La legislación europea impide primar fiscalmente una región: las medidas serían calificadas de ayudas de Estado.

Los expertos ven poco o ningún margen para desplegar los incentivos fiscales que PP y Ciudadanos han prometido para conseguir el retorno a Cataluña de las empresas que han trasladado su sede a otra región por el procés. La razón es doble. Por un lado, la normativa europea prohíbe establecer un régimen que favorezca a un determinado territorio, bajo pena de considerar tales medidas como una ayuda de Estado –prohibidas por el Derecho comunitario– a un determinado territorio. Por otro, la situación de las arcas públicas catalanas no permite abordar una rebaja de los impuestos de la Generalitat que cree un entorno lo suficientemente atractivo para propiciar la vuelta de las compañías.

“Cualquier medida en este sentido puede interpretarse como una ayuda de Estado”, advierte Miguel Ángel Sánchez, socio responsable del Área Fiscal del bufete Hogan Lovells, “solo Ceuta, Melilla y Canarias tienen la posibilidad de mejorar su fiscalidad en virtud de sus peculiaridades geográficas”.

El artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) prohíbe expresamente, por ser incompatibles con el mercado interior, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales que falseen o amenacen con falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. El concepto de ayuda debe interpretarse en sentido amplio: una menor carga impositiva entraría dentro de las medidas no permitidas por el precepto.

El TFUE contempla varias excepciones a la prohibición general. Una de ellas (artículo 107.3.a) son las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones con un nivel de vida “anormalmente bajo” o en “grave situación de sub-empleo”, lo que sin duda no encaja en el caso catalán.

¿Qué margen tiene, por lo tanto, el Gobierno catalán que salga de la cita electoral del 21-D? A juicio de Sánchez no mucho. Podría jugarse con utilizar algunas ayudas o subvenciones, como, por ejemplo, apostar y primar a los proyectos con alto contenido en I+D+i –u otra característica que pueda potenciarse sin chocar con la normativa estatal y europea–. “Pero estas medidas se establecerían en condiciones de igual competencia con otras comunidades, que podrían establecer unas ayudas similares”, explica.

Bajar impuestos, inviable

La opción de rebajar los impuestos autonómicos tampoco la considera viable. “La situación de la Hacienda catalana es muy precaria y muy difícil”, advierte Sánchez, tal y como revelan los niveles de deuda de Cataluña. De hecho, la política de la Generalitat en los últimos años ha sido precisamente la contraria, la de aumentar la presión fiscal a empresas y contribuyentes y la de crear nuevos impuestos que permitieran subir la recaudación.

Así, solo en 2017 se han aprobado seis nuevos impuestos en la comunidad. El impuesto de bebidas azucaradas, los impuestos sobre los activos no productivos de personas jurídicas o el de las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica son solo algunos de ellos.

“En la situación actual, la única salida de la que dispone Cataluña para impulsar su crecimiento es el turismo, pero en este cambio también se han adoptado medidas que lo frenan”, concluye el socio del Área Fiscal de Hogan Lovells.

Fuente: ElEconomista.es