglas en inglés). Un nuevo arancel o peaje que deben afrontar las empresas por el CO2 que se emite en la producción de los productos que importan.

Este mecanismo obliga a todas las compañías, sean pymes o de gran tamaño, a declarar en la web del Ministerio de forma trimestral las emisiones de CO2 que se expulsan en la producción de los productos que importan de fuera de la UE. Después, la Administración emitirá un certificado con las toneladas de CO2 declaradas por el que las firmas tendrán que pagar en función del importe promedio de la subasta semanal de los derechos de emisión de CO2 de la UE.

La Comisión Europea ha dado un periodo transitorio por el que no se empezará a obligar a las empresas a pagar por estos certificados hasta 2026. Sin embargo, desde enero de este año ya hay que reportar las toneladas de CO2, aunque el Ejecutivo dio otro pequeño periodo transitorio hasta julio a las empresas para reportar ya al 100% y de forma completa la información. Incluso si las compañías no han informado nada en los primeros seis meses del año, podrán declarar todo el mes que viene. Según el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, los declarantes que no informen pueden enfrentar sanciones de entre 10 euros y 50 euros por tonelada de emisiones no declaradas.

«Por ejemplo, si hay una empresa española que produce tornillos de hierro, esa empresa tiene un coste de producción mayor por las exigencias de reducción de CO2 de la UE (persigue rebajar las emisiones un 55% de cara a 2023). Lo que se pretende es proteger a la industria española y europea para que no cueste más comprar tornillos de España que importarlos de China», explica Pedro Tierno. «Lo que hace la norma es igualar el coste de producción a través de la compra de estos certificados», añade.

El director de Aduanas de DB Schenker señala que la obligación supone una gran complejidad para las compañías, especialmente para las pymes, a la hora de hacer frente a una regulación densa y farragosa pero también, para presentar de forma trimestral la declaración. Además, recuerda que aparte de declarar la emisión directa, es decir, el CO2 emitido durante la producción de esos bienes, también se deberá reportar la indirecta, el CO2 generado por transportarlos.

Fuente: El Economista