La iniciativa de la OCDE puede penalizar a empresas con más incentivos fiscales por I+D.

La OCDE publicó ayer las Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) o GloBE; es decir, las normas modelo adoptadas por los 137 países del Foro Inclusivo para el establecimiento de una tributación mínima global del 15%. Se trata del resultado del acuerdo que ya se anunció en julio para que los países requieran que las multinacionales tributen en el Impuesto sobre Sociedades al tipo efectivo mínimo del 15% en cada una de las jurisdicciones en las que operan. Consiste, al fin y al cabo, en limitar la competencia fiscal entre países para que no les compensara establecer normas que den lugar a gravámenes efectivos inferiores al 15%, ya que, en este supuesto, lo que no se ha gravado en dicho país se gravará en el de la matriz hasta alcanzar ese porcentaje mínimo.

Las model rules son diez extensos artículos que deben de servir de modelo para que aquellos Estados que así lo consideren las adopten y las incorporen a su regulación doméstica de imposición societaria. Las reglas no son obligatorias, sino que se han acordado como un «enfoque común»; es decir, las jurisdicciones no están obligadas a adoptar las reglas GloBE, pero, si eligen hacerlo, deben implementarlas y administrarlas de manera consistente.

Siendo esto así, hay dos casos especiales que merece la pena mencionar. Por un lado, Estados Unidos no va a aprobar estos diez artículos, sino que tendrá sus propias reglas de tributación mínima y, por otro, para la UE las reglas no van a ser un «enfoque común», sino que se van a incorporar a una directiva, cuya propuesta conoceremos mañana miércoles 22 de diciembre.

Reforma de la directiva

En la UE, si se aprueba la directiva, para lo que se requiere unanimidad, los países deberán trasponer GloBE a su normativa nacional y sólo se podrían cambiar mediante una reforma de la directiva, nuevamente por unanimidad. Es decir, sólo en los países de la UE se va a imponer una rigidez que no va a tener ningún otro Estado y, mucho menos, Estados Unidos, que ha conseguido justo lo contrario, que los demás acepten sus normas como equivalentes a GloBE.

Las normas acordadas van, lógicamente, a limitar la capacidad que tienen los Estados de adoptar medidas de política fiscal destinadas a favorecer determinados comportamientos o inversiones como, por ejemplo, la I+ D, la creación de empleo o los objetivos en materia medioambiental.

Cabe plantearse si, en un momento como el actual de crisis económica, la posición europea es la más acertada. Europa lleva tiempo considerando que debe de «liderar con el ejemplo» para que el resto del mundo le siga. El problema es que, mediante la adopción de estas políticas, se suele poner a las empresas europeas en una posición competitiva de clara desventaja frente a las de otros países, que no aspiran a estándares tan elevados de, en este caso, «justicia tributaria». No parece el momento de predicar con el ejemplo, sino más bien de intentar conseguir un consenso lo más amplio posible y velar, tal como claramente hace Estados Unidos, por la adopción de las normas que más convengan a nuestras empresas, que serán las que más convengan a Europa.

El caso de España

Finalmente, si bien este acuerdo poco tiene que ver con la propuesta de tributación mínima que ahora se debate en España -limitada al ámbito nacional-, toda la reflexión anterior es igualmente válida, o incluso más. España pretende adoptar unas normas de tributación mínima que no son necesarias, ya que, según datos de la propia Agencia Tributaria, la tributación de las empresas españolas en el mundo es del 18,3%, y en España del 16,9%; esto es, claramente por encima del 15%.

Esto puede penalizar a aquellas empresas que tienen más beneficios fiscales derivados de la I+D, lo cual no tiene mucho sentido en el momento actual y es claramente contradictorio con otras políticas, tales como la iniciativa para potenciar las startups, anunciada a bombo y platillo por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que, para colmo, se trata de normas que en un año van a tener que modificarse para adaptarse a GloBE.

La conclusión es clara, tanto la UE como en particular España deberían de esperar a ver cómo se incorporan estas reglas por los países y tener muy en cuenta la posición competitiva de sus empresas y la necesidad de cumplir con otros objetivos, aunque el sistema sea «un poquito menos justo» si es que tal fuese el caso, lo que obviamente está por ver.

Fuente: Expansión.com