El Gobierno aprobó ayer la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.184 euros brutos en 14 pagas que se traducirá en un nuevo impulso de los ingresos públicos cifrado en cerca de 600 millones de euros, según los técnicos consultados por elEconomista.es. Esta es la consecuencia de que el Ministerio de Hacienda haya decidido que los perceptores de este nivel de renta tributen por IRPF, al mantener el mínimo exento en la cifra correspondiente al SMI del año 2024 que acompaña al avance de los ingresos por cotizaciones, a cargo de empresas y trabajadores.

El departamento de María Jesús Montero dice no tener entre manos una previsión de ingresos asociada a esta decisión. Sin embargo, las cifras manejadas por la comisión de expertos del SMI -en la que estaba representada la vicepresidencia primera- sirven de orientación. El grupo estimaba que solo un 20% de los potenciales perceptores del SMI pagarían por el IRPF si no se elevaba el mínimo exento, en torno a medio millón de trabajadores, ya que esto depende de su situación personal. Este es el perfil de una persona soltera y sin hijos o cargas familiares, que soportaría un tipo del 2,75% (una vez restado el mínimo personal y familiar) y aportaría 300 euros al año, de forma que en total suman 150 millones de euros más a los ingresos por este impuesto. A los que podrían sumarse otras aportaciones menores de trabajadores con otra situación personal, según las fuentes consultadas.

Este impacto no estaba previsto en la memoria económica del real decreto del SMI sometido a consulta pública, por lo que no existe ninguna aproximación oficial. Si bien, el borrador del Ministerio de Trabajo si aportaba información sobre la repercusión que tendría la medida respecto a los ingresos por cotizaciones sociales (también sobre los gastos). La cartera de Yolanda Díaz proyectaba que los ingresos crecían en 100 millones por cada punto en el que se elevaba el SMI. El Ministerio de Trabajo advertía que este crecimiento no es lineal, por lo que podría no multiplicarse en la misma medida por cada punto en el que creciera el SMI.

No obstante, la subida del 4,4% dibuja un aumento de los ingresos de la Seguridad Social en 440 millones de euros, una vez sumadas las aportaciones de los trabajadores, desempleados y otros colectivos. Esto se debe a que la actualización del SMI modifica las bases mínimas de varios grupos de cotización, incluidos los sistemas especiales de los trabajadores agrarios por cuenta ajena o las empleadas de hogar, así como las de los contratos a tiempo parcial, los de aprendizaje, formación y prácticas o los cuidadores de personas con dependencia.

El gasto de las administraciones públicas, en cambio, no crecerá en la misma medida. El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estimaba en el borrador que el gasto de la Seguridad Social crecería en 7,1 millones de euros por cada punto que se elevara el SMI. El Gobierno explica que esta cifra varía en función de si el aumento del gasto viene generado por las pensiones o los subsidios, pero detalla que las prestaciones por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural son las que tienen una repercusión más directa. Así el total podría ascender a algo más de 31 millones de euros mientras los ingresos superarían los 400 millones de euros, según este mismo esquema.

En definitiva, ambas fuentes de ingresos aportarían 590 millones de euros más a las arcas públicas. De esta forma, la decisión de Hacienda supone una ganancia doble para el Estado, puesto que la cartera estimaba que el nuevo ajuste del mínimo exento supondría dejar de ingresar 1.500 millones de euros, según fuentes conocedoras de los debates llevado a cabo en el seno de la comisión del salario mínimo. Esto se debe a que el alcance de la política aplicada en todas las subidas anteriores no afecta solo a los perceptores del salario mínimo, sino a todos los trabajadores con salarios de hasta 22.000 euros brutos, por ser los que se benefician de la reducción de las retenciones por rendimientos del trabajo. Y este es precisamente el concepto sobre el que el Gobierno había aplicado los cambios al tiempo que elevaba el SMI para eximir a estos trabajadores del pago del IRPF.

El año pasado Hacienda estimó que 5,2 millones de contribuyentes se vieron beneficiados por el ajuste de este mínimo, lo que suponía un ahorro de 1.300 millones para los ciudadanos que dejaba de ingresar el Estado. No obstante, lo justificó en que el Gobierno mantenía una política fiscal que consistía en «aliviar las cargas tributarias de quienes menos ganan al tiempo que pide un mayor esfuerzo a los grandes patrimonios y a las multinacionales». Un año más tarde, argumenta que la mayor parte de los trabajadores que cobran el SMI no se verán afectados y que los que tendrán que pagar «pagará muchos menos impuestos que los que pagaría con el IRPF vigente en 2018 con el Partido Popular al frente del Gobierno.

Fuente: El Economista