La Unión Europea (UE) avanza a pasos acelerados pasa sacar adelante la Directiva Faster y poner fin a las ingenierías fiscales para evitar pagar impuestos por los dividendos recibidos. Concretamente, la futura norma busca acabar con la práctica conocida como lavado de cupón que consiste en que cuando un inversor va a cobrar un dividendo, varios días antes vende las acciones a un no residente para evitar que la Hacienda de su país grave el dividendo (en España, el tipo general es del 19%) y, una vez cobrado por el no residente, recompra los valores.
«Para que las administraciones tributarias combatan el abuso fiscal, es necesaria información sobre tales acuerdos financieros, que abarcan operaciones con valores normalmente legítimas, como pactos de recompra o préstamos de valores, y también productos derivados, como los futuros sobre acciones individuales», señala la directiva.
Eduardo Cosmen, socio director del área de fiscal de Grant Thornton, explica que, en ocasiones, este tipo de operaciones no tienen un fin fraudulento sino el de evitar la carga administrativa en la retención de dividendos, «pero es evidente que no es lo adecuado ni lo pretendido por las Administraciones». Cosmen señala que la directiva habilitará la puesta en marcha de un certificado de residencia fiscal electrónico, único y armonizado en toda la UE y digitalizará todos los procesos de retención de dividendos e intereses. «Va a digitalizar toda la información para tener un control de las transacciones de lavado de cupón y permitirá el intercambio de información entre las diferentes haciendas europeas», explica Cosmen.
El Consejo Europeo dio el pasado 14 de mayo el visto bueno a la directiva, que ahora requiere un sí del Parlamento para después ser aprobada definitivamente por el Consejo. Los países la tendrán que ponerla en marcha a más tardar en 2028.
El socio director del área de fiscal de Grant Thornton señala que Faster, además de acabar con posibles prácticas de elusión fiscal, tiene un doble objetivo: homogeneizar y agilizar los procedimientos en toda la UE destinados a practicar las retenciones sobre rentas financieras (dividendos e intereses) y facilitar la devolución de las retenciones practicadas de más.
«La movilidad de los valores de renta variable o fija tiene que ser prácticamente instantánea para que el mercado europeo tenga atractivo, si no los inversores se van a otros mercados. En la UE, la obligación de practicar retención en el pago de dividendos o intereses está ralentizando mucho esa agilidad y no porque haya que hacer la retención, que eso está asumido, sino porque los mecanismos para hacerla son muy pedestres», explica.
Trabas administrativas
En la actualidad, por ejemplo, si un español va a cobrar un dividendo de una firma italiana, debe pedir a Hacienda un certificado de residencia fiscal en España que ésta lo da en papel, luego remitirlo a su agente para que lo envíe al banco o al custodio en Italia. Sin embargo, en el tiempo en que tarda el proceso, la Hacienda italiana puede hacer mal la retención y el contribuyente acaba teniendo que reclamar lo retenido de más.
Este proceso está perjudicando a los mercados europeos, ralentizando la movilidad de los valores y generando unos costes administrativos muy altos para contribuyentes y Administraciones, que la Comisión estima en 6.620 millones.
La creación del certificado fiscal único y electrónico y la digitalización de las transacciones dará agilidad a estas operaciones y ayudará a eliminar las excusas de los contribuyentes de que realizan el lavado de cupón para ahorrarse problemas administrativos.
Fuente: El Economista