Hungría y Estonia afirman que el plan puede violar la legislación, mientras que Irlanda retiene su consentimiento al tipo impositivo mínimo.

Bruselas está trabajando para superar la resistencia de tres Estados miembros de la UE que se oponen al acuerdo internacional firmado la semana pasada con el fin de modificar las normas del impuesto de sociedades. Hungría y Estonia argumentan que la propuesta puede incluso incumplir la legislación de la UE.

Es probable que la UE necesite el apoyo unánime de todos los Estados miembros para poder aplicar la propuesta de modificar las normas mundiales del impuesto de sociedades acordada por la OCDE la semana pasada. Pero Irlanda, Hungría y Estonia se han negado hasta ahora a firmar el acuerdo global, lo que ha provocado un enfrentamiento interno en la UE con los Estados miembros más grandes.

El principal punto de discrepancia de estos tres países, pero no el único, es el tipo impositivo mínimo del 15% propuesto por la OCDE.

Irlanda ha declarado que está «comprometida con el proceso» y quiere encontrar una solución que sea aceptable para Dublín, pero ha expresado sus reservas sobre la propuesta de un tipo impositivo efectivo mínimo global de al menos el 15%. Hungría también ha señalado que el tipo impositivo mínimo «obstaculizaría el crecimiento económico».

Además, Hungría y Estonia han alegado que la propuesta actual viola la legislación de la UE, ya que exige a los países donde tienen su sede grandes empresas que apliquen ese tipo impositivo mínimo a las filiales ubicadas en jurisdicciones con menor carga fiscal.

Argumentan que el tipo impositivo mínimo contravendría una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 2006 sobre la empresa Cadbury Schweppes. Según esa sentencia, el hecho de que filiales de multinacionales estén en jurisdicciones con menor carga fiscal no constituye una evasión fiscal.

«La sentencia del TEJ sobre Cadbury Schweppes muestra claramente que este tipo de normas no deberían existir según el régimen jurídico actual», señala Helen Pahapill, vicesecretaria general de asuntos fiscales de Estonia.

La oposición dentro de la UE plantea un enfrentamiento entre los Estados miembros más pequeños y los más grandes, todos los cuales deben estar de acuerdo para que la propuesta de la OCDE se convierta en ley de la UE.

El acuerdo de la OCDE consta de dos elementos principales: el pilar 2, un tipo impositivo efectivo mínimo del 15% para las multinacionales, y el pilar 1, que redistribuiría los beneficios obtenidos por las 100 mayores empresas a los países donde realizan sus ventas.

«Los países más pequeños de la UE han planteado dudas sobre la legalidad del pilar 2 según la legislación comunitaria», declara Pahapill.

La UE quiere ganarse a los reticentes en los próximos meses, antes de la fecha límite de octubre para el acuerdo de la OCDE.

Daniel Gutmann, socio del bufete de abogados CMS Lefebvre, opina que Bruselas tendría que proponer su reglamento de forma que fuese compatible con el derecho primario de la UE sobre la libertad de establecimiento de las empresas: «Si hay restricciones a este principio, la pregunta que tendrá que responder la Comisión es si están justificadas».

No obstante, personas que han participado en las negociaciones afirman que el diseño del impuesto mínimo global ya se trató con el departamento jurídico de la Comisión Europea y que están seguras de que es compatible con la legislación de la UE.

Polonia también expresó sus reservas sobre la propuesta del impuesto mínimo, alegando que socavaría el crecimiento económico. Pero la semana pasada Varsovia decidió apoyar el acuerdo de la OCDE.

Tadeusz Koscinski, ministro de hacienda polaco, declaró a Financial Times que su país había decidido respaldar el acuerdo tras la inclusión de una excepción para las actividades empresariales importantes, que no se había tratado antes en las negociaciones: «Tenemos que tener instrumentos para incentivar a las empresas a instalarse en Polonia y uno de ellos es nuestro régimen fiscal interno. No me interesa que compañías de Francia o Alemania vengan a Polonia para vender luego sus productos a Francia y Alemania y transferir los beneficios a Polonia. Pero sí que estoy a favor de que vengan a Polonia para ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de innovación y a vender sus productos en el mercado nacional y en otros mercados. Esto hay que tenerlo en cuenta para un impuesto global mínimo».

Aunque ese obstáculo ya se ha superado, al menos en el caso de Polonia, otra complicación es un impuesto europeo previsto sobre los servicios digitales. A pesar de la oposición de Washington, por estar dirigido principalmente a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, se espera que Bruselas haga pública su propuesta este mes.

En julio del año pasado, los dirigentes de la UE encargaron a la Comisión que elaborase el texto del impuesto, parte de cuyos ingresos se utilizarían para pagar los créditos recibidos para financiar el plan de recuperación Next Generation de la UE de 800.000 millones de euros.

El Parlamento Europeo está especialmente interesado en que haya nuevas fuentes de ingresos para la Comisión, como el impuesto digital. El anterior intento de la UE de crear un impuesto tecnológico fracasó en 2019, pero la idea se reactivó cuando la administración Trump puso obstáculos a un impuesto internacional.

La Comisión ha declarado que el nuevo impuesto se aplicaría a cientos de empresas, la mayoría de ellas europeas, y que complementaría el acuerdo fiscal global, en lugar de interferir con él.

Pero EEUU está presionando a la UE para que retrase la idea, dado que un objetivo del acuerdo global sobre el impuesto de sociedades es sustituir los impuestos digitales nacionales. En un reciente documento enviado a los diplomáticos de la UE, Washington afirma que proponer ahora el impuesto digital corre el riesgo de «hacer descarrilar por completo» las negociaciones fiscales, dada la delicada coyuntura de las conversaciones.

A este respecto, Pascal Saint-Amans, director de administración fiscal de la OCDE, señala: «Hay una dinámica en las conversaciones y tenemos la esperanza de que todos los países se sumen finalmente al acuerdo».

Fuente: Expansión.com