El IEE alerta de un fuerte incremento de los impuestos a familias y empresas. «Hay que recuperar la sostenibilidad y la credibilidad de las finanzas públicas». 

La presión fiscal efectiva de las empresas -ajustada a la economía sumergida- en España es un 31% superior a la media de la Unión Europea (UE). Además, esta, con respecto a las compañías, considerando como tal la imposición a las empresas y las cotizaciones sociales a cargo de ellas frente al PIB, es, en España, sensiblemente superior a la del conjunto de los estados de la Unión Europea (UE).

Así lo destaca el informe de competitividad fiscal del Instituto de Estudios Económicos (IEE) presentado este lunes. «Estos resultados están afectados por el peso de la economía sumergida, que, como ya se vio, es superior en nuestro país», apunta el documento. En relación con el Impuesto sobre Sociedades, España presenta una presión fiscal normativa un 27,2% más elevada que la media de la UE, y un 22,2% superior al del promedio de la OCDE, produciendo un sensible empeoramiento frente a 2020, donde ocupaba la posición 28 de los 36 países analizados, mientras que en 2021 ha descendido hasta la posición 32 de un total de 37 países. Respecto a la imposición patrimonial la situación de España es aún peor; en este caso, nuestra la posición es un 40,8% peor que la de la UE, y un 38% menos competitiva que el promedio de la OCDE.

En cuanto a la imposición sobre la renta de las personas físicas, el informe señala que su efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social (cuña fiscal) fue, en España, del 39,3% en 2020, lo cual significa que el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60,7% del coste laboral. En relación con la cuña fiscal, nos situamos claramente por encima de la media de la OCDE, que es del 34,6%.

El presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, y el Director General, Gregorio Izquierdo, presentaron por tercer año consecutivo en España el informe elaborado por la Tax Foundation de Estados Unidos sobre el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) que pone en perspectiva la fiscalidad de los diferentes países de la OCDE midiendo la competitividad de sus respectivos sistemas tributarios. El IEE ha desarrollado, a partir del ICF un indicador denominado Indicador de presión fiscal normativa, entendida esta como la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtenga, y en 2021 dicho indicador para España se sitúa en 112,8 puntos, es decir, un 12,8% más elevada que la media de la UE, y también mayor que los 110,5 puntos del año 2020, donde soportaba una presión fiscal normativa un 10,5% superior a la del promedio de la UE. La situación de nuestro país es también un 12% peor a la del promedio de los países de la OCDE, que tiene 100,8 puntos.

Más impuestos

«En España, las medidas de incremento de los tributos a familias y empresas se quieren justificar en una pretendida diferencia de presión fiscal con la media de la UE, pero dicha subida ralentizaría la recuperación, deprimiendo la oferta productiva y el consumo, justo lo contrario de lo que necesitamos, y deteriorarían las expectativas de los agentes provocando una degradación de la confianza, que es el pilar fundamental sobre el que apoyar la recuperación», apuntó ayer Izquierdo durante la presentación.

Por su parte, Íñigo Fernández de Mesa argumentó que «hay que priorizar recuperar la credibilidad y sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, acometiendo nuestra gran reforma estructural pendiente, la de optimizar la eficiencia del gasto público, y nunca a través de subidas impositivas que comprometen el crecimiento y, por lo tanto, la consolidación presupuestaria ulterior».

Fuente: ElEconomista.es