Los asesores fiscales perciben un alza en las consultas para mudarse de una comunidad a otra para pagar menos impuestos. Así lo traslada cerca del 66% de los entrevistados en la última edición de la encuesta La opinión de los economistas asesores fiscales sobre nuestro sistema tributario, publicado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE) y presentado este miércoles. Más de la mitad de los participantes añade que, en caso de producirse el traslado, este es ficticio. Es más: las diferencias en la normativa tributaria autonómica —que 8 de cada 10 asesores consideran un lastre para la competitividad global del sistema fiscal español— provocan cambios reales o ficticios en la residencia fiscal de los contribuyentes, según el 80% de los entrevistados. En la misma línea, la mayoría de los asesores (64,5%) no cree que se puedan mantener diferencias sustanciales en el nivel de impuestos entre territorios.

La encuesta, elaborada a partir de unas 500 respuestas de miembros del REAF-CGE por los profesores de la Universidad de Barcelona José María Durán y Alejandro Esteller, vuelve a abrir el melón sobre las diferencias fiscales que existen entre comunidades, sobre todo en términos de imposición patrimonial. La tributación a la riqueza, entendida principalmente como el impuesto sobre el patrimonio y el que grava sucesiones y donaciones, está totalmente cedida a las autonomías, que pueden aplicar distintas rebajas e incentivos a sus residentes en el ejercicio de su autonomía financiera.

El impuesto sobre herencias y donaciones fue el primero en el que se produjo una carrera a la baja, ya hace una década, que aún no se ha agotado. En cuanto al tributo sobre patrimonio, Madrid fue pionera en bonificarlo, un movimiento al que recientemente se han sumado más comunidades, pero que ha sido en parte neutralizado por la aprobación de un impuesto estatal a las grandes fortunas que se aplica en todo el territorio y sobre el cual las autonomías no tienen potestad. De hecho, los asesores fiscales consideran que esta nueva figura —que es temporal, aunque la vocación del Gobierno sea convertirla en permanente— desincentiva los movimientos de una comunidad a otra, pero a la vez genera un mayor atractivo para trasladarse a otros países.

Según la encuesta, en efecto, también han aumentado las consultas sobre cambios de residencia a otros países por motivos fiscales. Así lo percibe el 67% de los encuestados, que a la vez subraya que los contribuyentes no tienen muy claro, en línea general, a qué Administración están pagando sus impuestos. En concreto, no saben que pagan la totalidad del impuesto sobre el patrimonio a su comunidad, pero tampoco que buena parte del IVA, IRPF e impuestos especiales va a las arcas autonómicas. Solo está bien identificado el destino de la recaudación por sucesiones y donaciones. “Hay un elevadísimo desconocimiento de a quién se pagan los impuestos”, ha lamentado Durán, quien ha subrayado la necesidad de mejorar este aspecto clave a la hora de valorar cómo se gastan el dinero las Administraciones y exigir responsabilidades.

En cuanto al sistema fiscal en general, la opinión de los fiscalistas y economistas sigue siendo mala: más de la mitad de los encuestados dice que está peor con respecto a hace cinco años, y solo el 9% afirma que está mejor. Sin embargo, el resultado no se ha deteriorado ulteriormente comparado con las ediciones anteriores. La razón principal de esta opinión negativa es la complejidad del sistema: el cambio continuo de las normativas, la existencia de numerosos tratamientos especiales, la continua adaptación a la legislación internacional y la interpretación de las normas por parte de la legislación.

Tipo mínimo del 15%

Los asesores también se han pronunciado sobre el nuevo tipo mínimo del 15% para las grandes multinacionales que España, fruto del acuerdo internacional alcanzado en el seno de la OCDE, que España está trasponiendo a su acervo legal. El 51,2% lo valora como una mejora para la competitividad del sistema fiscal español, mientras que el 35,9% opina lo contrario. Jesús Quintas, vocal del REAF-CGE, cree que la aplicación de la nueva figura, que se está ahora tramitando, llevará a varios ajustes y causará dificultades a las empresas afectadas. Ha añadido que no espera que recaude más de 1.000 millones de euros, mucho menos de los 3.500 millones estimados por el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).