Las ayudas aprobadas por el Gobierno no se acercan a las medidas adoptadas en Europa, lo que supone un lastre adicional para la supervivencia del tejido productivo y su competitividad.

Desde que comenzó la crisis del coronavirus, empresas, autónomos y asesores fiscales han reclamado al Gobierno moratorias de impuestos que garanticen la supervivencia del tejido productivo durante todas las semanas que pasan sin ingresos. El Ministerio de Hacienda aprobó dos moratorias de impuestos a pequeñas empresas y autónomos, una primera de seis meses (los dos últimos devengan intereses), por un importe máximo de 30.000 euros, y una segunda, también a pequeñas empresas, que vence este mes de mayo (la fecha tope para la domiciliación fue el día 20). Y la Seguridad Social ha establecido también una moratoria de cotizaciones de seis meses.

Estos aplazamientos de impuestos se sitúan a la cola de Europa, tanto en el montante de la ayuda movilizada como en el porcentaje de empresas beneficiadas. Las moratorias en los principales países del euro han sido más ambiciosas y generalizadas para evitar problemas de liquidez durante estas semanas de confinamiento. Esta diferencia deja el tejido productivo español en una situación de desventaja comparativa respecto al resto del continente, ya que tienen que soportar más gastos fijos durante estas semanas de grave caída del PIB.

Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por los profesores e investigadores de Funcas Desiderio Romero-Jordán y José Félix Sanz-Sanz. La moratoria de impuestos a empresas aprobada por el Gobierno se limita al 1,5% del PIB, claramente inferior a la de los principales países de la eurozona. En Francia, los aplazamientos de impuestos alcanzan el 9,4% del PIB; en Italia, ascienden al 13,6%, y en Alemania, llegan al 14,6% del PIB. Una diferencia más que sustancial que supone un lastre para las empresas españolas, que tienen que hacer frente a una salida de caja que en el resto del continente no existe.

“Los umbrales en cuanto a cantidades aplazadas y de facturación para optar al diferimiento de impuestos colocan a España en una situación de desventaja relativa que merecería ser revisada”, escriben los autores del estudio. Una de las principales debilidades de la moratoria de impuestos de España es que solo beneficia a empresas cuya facturación en 2019 fuese inferior a los seis millones de euros.

Esto significa que la ayuda se limita a empresas pequeñas y autónomos, dejando fuera el tejido empresarial mediano y grande, que es quien compite a nivel internacional. Por el contrario, en el resto de Europa, lo más habitual ha sido que los aplazamientos de impuestos se realicen en función del impacto de la crisis y no del tamaño de las empresas. Este agravio comparativo supone un lastre para la competitividad de las empresas españolas y, lo que es más preocupante, provocará que la tasa de cierre de empresas en España sea más elevada que en el resto del continente.

Según los códigos de cuenta de cotización de la Seguridad Social, entre marzo y abril se dieron de baja más de 133.000 empresas en España. Una situación que está agravada por la obligación de mantener el pago de impuestos. “Creemos que la profunda contracción esperada de la economía española en 2020 exige que el diseño del aplazamiento se haga con la máxima generosidad posible, tanto en plazos de diferimiento como en cuantías, para minimizar la desaparición de empresas y por tanto la pérdida de empleo”, explican los autores del estudio.

En su opinión, una moratoria de impuestos contundente y amplia para el tejido productivo español generaría un mayor déficit público en el corto plazo. Sin embargo, ese esfuerzo expansivo en la actualidad “compensará en el largo plazo, al dotar a la economía de más músculo para remontar la actividad en los siguientes periodos”, explican los profesores.

En cualquier caso, una moratoria de impuestos no reduce los ingresos totales de la Hacienda Pública, ya que las empresas tendrán que abonarlos tarde o temprano. Eso sí, genera una merma de los recursos disponibles en el corto plazo, lo que eleva las necesidades de financiación en los mercados. En otras palabras, el Tesoro habría necesitado mayores emisiones de deuda para soportar todos los gastos con una importante merma de los ingresos.

