La cumbre europea aborda el debate con una clara división entre los países.

Los máximos dirigentes europeos estudiarán mañana en la cumbre que celebrarán en Bruselas el plan que anunció ayer la Comisión Europea para obligar a pagar impuestos a las grandes compañías tecnológicas que escapan del control fiscal de los paí- ses en un mercado cada vez más digitalizado. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, también ha presentado una nota a los dirigentes nacionales en la que alienta a seguir desarrollando una legislación en este sentido, apoyado por los principales países (España, Alemania, Francia. Italia y el Reino Unido) que han publicado una carta conjunta en la que insisten en que esta parte de la economía no puede seguir al margen de su contribución al sostenimiento de las finanzas públicas. Sin embargo, no todos los países están de acuerdo y la patronal europea «Bussines Europa», así como la banca de la UE dicen que prefieren que esto sea regulado por la OCDE.

Dependiendo de a qué país representen, los diplomáticos y funcionarios discrepan en Bruselas sobre la oportunidad y las posibilidades reales de llevar a acabo este plan. Los líderes le pidieron a la Comisión en diciembre que diseñase un proyecto de legislación y ayer el Ejecutivo comunitario presentó su propuesta de introducir un impuesto del 3% sobre la facturación de las grandes empresas digitales para gravar sus actividades allí dónde generan valor. Se trata de un objetivo político para eliminar las diferencias de competitividad con las empresas no digitales que pagan una media del 23,2% de impuesto de Sociedades, mientras que las digitales cotizan apenas un 9,5%.

Unos afirman con vehemencia que «es inadmisible que haya países que se llenan la boca defendiendo la política social y luego se niegan a discutir sobre esto» mientras que otros dicen que «siendo norteamericanas las principales empresas tecnológicas, no parece juicioso tomar una medida unilateral en la UE que nos provocaría un conflicto con Washington, cuando se puede discutir en el seno de la OCDE» de la que Estados Unidos también forma parte.

La idea que ha presentado la Comisión podría llegar a suponer ingresos públicos de hasta 5.000 millones de euros. Afectaría únicamente a las compañías con una facturación anual superior a 750 millones de euros en todo el mundo o más de 50 millones en la UE y la propuesta pretende gravar los ingresos y no los beneficios. En la economía digital inmaterial por definición se pretende tasar la venta de espacio publicitario o de los datos de usuarios recogidos por empresas como redes sociales o motores de búsqueda, y por la prestación de servicios de intermediación, como los de alquiler o venta entre particulares. Bruselas entiende que tarde o temprano será necesaria una legislación internacional, por lo que propone este mecanismo como una solución temporal a la espera de que organizaciones como la OCDE o el G-20 arbitren propuestas globales.

Donald Tusk entiende esa condición de provisionalidad a la espera de una solución global, pero insiste en que la UE debe actuar ya porque se trata de una propuesta justa que intenta poner coto a una situación que «afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos», puesto que provea a los países de una parte de los ingresos que necesitan para mantener los servicios sociales en marcha.

Fuente: Abc.es