El Ministerio de Hacienda decidió que este año era el momento de hacer pedagogía fiscal con el salario mínimo, por lo que eclipsó el alza aprobada la semana pasada con la decisión de que los trabajadores con este nivel salarial paguen IRPF por primera vez. El anuncio abrió una nueva crisis de la coalición, tras la que Sumar, PP y Podemos registraron diferentes iniciativas para revertir esta situación, pero ante el enrocamiento del ministerio y a la espera de la tramitación de estas proposiciones, son los gobiernos autonómicos los que tienen en su mano la solución más rápida.

En los últimos años, la renta mínima ha experimentado un importante crecimiento por lo que la cartera de María Jesús Montero se había visto obligada a elevar el mínimo exento tras cada alza desde 2022 con el fin de evitar que los trabajadores sin hijos y solteros que cobraran el SMI tuvieran que tributar. Durante estos ejercicios, Hacienda había retocado el mínimo deducible por rendimientos del trabajo, de forma que lo subía para que el conjunto de deducciones alcanzasen la cuantía anual del SMI.

Este punto esta fuera del alcance de los territorios autonómicos. El profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Jaume Sanaú, explica a este periódico que que solo el Gobierno central puede regular sobre la obligación de declarar o no en el IRPF. Si bien, tienen competencias relacionadas con la cuota autonómica.

Esto abre tres opciones a los gobiernos regionales: bajar los tipos, ampliar los tramos de renta o modificar los mínimos personales y familiares, tal y como apunta el profesor de Hacienda Pública en la Universidad Complutense e investigador asociado a Fedea, Jorge Onrubia, en conversación con elEconomista.es.

Este marco viene dado por el diseño del impuesto sobre la renta en el que las responsabilidades se reparten en un 50%-50% (sobre la mitad del tributo manda el Ejecutivo central y sobre la otra mitad las Comunidades Autónomas) a excepción de Navarra y el País Vasco, que al no pertenecer al régimen común cuentan con una normativa diferente en cada una de las haciendas forales.

Para el resto de territorios, la ley solo recoge una única excepción y es que tiene que ser progresivo, por lo que tienen libertad para cambiar el tipo autonómico, crear nuevos tramos o elevar la deducción por la parte de la renta que se destina a satisfacer las necesidades básicas (con el límite de un 10%). Esta última varía en función de si se tienen o no hijos, del número y de la edad de estos, los ascendientes o del grado de discapacidad que puedan tener los familiares, pero está fijado con carácter general en los 5.550 euros.

Lo cierto es que no es la primera vez que surge este debate, que ya se abrió en el año 1994 cuando se planteó que las prestaciones por desempleo tributaran y surge cada cierto tiempo por el castigo que aplica a las rentas más bajas, las conocidas como jorobas. Y la opción más recomendada por los expertos es la de bajar los tipos, ya que, de modificar los tramos, el debate volvería a surgir tan pronto como el nuevo SMI alcanzase este umbral.

¿Cuáles serían las consecuencias de disminuir los tipos? Todos los escenarios se traducirían en que las autonomías tendrían menos recursos económicos. Esto se debe a que del 50% sobre el que mandan las comunidades autónomas, ellas perciben íntegro un 25% y el 75% restante tienen que depositarlo en un fondo que se repartirá entre todos los territorios del sistema común en función de los habitantes ajustados. Además, ese 75% se calcula en proporción de lo que recibe el Gobierno de su porcentaje, por lo que si una autonomía decide bajar los tipos, tendrá que depositar en el fondo la misma cantidad y la cuantía que se quedarían de forma íntegra se reduciría considerablemente.

Este es el motivo por el que la dirección del Partido Popular se decantó por centrar la presión en el Gobierno en lugar de apremiar a sus gobiernos autonómicos a dar una respuesta con la que compensar a sus ciudadanos en la medida de lo posible. Fuentes de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo trasladan a este periódico que la mayoría de sus regiones ya habían aplicado reducciones de los tipos y que era Cataluña la que encabezaba el ranking de las cargas. Por ello descartaban impulsar un debate entre sus barones que fuera en esta dirección en un contexto en el que están pendiente las entregas a cuenta de las comunidades autónomas por la caída de ese decreto.

No obstante, esta interpretación no ha calado entre sus dirigentes territoriales, según adelantó El Mundo. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, donde hay casi 100.000 trabajadores con este salario, lleva la delantera. Fuentes de la Consejería de Hacienda explican que crearán un nuevo tramo en la escala autonómica del IRPF al que se le aplicará un tipo reducido con el que buscan asegurar que «el aumento de su salario no se vea absorbido por los impuestos». En el caso de un trabador soltero y sin hijos, el 43% de la subida (300 euros) irían destinados a pagarlo.

Madrid, Castilla y León y Baleares también tienen previsto volver a bajar el tipo autonómico mientras que otras regiones están valorando como responder a esta coyuntura. Aunque es Andalucía la que concentra un mayor número de beneficiarios, con 476.100 asalariados que cobraban el SMI en 2023, de acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo. Le siguen Madrid o Cataluña, donde podría darse más este perfil de joven que accede al mercado de trabajo y que no tiene cargas familiares.

El territorio gobernado por Salvador Illa es el que aplica un mayor tipo sobre las rentas más bajas, si no se implementan cambios, este 20% de los perceptores del SMI que deberían hacer frente a esta obligación abonarían 357,43 euros al año. La diferencia es de casi 80 euros respecto a los 280,68 euros que tendría que pagar en la Comunidad Valenciana o los 287, 12 de Madrid. El segundo puesto está ocupado por Asturias (348,5 euros) al que le sigue Murcia (339,56 euros), lo que la sitúa a la región que lideró la respuesta a esta política fiscal como entre las que más margen tienen.

Fuente: El Economista