Ayuda financiera

El Gobierno de España ha minimizado las ayudas fiscales y, en su lugar, ha optado por garantizar la liquidez de las empresas a través del crédito con los avales del ICO. De esta forma, las empresas que tengan que pagar impuestos pueden solicitar un crédito para cumplir con sus compromisos fiscales. Esta solución también asegura que muchas empresas tengan caja para afrontar sus gastos, pero la verdad es que existen importantes diferencias.

La primera y más importante es que las empresas que estén en una situación muy delicada no tendrán acceso al crédito y se verán abocadas al cierre. El Estado avala la mayor parte del crédito (el 80% a las pymes y el 70% a las grandes empresas), pero hay una porción del riesgo que se queda en el balance de los bancos. Esto provoca que las entidades financieras tengan que analizar el riesgo de estos préstamos y denegar aquellos que no sean viables. En el caso de los autónomos, los bancos están denegando en torno al 25% de las peticiones.

Esta política permitirá limitar la morosidad de estos créditos y, así, las pérdidas para el Estado. Pero, como contrapartida, condena a las empresas que ya estaban en una situación más vulnerable, cuestión que no ocurriría en el caso de la moratoria de impuestos. Sencillamente, las empresas no tendrán acceso al crédito porque no pueden garantizar su devolución —cuestión diferente es si el Estado debe soportar las pérdidas de empresas y autónomos con una solvencia muy comprometida—.

Otra diferencia importante es que las moratorias de impuestos son inmediatas. Y en muchos países de Europa, ni siquiera han tenido burocracia. Por el contrario, los avales del ICO requieren un importante esfuerzo por parte de las empresas para cumplimentar toda la información requerida y su gestión es larga, en muchos casos, llega a superar las tres semanas. Una diferencia que es definitiva para muchas pequeñas empresas y autónomos que se encuentran al borde del cierre.

Las medidas de ayuda financiera aprobadas por el Gobierno ascienden al 9,1% del PIB (todavía no han entrado en vigor de forma íntegra). Una cuantía más ambiciosa, pero que también está por debajo de los principales países del euro. En Francia, los recursos movilizados con instrumentos financieros ascienden al 14% del PIB, en Alemania suben al 27,2% y en Italia llegan al 30%, según el estudio.

El margen fiscal

En las últimas semanas, el Gobierno de España y otros países del sur de Europa han liderado el debate de la solidaridad europea para conseguir transferencias sin contrapartidas del resto de socios comunitarios. Lo han hecho porque su situación financiera ya era delicada antes de la crisis del coronavirus, lo que hace que dispongan de un margen presupuestario reducido para realizar políticas expansivas. La limitación de las moratorias de España se enmarca precisamente en este escenario, derivado del elevado déficit y deuda públicos.

Sin margen presupuestario y con los estabilizadores automáticos funcionando a pleno rendimiento (caída de la recaudación y aumento de los gastos en protección social), el Gobierno apenas ha dispuesto de margen presupuestario para inyectar capital al tejido productivo. Así lo pone de manifiesto otro artículo publicado también por Funcas, elaborado por los profesores e investigadores Santiago Carbó y Francisco Rodríguez Fernández.

Los autores señalan que la “menor importancia cuantitativa” de las ayudas directas a empresas de España y otros países del sur de Europa en comparación con Alemania y otros países del norte genera una “sustancial asimetría en la salida de esta crisis en los diferentes países europeos y en el impacto final sobre los sectores financieros”.

En Alemania, el Estado ha reaccionado asumiendo pérdidas empresariales de los sectores estratégicos más afectados por la crisis. De hecho, ha sido Berlín quien ha forzado a la Unión Europea aceptar estas recapitalizaciones y nacionalizaciones de empresas sin que se consideren ayudas de Estado. El ejemplo más claro es el de la aerolínea Lufthansa, rescatada por el banco público KBF con 9.000 millones de euros.

“Los países con mayor solvencia de sus tesoros van a poder ayudar más a sus empresas, con lo que se puede debilitar el mercado único y se pueden consolidar las asimetrías competitivas ya existentes”, exponen los autores. El sostenimiento del tejido productivo que está realizando Alemania evita la destrucción de miles de empleos y garantiza una recuperación más rápida cuando se produzca el desconfinamiento. Por el contrario, los países sin margen fiscal no pueden soportar las pérdidas privadas, lo que lastrará el capital productivo.

Fuente: ElConfidencial.com