La Comisión Europea ha iniciado un expediente contra España por la mala adaptación de la Directiva europea sobre el mecanismo transfronterizo de litigios fiscales. Bruselas envió ayer una carta de emplazamiento al Gobierno español para que modifique la normativa. A su juicio, «no contempla una serie de características clave» de las exigencias de la Unión.

La dudas de Bruselas se refieren, en concreto, a que España no contempla la obligación de la autoridad competente de informar a las autoridades del otro Estado miembro de la resolución dictada sobre la cuestión en litigio por un órgano jurisdiccional pertinente u otra instancia judicial. Fuentes del Ministerio de Hacienda sostienen que «no hay una infracción» y que contestarán a la carta.

España adaptó en febrero de 2020 esta normativa. Lo hizo a través del Real Decreto-ley 3/2020, cuyo objetivo era armonizar el marco de resolución de procedimientos amistosos y reforzar la seguridad jurídica para solventar los conflictos de doble imposición. Sin embargo, Bruselas considera ahora que la transposición fue «incorrecta».

En su evaluación de la normativa española de la Directiva, la Comisión considera que «la legislación nacional de transposición no contempla una serie de características clave de las nuevas normas». España dispone ahora de dos meses para responder a esta carta de emplazamiento. «En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir emitir un dictamen motivado», destaca Bruselas en su carta.

La Directiva establece un mecanismo de resolución de conflictos fiscales entre los países de la Unión Europea. Sin embargo, los Estados miembros pueden denegar el acceso al mecanismo comunitario de resolución de litigios si en ese país se han impuesto sanciones en relación con ingresos o patrimonio ajustados por fraude fiscal, impago deliberado o negligencia grave. La normativa española, haciendo uso de dicha facultad, estableció estos supuestos en su normativa interna aplicable a los procedimientos amistosos. La norma estableció como excepción al régimen general de preeminencia de la tramitación de los procedimientos amistosos respecto de los procedimientos judiciales y administrativos de revisión, aquellos casos en los que las sanciones hayan sido impugnadas.

Por otra parte, la normativa eliminó la excepción relativa al devengo de intereses de demora durante la tramitación del procedimiento, lo que tiene efecto en los procedimientos amistosos que se iniciaran a partir de la entrada en vigor del real decreto-ley.

«Es decisivo introducir un marco efectivo y eficiente para la resolución de litigios en el ámbito tributario que garantice la seguridad jurídica y un entorno empresarial propicio a las inversiones para lograr unos regímenes tributarios justos y eficaces en la Unión», apuntan las autoridades europeas en el preámbulo de la Directiva. «Hay que crear asimismo un marco armonizado», concluyen.

Fuente: Expansión