Cataluña, con diez nuevos tributos en cuatro años, es la región que más impuestos propios tiene y la que más ha elevado la presión fiscal sobre sus ciudadanos.

El sistema impositivo autonómico se ha convertido en un jeroglífico difícil de descifrar para los inversores. Durante décadas las regiones han tejido una red fiscal que grava actividades diversas relacionadas con el agua, los premios del bingo, los vertidos al mar, las emisiones de gases, los depósitos bancarios, el turismo, las tierras infrautilizadas, las grandes superficies y las bolsas de plástico, entre otros. Una maraña impositiva que provoca descoordinación entre lo que hace el Estado y las comunidades, competencia desleal entre regiones y, sobre todo, inseguridad jurídica entre las empresas, lo que contribuye a ahuyentar a los inversores extranjeros.

El enredo fiscal autonómico lo forman una red de 82 impuestos con los que las autonomías solo están consiguiendo recaudar apenas un 2,2% del total sus ingresos, 2.090 millones, según los expertos consultados por ABC.

Son minoría las regiones en España que no han diseñado su propio mapa fiscal. Así, los cánones sobre el agua, que afectan a las tareas de saneamiento y a los vertidos, están en vigor en varias comunidades, la mayoría costeras. Del canon sobre emisiones se están beneficiando Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, comunidad Valenciana y Murcia. También es recurrente el impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito, declarado inconstitucional y suspendido en Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura, Canarias y comunidad Valenciana.

Si se trata de hablar de las regiones con más impuestos, son Andalucía, pero especialmente Cataluña, las que han tejido la mayor red de impuestos en los últimos ejercicios. Esta última tiene 18 impuestos propios, diez de ellos creados en los últimos cuatro ejercicios, en los años del «procés», la cifra más alta en España. En exclusiva aplica algunos tributos, como el impuesto sobre las viviendas vacías, el que grava las estancias en establecimientos turísticos y el canon sobre la incineración de residuos municipales. Además de contar con la mayor creatividad tributaria de todas las comunidades –en 2017 acuñó cuatro nuevos tributos–, los asesores fiscales del Reaf denuncian que la comunidad aprobó numerosas modificaciones de los ya existentes el año pasado.

Este caos fiscal provocado por los independentistas ha llegado al Tribunal Constitucional. Tres de sus impuestos propios han sido declarados inconstitucionales: el que se aplica sobre los depósitos en entidades financieras, el impuesto a la producción de energía eléctrica de origen nuclear y el de provisión de contenidos por prestadoras de servicios de comunicación electrónicas y de fomento del audiovisual y la difusión de la cultura audiovisual.

Esta litigiosidad e inseguridad jurídica no es exclusiva de Cataluña. El impuesto a los depósitos bancarios, existente en seis regiones hasta declararse inconstitucional, es un ejemplo, pero también lo es el de grandes superficies de venta, sobre el que se ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE y que aún aplican tres regiones: Asturias, Aragón y Cataluña.

El «sudoku» impositivo autonómico causa la preocupación empresarial. La CEOE lleva años denunciando con dureza el enredo fiscal regional por el impacto negativo que tiene sobre la unidad de mercado y la inversión. Cree la patronal que este entramado ha provocado la «fragmentación del mercado interior creando distorsiones innecesarias entre comunidades e inseguridad jurídica a corto y medio plazo ya que —dicen— de forma constante se aprueban impuestos y tasas, lo que dificulta el diseño de planes de negocio.

El propio Consejo General de Economistas, a través de su presidente Valentí Pich, calificó hace unas semanas de «jungla inexpugnable» la maraña de 82 impuestos propios que han creado las comunidades. Año a año, los asesores fiscales del Reaf los recopilan en su Panorama de Fiscalidad y denuncian que algunos tributos recaudan tan poco que son más caros mantenerlos, por los gastos de gestión, que eliminarlos por su escasa recaudación. También señalan que hay tributos tan confusos que gravan varios hechos imponibles distintos de manera simultánea. «Un ejemplo, aunque no el único, podría ser el impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente de la comunidad Valenciana que grava la producción de energía eléctrica, el almacenamiento de sustancias peligrosas y la emisión de gases a la atmósfera», señalan.

Los economistas también destacan que la mayor parte de la recaudación procede de cánones al agua: hasta un 78,8% de los ingresos por impuestos propios proceden de estas tasas que existen en doce comunidades. Es decir, doce tributos ingresan casi toda la recaudación de las 82 figuras.

Otros son medioambientales, un terreno en el que Bruselas recomienda a España elevar su tributación, ya que recauda menos que la media continental (un 5,4% del PIB en 2016 frente al 6,4% de la UE). Sin embargo, la mayor parte de estos ingresos no forman parte de estos impuestos propios: se pagan en el recibo de la luz o por repostar vía gravámenes a los hidrocarburos. Desde el Consejo de Economistas recomiendan una armonización tributaria para hacer más efectivo el sistema, simplificarlo y ganar en seguridad jurídica.

Fuente: Abc.es